El Servicio de Salud de Balears (IbSalut) emitió en 2020 un certificado de conformidad con el pedido de mascarillas a la empresa clave del 'caso Koldo', a pesar de que ya había recibido, dos meses antes, los resultados de los análisis constatando que el material no cumplía con los requisitos de una mascarilla FFP2.
Esta certificación se hizo el 12 de agosto de 2020 a solicitud de la empresa, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, y la firma un subdirector de Compras y Logísticas, según ha informado en una rueda de prensa el actual director del IbSalut, Javier Ureña.
Ureña ha aclarado que es habitual que las empresas soliciten este tipo de certificados para poder presentarlos al concurrir a otras contrataciones públicas. El documento acredita que, para el IbSalut, el contrato se había ejecutado “correcta y satisfactoriamente”.
Sin embargo, ya el 8 de junio de 2020 el centro estatal que analizaba el material había emitido un informe concluyendo que las mascarillas no cumplían los requisitos de una mascarilla FFP2, que era la que estaba contratada. El material continúa a día de hoy almacenado en el hospital de Son Dureta, ya caducado y sin utilizar.
Para los actuales responsables del IbSalut, ese certificado de agosto “hace que sea complicado que prospere” la reclamación de 2,6 millones de euros a la empresa, cantidad fundamentada en la diferencia de precio con una mascarilla quirúrgica (las que llegaron). De hecho, la empresa esgrimió ese documento en las alegaciones presentadas en noviembre, además de protestar por que la administración le reclame la resolución de un contrato ejecutado tres años antes.
Fuentes del PSOE aseguran a elDiario.es que, cuando llegaron las mascarillas, se percataron que eran quirúrgicas (no FPP2) y que, por voluntad propia, pidieron un análisis que certificó que, efectivamente, eran de peor calidad a las contratadas. Sin embargo, comentan que han sido la única administración que ha pedido este análisis y que las otras directamente han optado por usar el material, aunque fuera de peor calidad. “Son las mismas mascarillas y venían en el mismo avión que el pedido del Estado y estaban certificadas en origen por la multinacional de certificación SGS, que acreditaba que llegaba lo pedido”, añaden.
Caducidad de la reclamación
Por otro lado, el Govern ha negado que la reclamación -iniciada formalmente, asegura, en agosto de 2023- haya caducado, ya que según sus cálculos el plazo continuaría vigente hasta abril. Para ellos, el plazo es de ocho meses. Esta interpretación del Ejecutivo va en contra de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que adelanta el Diario de Mallorca y de los cálculos del juez instructor, según el cual el procedimiento tenía como fecha límite de caducidad el 18 de enero de 2024, cuando Prohens ya era presidenta balear.
No obstante, tanto Ureña como la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Maria Estarellas, han insistido en que este expediente en particular no condiciona su capacidad para reclamar los fondos. De hecho, el Govern tiene previsto reclamar no sólo los 2,6 millones de euros por la diferencia de precio, sino el total del importe del contrato, 3,7 millones, y planea “agotar todas las vías” que sean necesarias para ello. En este sentido, Estarellas ha anunciado que ya se ha formalizado la personación del Govern ante la Audiencia Nacional.
Traspaso de poderes
Ureña también afirmado este miércoles en una rueda de prensa que el anterior equipo (el que operaba bajo la presidencia de Francina Armengol) no comunicó a los gestores entrantes del Govern del PP que la Fiscalía Anticorrupción investigaba el contrato de 3,7 millones de euros con la empresa clave en el caso Koldo.
Desde el PSOE aseguran a elDiario.es que este extremo “es falso” y que “se informó [del caso] en el traspaso de poderes”. “Algunos de los cargos que estaban en el Servicio de Salud en Gestión, por ejemplo, la jefa de servicio de proveedores y tesorería del IbSalut, está hoy de directora general del Tesoro del PP. Si lo dejaron caducar es por pura negligencia”, añaden.
Ureña, que ha exhibido el voluminoso tomo del traspaso de competencias, ha dicho que en él no se hace ninguna mención específica a esta investigación a pesar de que el Govern ya tenía constancia de ella desde 2022. Según su versión, fue en julio de 2022 cuando la Fiscalía comunicó las diligencias de investigación al Govern y solicitó toda la documentación, para lo cual efectivos de la Guardia Civil visitaron en persona el IbSalut. El 19 de julio se entregó lo solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO), en papel y en un pendrive, ha dicho Ureña.
El director del IBSalut ha resaltado que, a partir de esa fecha, no consta “ninguna actuación más” por parte del Govern hasta el apercibimiento, ya en marzo de 2023, con el que su predecesor, Manuel Palomino, anunciaba a la empresa medidas porque las mascarillas no cumplían con las características esperadas. Ureña interpreta que ese escrito tiene un valor puramente comunicativo sin efectos jurídicos como reclamación -sin embargo, el PSOE sostiene que ese documento de marzo de 2023 iniciaba ya el procedimiento-.
“Me llama poderosamente la atención que la Guardia Civil se persone en 2022 y los meses siguientes no hayamos podido detectar ningún movimiento al respecto hasta marzo del año siguiente”, ha recalcado Ureña. Tampoco consta que el IbSalut diera aviso a la Abogacía de la Comunidad por la visita de la Guardia Civil, ha dicho Ureña.