La población residente de Eivissa ha mantenido históricamente una relación complicada con el ocio nocturno, especialmente cuando este discurre en los alrededores de sus viviendas. La zona de ocio de Platja d’en Bossa (en el municipio de Sant Josep) es una de las más turísticas de la isla, repleta de discotecas, beach clubs, salas de fiesta, bares y restaurantes. Esto, inevitablemente, ha generado tensiones entre los vecinos y vecinas de este núcleo, que en repetidas ocasiones han denunciado el ruido de los establecimientos de ocio, así como otras consecuencias no deseadas, tales como los botellones en las calles o en las playas, la venta de todo tipo de drogas o la prostitución.
El Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) emitió una sentencia el 25 de mayo que, en sus conclusiones, desestimó el recurso de apelación presentado por el Ajuntament de Sant Josep (Eivissa) contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo número 2 de Palma el 16 de septiembre de 2019, siendo partes codemandadas Fiesta Hotels & Resorts (Palladium Hotel Group), Space Beach Club, S.A. y la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Platja d’en Bossa, según avanzó Noudiari y ha podido confirmar elDiario.es.
Este fallo estimaba el recurso presentado por cinco vecinos del municipio, que solicitaban al Ajuntament el 20 de agosto de 2013 “reducir los niveles sonoros hasta los límites legales, precintar los equipos sonoros de las actividades no autorizadas y suspender las actividades al aire libre”. Asimismo, el fallo declaraba “la obligación de la Administración de tramitar dicha solicitud de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido”, con imposición de costas procesales generadas por la parte recurrente a la parte demandada, fijada en una cantidad superior a los 30.000 euros. Ahora el TSJIB ha vuelto a dar la razón a los vecinos.
Según se recoge en la primera sentencia, los vecinos explican que el Ajuntament de Sant Josep “siempre ha tramitado procedimientos de denuncia sin adoptar medidas provisionales eficaces”, ni en relación al nivel de ruidos, “acreditado como muy excesivo por los vecinos”, ni en relación con los horarios de apertura de los establecimientos y las actividades de música al aire libre. Aseguran que, año tras año, se realizan denuncias en el mes de junio que no se tramitan hasta septiembre (por parte del Ajuntament), o que los locales de ocio no se precintan hasta entonces, cuando termina la temporada alta.
El artículo 29 de la Ley 29/1998, de 13 de julio contempla que si en el plazo de tres meses (desde la fecha de la reclamación) la Administración “no hubiera dado cumplimiento a lo solicitado o no hubiera llegado a un acuerdo con los interesados, estos pueden deducir recurso Contencioso–Administrativo contra la inactividad de la Administración”. Dicho recurso se interpuso un día después de que finalizara el plazo.
Por este motivo, explica la sentencia, el tribunal se pronuncia sobre si ha habido inactividad o no por parte de la Administración, no sobre la realidad de los ruidos o las molestias causadas a los vecinos. Del mismo modo, queda inadmitido el recurso que pedía la parte demandada. Para concluir que existe inactividad administrativa y que “se debe estimar la demanda interpuesta”, los magistrados exponen que el Ajuntament, a fecha de enero de 2018 (cuando se formaliza el trámite de conclusiones), “no se han aportado datos de la terminación de algún expediente sancionador, ni de la adopción de medidas o sanciones” de las denuncias interpuestas en el año 2013.
En la sentencia del TSJIB, el Consistorio aportó una serie de expedientes sancionadores contra empresas de la zona de ocio de Platja d’en Bossa (Sant Josep), tramitados algunos de ellos específicamente durante el año 2013. En dichas actuaciones, según el Ajuntament, también se habrían realizado sonometrías para medir los niveles de ruido. “Fueron realizados en domicilio particular y a petición del interesado, poniéndose una vez más en evidencia que el Ajuntament atendió las reclamaciones y denuncias de los interesados”, recoge la sentencia.
“Se han adoptado medidas cautelares y se ha ordenado el precinto de equipos, como consta en los expedientes relacionados, ahora bien, todo esto no puede llevarse a cabo de manera indiscriminada, sino de acuerdo a las normas y principios del procedimiento sancionador regulado en la fecha a la cual se refieren los hechos (Real Decreto 1398/1993, que regula el ejercicio de la potestad sancionadora municipal)”, expone el documento.
