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Una historia de constancia y perseverancia. Así define el Grupo de Ornitología Balear (GOB), una de las principales entidades conservacionistas de las islas, la demolición, tras 19 años de batalla judicial, de doce apartamentos de lujo edificados en Cala Llamp, una de las zonas costeras de Mallorca más afectadas por la destrucción. Erigida hoy en símbolo de la lucha por la protección del territorio y contra la corrupción urbanística, Cala Llamp es testigo estas semanas de la intervención de operarios y excavadoras en un lugar cuya devastación parecía no tener fin. La legalidad urbanística vuelve a quedar restablecida allí donde nunca se debió construir.
Cala Llamp no se encuentra en un núcleo municipal cualquiera. Se trata de una de las zonas más codiciadas de Andratx, localidad situada al suroeste de la isla de Mallorca que, en plena vorágine inmobiliaria, principalmente en la zona costera de la isla, fue escenario, en 2006, del primer gran golpe contra la corrupción en Balears. En la actualidad, varios chalets se ofrecen a golpe de talonario en Cala Llamp. Uno de ellos, de 691 metros cuadrados y en venta por 12,8 millones de euros, se anuncia en uno de los “más elitistas” lugares en Mallorca: “El encantador puerto y la marina con su famoso paseo lleno de nobles restaurantes, bares y tiendas obligan a detenerse”. En las proximidades, el “preciado” campo de golf de Andratx y “la hermosa playa de arena en Camp de Mar”, a la que “se llega en solo cinco minutos en coche”.
El boom de la construcción hizo mella en Andratx, pero especialmente en Cala Llamp, donde hasta hace apenas unas semanas sobrevivían las doce viviendas ilegales que ahora se están demoliendo para tragedia de sus ricos moradores. Entre ellos se encuentra el británico Lee Pendleton, quien, en sendas entrevistas concedidas a TheTelegraph y The Daily Mail, aseguró estar viviendo un “terrible desastre” ante el derribo de su apartamento de 1,6 millones de euros: “Es desgarrador”. Los desperfectos que comenzaron a aparecer desde el principio –compró la vivienda en 2007– fueron convirtiéndose en sospechas de irregularidad urbanística, que han derivado finalmente en una orden judicial de demolición de todo el edificio.
Los dos bloques afectados fueron construidos al abrigo de una licencia urbanística otorgada en verano de 2005 por Eugenio Hidalgo (PP) –ya entonces alcalde de Andratx– a la empresa Marmacén Sol S.L. La autorización, sin embargo, fue anulada por un Juzgado de lo Contencioso–Administrativo en mayo del 2009. El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) confirmaría esta resolución en octubre de 2011. La sentencia aseveraba que la construcción había nacido de un cohecho que el promotor, Manuel Zapata, pagó a Hidalgo y al entonces celador municipal, Jaime Gibert. Durante la instrucción de la causa, Zapata admitió que había abonado a ambos un soborno de 60.000 euros.
Negociaciones y tratos de favor
Tanto el ex primer edil como el constructor reconocieron los hechos y fueron condenados a penas mínimas frente a los ocho y cinco años que, respectivamente, la Fiscalía solicitaba para ambos. La sentencia apuntaba a las negociaciones y tratos de favor que Hidalgo llevó a cabo para beneficiar Marmacén Sol así como a Zapata, con el objetivo de otorgarle la licencia de obras dirigida a construir edificios plurifamiliares “a sabiendas” de que los terrenos “no eran urbanos y sobre los cuales no se podía ejecutar acto edificatorio alguno en julio del año 2005”. La máxima instancia judicial de las islas recordaba que “incluso se llegaron a hacer desaparecer actuaciones posteriores que avalaban la nulidad de la licencia”.
Desde que los apartamentos comenzaran a ser edificados hasta su definitivo derribo han pasado 19 años, “un tiempo demasiado largo”, en palabras del GOB, que “pone en evidencia la dificultad que tiene la acción pública” para hacer que las instituciones y la Justicia “actúen de forma diligente, rápida y contundente contra la indisciplina y la corrupción urbanística, incluso, en casos tan claros como este”.
La lucha continúa
La entidad celebra que la demolición de estos bloques se ha convertido en otro “símbolo” de la lucha en defensa del territorio, como ya lo fueron ses Covetes y Llucalcari. En 2013, la Justicia puso fin a uno de los embates territoriales que más repercusión han generado en Mallorca, el relativo a la construcción de hasta 68 apartamentos, una piscina y un restaurante ilegales en Ses Covetes, en el extremo de la playa virgen de Es Trenc (Mallorca). La licencia fue concedida de forma irregular en abril de 1992.
Pese a las sucesivas resoluciones judiciales dictadas por el TSJIB, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo en pro de la demolición de estas edificaciones, los promotores hicieron caso omiso a las mismas en una de las batallas judiciales más largas que se recuerdan (casi dos décadas en manos de los tribunales), mientras el PP, al frente del Ajuntament de Campos, promovía la reforma de las normas subsidiarias del municipio para declarar urbanizables los terrenos en uno de sus múltiples intentos por mantener en pie las construcciones ilegales.
