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El PP defiende el premio otorgado a la empresa que gestionaba un líder de Vox investigada por denuncias laborales

El lema de Terracor: "Agricultura de aquí, de el día".

Esther Ballesteros

Mallorca —
31 de enero de 2025 11:40 h

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El grupo municipal del PP ha defendido la reciente concesión del Premi Ciutat de Palma de Gastronomía por parte del Ajuntament de la capital balear, gobernado por los populares y Vox, a la empresa agrícola Terracor, de la que fue socio el secretario general de la formación ultra en Balears, a pesar de que su inspección por presuntas irregularidades laborales sigue abierta. El pasado mes de agosto elDiario.es reveló las condiciones de hacinamiento en las que decían vivir algunos de sus temporeros, así como sus jornadas laborales de hasta 17 horas.

Durante su intervención anoche en el pleno celebrado en el Consistorio, el teniente de alcalde del Área de Turismo, Innovación, Cultura, Deportes, Restauración y Coordinación Municipal, Javier Bonet, apeló a la experiencia del jurado que eligió a la mercantil y que, según el regidor, “tiene el curriculum suficiente para ser jurado”. “Me han pedido que retire el premio, pero no hemos recibido nada a través del registro porque estamos en las cosas importantes”, comenzó señalando, para después recriminar que “se esté poniendo en duda la decisión del prejurado y del jurado” que intervinieron en la convocatoria.

Su intervención fue precedida por la del regidor y coordinador de Més per Palma, Miquel Àngel Contreras, quien recordó las pésimas condiciones en las que, tal y como publicó este medio el pasado mes de agosto, denuncian trabajar varios empleados de Terracor. Agunos aseguraron que, pese a estar contratados por ocho horas diarias, lo “normal” era que trabajaran doce. Es más, en el cuadrante de algunos meses figuraban jornadas de 13, 14 e incluso 17 horas al día sin que las nóminas reflejaran horas extra remuneradas. Además, los temporeros eran alojados en módulos prefabricados que compartían hasta tres personas y en habitaciones en una casa destartalada a las afueras de Manacor cuya única ventilación era la propia puerta de entrada, según pudo constatar este diario.

Tras la publicación del reportaje, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones decidió actuar a través de su Secretaría de Estado de Migraciones. En coordinación con la Delegación del Gobierno en Balears localizó la empresa, abrió una investigación e inspeccionó sus instalaciones. Una intervención que se producía, justamente, porque gran parte de los afectados había llegado para trabajar en Mallorca amparados por la orden del Ministerio que regula la gestión colectiva de contrataciones en origen, y uno de cuyos requerimientos es la “puesta a disposición del trabajador de un alojamiento adecuado”.

Lo cierto es que, aunque aún no se haya remitido el informe final -la inspección sigue abierta, aunque ya se han dado por finalizadas las actuaciones-, la investigación ya podría haber tenido consecuencias para la plantilla. Por un lado porque, según denunciaron algunos trabajadores, se les intentó coaccionar sobre qué tenían que responder en caso de que se repitieran las visitas de los inspectores. “Si te preguntan, tú di que trabajas ocho horas”, les dijeron, siempre según su versión. Por otro lado, los temporeros que residían en las instalaciones inspeccionadas pasaron automáticamente a trabajar un máximo de ocho horas diarias, aunque vieron reducido su sueldo en un porcentaje importante, también según la palabra de los afectados.

Como recordó Contreras, otro temporero ha interpuesto otra denuncia en la Policía Nacional por acoso laboral y por llevar a cabo jornadas de hasta 60 horas semanales, por lo que “deberá abrirse una nueva investigación”. “Debemos recordar también que estas denuncias apuntan a que durante el período que se produjeron estos hechos, uno de los socios del conglomerado era Toni Gili, secretario general de Vox en Balears y conseller en el Consell de Mallorca. La relación de esta empresa con una figura política destacada de este partido pone en evidencia la connivencia entre los sectores políticos y económicos que sostienen un modelo laboral basado en la explotación”.

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