Estos argumentos, no obstante, son rechazados por los vecinos, lo cual es reconocido por la sentencia, motivo por el que el fallo es favorable a los demandantes. Una de las afectadas explica –según consta en la denuncia– que los ruidos se escuchan a unos tres kilómetros de la zona de ocio; otra rechaza que se hayan llevado a cabo pruebas sonométricas en su domicilio y asegura que, desde el 2014, estas pruebas se las financia ella; otro vecino aportó que los ruidos se escuchan desde 2011 (en referencia al año en que se fundó la discoteca Ushuaïa del Hotel Palladium Group, propiedad de Abel Matutes Juan –otrora ministro de Asuntos Exteriores del primer ejecutivo de José María Aznar–) y que “desde entonces han ido en aumento”.
En una medición realizada en mayo de 2013 por la empresa Ingeniería García-Calderón (asesoría acústica con sede en Madrid) en una vivienda del edificio Residencial Bosamar (a menos de 150 metros de Ushuaïa y Space –ahora Hï–), en la que se instalaron dos equipos (uno en el interior y otro en el exterior de una vivienda), los niveles en el interior fueron de 54 decibelios (88 decibelios en el exterior), “cuando el límite para el periodo nocturno es de 25 decibelios”, según el informe.
Estas mediciones fueron llevadas a cabo, durante el mismo mes y por la misma empresa, en el exterior de establecimientos de ocio como Kyobe (71,3 decibelios), Zanzibar (81,5 decibelios), Mamoa (78 decibelios), Ibiza Tantra (80 decibelios), Ibiza Delano Beach (71,9 decibelios), Bora Bora (77,5 decibelios), Murphis Ibiza (87,5 decibelios), Picaro Sanwich (79 decibelios) y Joy (88,1 decibelios). El 15 de junio de 2013 se llevaron a cabo mediciones en los exteriores del Hotel Tarida Playa que arrojaron un diagnóstico de 65 decibelios; un día después, tuvieron lugar fuera de la discoteca Sankeys, con un resultado de 70 decibelios. Los valores máximos del ruido permitido en el exterior se sitúan en 55 decibelios en horario de día (de 08:00 a 20:00 horas) y tarde (de 20:00 a 23:00 horas) y 45 en horario nocturno (23:00 a 08:00 horas), según consta en la ordenanza reguladora del ruido y las vibraciones del Ajuntament de Sant Josep para el uso residencial.
“En definitiva, viene suficientemente adverado y acreditado el exceso de los ruidos. Ruidos medidos por distintas empresas y técnicos municipales: las nueve mediciones exceden con mucho los niveles máximos permitidos”, sentencia el TSJIB. “Es de lamentar el peregrinaje administrativo y judicial al que una mala actuación municipal ha comportado para los afectados. Ahora nos encontramos en el año 2022 y tampoco hay constancia documentada de que los expedientes sancionadores de 2013 hayan concluido de alguna manera ni que se hayan adoptado medidas o sanciones”, concluye el alto tribunal balear.
La Asociación de Empresarios y Comerciantes de Platja d’en Bossa explicó el 8 de julio, en una nota de prensa, que las circunstancias respecto al ruido han cambiado en esta zona de ocio, ya que el procedimiento se plantea por primera vez en 2014. Del mismo modo, pusieron en valor haber realizado “grandes cambios que afectan a la modernización de los establecimientos”. Los locales adheridos a la asociación aseguraron cumplir con la normativa municipal de ruidos e indicaron que cuentan con estudios acústicos y limitadores exigidos por la norma. Los empresarios defienden que su intención es que Platja d’en Bossa sea un “referente” en cuanto a la convivencia entre turistas y vecinos.
El Ajuntament de Sant Josep (gobernado en coalición por el PSOE y Unides Podem) lamentó el 15 de junio “el sufrimiento de los vecinos del municipio y de otros lugares de la isla causado por la inacción del equipo de gobierno de 2013 (PP y Nov–A)”, en referencia a la contaminación acústica de determinados locales de Platja d’en Bossa. “Lo más grave es que esta medida (reducir los niveles sonoros ‘hasta los límites legales’ y pedir medidas cautelares como el precinto de los equipos de música) estaba prevista en las ordenanzas, pero los responsables del PP y Nov-A nunca las quisieron aplicar, ellos tendrán que explicar por qué”, explicó el alcalde, Ángel Luis Guerrero, en un comunicado de prensa.