Los ecologistas, sin embargo, aseveran que el restablecimiento de la legalidad urbanística en Andratx no acaba en Cala Llamp. Tal como denuncian, en Monport aún continúan en pie 50 viviendas con sus piscinas, aparcamientos y servicios urbanísticos ilegales –cuya licencia también otorgó Hidalgo– en una zona protegida desde el año 1991. Desde el GOB recuerdan que en agosto de 2021 se publicó en el Boletín Oficial de Balears (BOIB) el convenio con el que el Ajuntament de Andratx encomendaba al Govern la redacción del proyecto de demolición de las edificaciones existentes. Sin embargo, lamentan que el Consell de Mallorca, que en 2017 exigió el derribo de los inmuebles, no ha vuelto a insistir en la ejecución del restablecimiento de la legalidad. “Falta preguntar ahora al Ajuntament cuál será el siguiente paso”, sentencian.
Cala Llamp, máximo exponente del urbanismo salvaje
Cala Llamp protagonizó su propia causa de corrupción, el 'caso Relámpago', que investigó la evasión de impuestos a través de paraísos fiscales, operaciones de blanqueo de capitales y dobles ventas de solares urbanizables. Dividido en una decena de piezas separadas, este procedimiento judicial permitió a las Administraciones estatal y autonómica recuperar más de 14,5 millones de euros del dinero defraudado a Hacienda, a los que se suman el millón de euros que un contribuyente regularizó en el marco del caso, así como dos millones recaudados por las autoridades británicas a raíz de las condenas contra varios ingleses implicados en la trama.
Cala Llamp protagonizó su propia causa de corrupción, el 'caso Relámpago', que investigó la evasión de impuestos a través de paraísos fiscales, operaciones de blanqueo de capitales y dobles ventas de solares urbanizables
La Fiscalía Anticorrupción activó esta causa en 2007 a raíz de un entramado millonario de fraude fiscal urdido por el bufete de abogados Feliu, epicentro de las investigaciones, con el objetivo de estafar a través de las ventas sucesivas de los mismos terrenos. De acuerdo a las sentencias derivadas del caso, el entramado utilizó paraísos fiscales, cuentas en el extranjero y múltiples sociedades pantalla para encubrir el movimiento de millones de euros en negro y eludir los correspondientes pagos al fisco. Solo en uno de los flecos del procedimiento, que derivó en un acuerdo de conformidad entre las acusaciones, el adinerado matrimonio británico formado por Christian y Martha Monica Hore y el abogado Alejandro Feliu, supuso la restitución de 10,6 millones de euros a la Agencia Tributaria.
Ana Torroja, condenada por evasión de impuestos
La cantante Ana Torroja, ex integrante de Mecano, fue también condenada en la causa Relámpago al pago de 1,4 millones de euros a Hacienda tras alcanzar un acuerdo con el que evitar la prisión así como su exposición pública a raíz de un proceso en el que reconoció que había defraudado 796.410 euros en impuestos –frente a los dos millones que estimaban las acusaciones–. Para ello, la exvocalista utilizó una estructura societaria distribuida en Panamá, Antillas Holandesas, Países Bajos y España, de la que se sirvió para simular que residía en Reino Unido y no tributar el IRPF. La Fiscalía, sin embargo, retiró sus cargos contra el abogado Gabriel Feliu, quien la había asesorado en la compra de un lujoso chalet en Camp de Mar (Andratx). Lola Flores, Camilo Sesto, Isabel Pantoja o Lolita son algunos de los músicos a los que se sumó Torroja por eludir sus responsabilidades con la Agencia Tributaria.
Varios foros en Internet llegaron a remitir al Bufete Feliu “para la fundación de compañías en el extranjero u offshore, oficinas, servicios y profesionales, cuentas bancarias así como tarjetas de crédito en el extranjero”. Las investigaciones llegaron a relacionar este despacho mallorquín, que asesoraba sus clientes en opulentas operaciones económicas, con hasta 816 sociedades con unos activos declarados por importe de 307 millones de euros.
El gran golpe contra la corrupción urbanística
Las investigaciones del 'caso Relámpago' transcurrieron en paralelo al caso Andratx, cuyas primeras pesquisas parecían limitarse a escasas licencias otorgadas de forma ilegal, pero que acabaría erigiéndose en el paradigma de la corrupción urbanística en las islas. El procedimiento judicial llegó a desgajarse en 79 piezas separadas y a sumar más de 140 imputados entre ex altos cargos del PP, promotores, arquitectos y funcionarios. Y, de por medio, varios testaferros.
Los hechos llevaron a la detención, entre otros numerosos cargos, del entonces alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo (PP), quien ese mismo día –27 de noviembre de 2006– se autoproclamaba “preso político” al apuntar que todo era un “montaje” contra él. Mientras, Jaume Matas (PP), entonces presidente del Govern, aseguraba ser el “primer sorprendido” por los hechos en una rueda de prensa que ofreció para defender su honorabilidad y la de su gobierno y alzarse en defensor de las instituciones. Con el urbanismo salvaje de Andratx, muchos vieron engrosar su patrimonio con cantidades de siete cifras, paraísos fiscales mediante, mientras otros hacían la vista gorda.
En el sumario también salieron a relucir nombres como el de la biógrafa del rey Juan Carlos I, Selina Scott, por la construcción supuestamente irregular de una piscina en su residencia estival mallorquina –las investigaciones fueron finalmente archivadas–, así como el de Florentino Pérez como propietario de una mansión de lujo valorada en 25 millones de euros. Si bien una pericial determinó la existencia de indicios de delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio en la construcción de una piscina de 200 metros cuadrados, gimnasios y vestuarios anexos a la vivienda del empresario, este nunca llegó a ser imputado y las pesquisas terminarían finalmente sobreseídas por prescripción.