“Cuando estábamos gobernando, fuimos los primeros en aprobar una normativa contra el ruido (el PP gobernó con Nov–A del 7 de diciembre de 2011 al 13 de junio de 2015)”, explica a elDiario.es Javier Marí, portavoz del PP de Sant Josep, que devuelve la pelota al equipo de gobierno actual por no explicar “qué ha pasado con todos los expedientes sancionadores que se abrieron en su momento”, en referencia al periodo en el que gobernaron.
El 25 de julio, también en una nota de prensa, el Consistorio informaba de que había precintado los equipos de música de 22 locales a raíz de los incumplimientos de la normativa de ruidos durante este año, después de haber realizado 42 inspecciones. Entre ellos se encontraba la discoteca DC-10, según publicaron Periódico de Ibiza y Formentera y Diario de Ibiza. La discoteca no pudo abrir la noche anterior para acoger la fiesta del DJ Carl Cox, “por circunstancias fuera de nuestro control”, explicaron en un comunicado en Instagram.
La Policía Local de Sant Josep ha atendido este año un total de 143 quejas “por exceso de ruidos” vinculados a establecimientos del municipio. De estas denuncias, 43 han derivado en expedientes de infracción contra los responsables. Es en la franja horaria de entre las 10 de la noche y la una de la madrugada cuando más quejas se realizan, especialmente el fin de semana. En estos casos, el exceso de ruido y otras infracciones de las ordenanzas, como no disponer de limitador acústico, puede comportar multas que van desde los 600 a los 300.000 euros, asegura el Consistorio.
Durante el último mes, del 26 de julio al 23 de agosto, el Ajuntament ha precintado 15 locales más, después de haber recibido 56 denuncias por diferentes incumplimientos, explican fuentes municipales a elDiario.es. Este verano, el Consistorio ha vuelto a recibir mayoritariamente quejas, desde los negocios legalmente constituidos, sobre el ruido que se produce en casas privadas, “una tendencia que se había detectado antes de la pandemia y que se ha mantenido después”. Es una casuística diversa porque los ruidos se pueden deber a obras que se llevan a cabo en horarios no permitidos en las ordenanzas, a fiestas (que causan molestia, haya o no ánimo de lucro) o a otros motivos. De las más de 800 denuncias que ha recibido el Ajuntament relacionadas con los ruidos, casi 600 tienen su origen en domicilios privados, mientras que unas 200 se refieren a actividades en negocios, apuntan las mismas fuentes.
El Consistorio explica que ha detectado “una tendencia a la baja” respecto a las denuncias que reciben por ruidos, tanto procedentes de establecimientos como de casas particulares. En lo que se refiere a la zona de Platja d’en Bossa, de las casi 40 denuncias que han recibido, una veintena son de la misma persona, afirman. “Por eso decimos que la situación, a día de hoy, no tiene nada que ver con la que había hace unos años”, insisten. “Se está actuando y hay mayor colaboración por parte de los mismos negocios porque quieren hacer las cosas bien”.
En lo que se refiere al precinto de la discoteca DC–10, explican que la actuación se llevó a cabo porque había diferentes incumplimientos. Estas deficiencias fueron subsanadas, motivo por el que se levantaron los precintos cautelares, lo cual es independiente de la tramitación de las denuncias interpuestas por las infracciones cometidas. “Si cumplen con la normativa, respetan los limitadores de sonido y la instalación está correctamente certificada pueden reanudar la actividad, independientemente de los trámites que se hagan por la denuncia”, añaden desde el Ajuntament.
Para continuar documentando la situación que viven, uno de los vecinos afectados encargó un informe de 43 páginas titulado “Evaluación del ruido en el ambiente exterior producido por la actividad desarrollada en ‘Ushuaïa’ Ibiza Beach Hotel, en el municipio de Sant Josep de sa Talaia, en la isla de Ibiza”, encargado a Eugenio García–Calderón Montejo, ingeniero técnico de telecomunicación, de la empresa Ingeniería Acústica García Calderón. Este informe, finalizado el 22 de julio de 2022 y al que ha tenido acceso este periódico, documenta las mediciones que la empresa de ingeniería acústica llevó a cabo durante el periodo de tarde y noche de los días 8 y 9 de julio, “conforme a los criterios del Real Decreto 1367/2007 de desarrollo de la ley 37/2003 del ruido y la Ley 1/2007, de 16 de marzo, contra la contaminación acústica de las Illes Balears”.
En los cinco ensayos realizados, el primero en un aparcamiento dentro del complejo residencial más cercano de la discoteca (complejo de uso residencial, especifica el informe) y los otros cuatro en la fachada del edificio residencial Bossa Nova, no se cumplía con la normativa del ruido contemplada en el Real Decreto 1367/2007, ni en horario de tarde ni en horario de noche, según el informe. En el primer ensayo, el nivel evaluado estuvo en 76 decibelios; en el segundo, en 86 decibelios; en el tercero, en 85 decibelios; en el cuarto, en 78 decibelios y en el quinto en 77 decibelios (todos ellos con un margen de error, arriba o abajo, de dos decibelios, incluye el estudio). Cabe recordar que los límites en zona residencial, para el índice evaluado (Lkeg,T), son 55+5 decibelios en horario de día (de 08:00 a 20:00 horas) y de tarde (de 20:00 a 23:00 horas) y de 45+5 decibelios en el horario nocturno (de 23:00 a 08:00 horas). García–Calderón insiste en señalar que estos niveles de ruido superan también los límites en zona industrial, que son de 65+5 decibelios durante el día y la tarde y de 55+5 decibelios durante la noche.
“El Ajuntament de Sant Josep mira para otro lado, no quiere actuar en Ushuaïa. Es un caso único en España. No he visto nada igual en ningún otro lado. Es decir, que una actividad de pública concurrencia, desde mayo hasta octubre, esté incumpliendo sistemáticamente los niveles de ruido, lo saben, miran para otro lado y no actúan (cuando tienen la obligación de hacerlo)”, explica a elDiario.es García Calderón, ingeniero técnico de telecomunicación y autor del informe.
El Ajuntament de Sant Josep mira para otro lado, no quiere actuar en Ushuaïa. Es un caso único en España. No he visto nada igual en ningún otro lado
Por su experiencia como perito judicial, asegura haber comprobado “cómo expertos abogados, especialistas en defensa contra el ruido, pueden demostrar que el flagrante y sistemático incumplimiento de la Ley del Ruido podría acarrear la comisión de delitos como: delito ambiental, atentando contra la intimidad de las personas e inviolabilidad del domicilio, daños contra la salud de las personas, entre otros”. Por eso, señala que si el Ajuntament no actúa para que cese la superación de los niveles límites, “se encontraría dentro de la comisión de esos delitos como colaborador necesario de los mismos”. García Calderón afirma que “prima el derecho al descanso” a la realización de una actividad y que hay jurisprudencia sobre ello. “Si yo tengo 80 decibelios en el exterior de mi casa no puede ser, porque eso me impide el descanso. Tienen que cesar esos 80 decibelios automáticamente, no hay otra opción”, añade.
José Luis Benítez, director de Relaciones Institucionales de Palladium Group Hotel, rechaza de plano estas acusaciones. “La sentencia habla de la inacción del Ajuntament durante los años 2011 y 2012, según las denuncias de vecinos. No hablaba solo de denuncias contra Ushuaïa, como punto curioso, el local más denunciado era Space”, explica a elDiario.es. En ese momento, la discoteca Space estaba alquilada al empresario Pepe Roselló. La temporada turística de 2016 fue la última en que Space (ahora Hï) estuvo abierta, ya que los terrenos forman parte del Grupo Matutes, que decidió no renovar dicho alquiler.
Benítez considera que las cosas han cambiado muchísimo desde entonces. En el caso de Ushuaïa pone en valor las inversiones que se han hecho para modernizar las instalaciones. Según su versión, solo les constan “denuncias reiteradas de un vecino”, que vive “a más de dos kilómetros”. “Es representante de un nuevo partido político. Curiosamente, las elecciones están a la vuelta de la esquina”, argumenta. “Claro que el descanso de los vecinos es sagrado”, concluye.
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