El Tribunal Territorial Militar Segundo, con sede en Sevilla, ha continuado este miércoles el juicio por la muerte por un disparo de fusil de un legionario mallorquín de 21 años, Alejandro Jiménez, durante un ejercicio de la brigada de la Legión con base en Almería, desarrollado en marzo de 2019 en el campo de maniobras de Agost (Alicante). En el banquillo se sientan ocho militares, si bien el Ministerio Publico acusa tan solo a dos tenientes, un capitán y un sargento.
Tras el comienzo este pasado martes del juicio, con la comparecencia del sargento de la Brigada de la Legión Saúl Antonio Guil, a quien el Ministerio Público atribuye la autoría del disparo mortal y reclama siete años, cinco meses y 15 días de prisión, la sesión de este miércoles ha comenzado con la declaración del teniente R. Gascón, también acusado en el juicio, por su supuesta participación en los hechos y también por la presunta “alteración del escenario” del incidente.
Todo aconteció en unas maniobras desarrolladas el 25 de marzo de 2019 en el campo de tiro de Agost, donde el pelotón que comandaba el sargento de la Brigada de la Legión Saúl Antonio Guil acometió un ejercicio de asalto a un merlón con cuatro blancos.
Sin instrucciones previas
Según la Fiscalía, tras culminar el ejercicio programado, el sargento gritó “enemigo al frente, al faldón de la montaña, en claro blanco a las doce, sin que dicha orden estuviese prevista previamente en la programación del ejercicio, ni se hubiese puesto en conocimiento del pelotón”, ejecutando ese nuevo objetivo “subiendo el binomio más adelantado a la cresta del merlón, abriendo fuego desde la posición cuerpo a tierra”.
En ese contexto, y de acuerdo al relato de la acusación pública, uno de los disparos efectuados por el sargento “cuando se encontraba en pie, desde el merlón y a una distancia de unos 12,5 metros orientado a la posición” del legionario fallecido, Alejandro Jiménez, impactó sobre el mismo, “quien se encontraba en ese momento situado el primero por el flanco izquierdo en posición de rodilla en tierra, con su fusil orientado al suelo”.
El proyectil alcanzó el culatín del fusil de la víctima, “desestabilizándose y sufriendo un volteo, que sin embargo no alteró su dirección, impactando a continuación en su cuerpo”, ocasionándole una herida fatal “por orificio de bala en hemitórax derecho”.
Un ejercicio “improvisado”
En ese sentido, el sargento acusado en el juicio reconoció que, como “jefe del pelotón”, promovió de “improviso” el “segundo objetivo” una vez culminado el asalto inicial al merlón, precisando que aunque sí efectuó disparos en la primera maniobra de asalto, en ningún momento hizo “fuego al segundo enemigo” fijado por él mismo.
En ese marco, manifestó ser consciente de los informes periciales según los cuales el proyectil que alcanzó al legionario fallecido procedía del fusil que él usaba y que en el merlón asaltado fueron localizados siete casquillos de proyectiles disparados con dicha arma que él portaba. Esos informes periciales, según su opinión, son “totalmente erróneos”.
Según sus palabras, en ningún momento pensó que él pudiese ser el autor del disparo que había alcanzado al efectivo, alegando que, “sin ser experto en balística”, a su entender el impacto recibido por el soldado fallecido derivaría de “un rebote” de una bala. “Es la única solución balística”, señalaba, exponiendo que a esa misma conclusión llegaron el capitán A. Cabello, acusado igualmente en esta causa junto con el teniente R. Gascón y con el otro teniente identificado como P.F.
Corrobora la tesis del “rebote”
Al respecto, el teniente R. Gascón, responsable del pelotón que operaba junto al que comandaba el sargento Guil, en el sector derecho del campo de maniobra, ha corroborado que tras “el accidente”, él consideraba que el soldado alcanzado por un disparo había sido víctima del “rebote” de una bala. “Era la opción más probable”, ha asegurado, rememorando que el capitán Cabello le ordenó redactar “un informe” sobre lo acontecido, pues él era responsable de “una parte del ejercicio”, y que nunca sintió o pensó que para elaborar dicho documento tuviese que mentir o alterar los hechos para encubrir a nadie.
Al punto, ha negado que escuchase que el capitán Cabello hubiese instruido a los efectivos para que, ante los investigadores de la Guardia Civil, manifestasen que sus posiciones de tiro en el momento del incidente estaban “cuatro o cinco metros más abajo” respecto a los verdaderos lugares.
“Afecciones” a la investigación
En ese sentido, ha asegurado que los efectivos no podían “saber exactamente en qué posición estaban”, manifestando que tras la reconstrucción de los hechos realizada por las unidades, antes de que la Guardia Civil comenzase a actuar y promoviese su propia reconstrucción, los investigadores de dicho cuerpo le “hicieron ver que con eso” se “había afectado” a las pesquisas.
En su auto de procesamiento, el juez apuntó que la “multitud de versiones ofrecidas sobre lo sucedido” y la “evidente contradicción entre el resultado de los informes y las declaraciones”, lo que, según indicó, le llevó “necesariamente a concluir que pretendieron ocultar lo realmente acontecido, silenciando aspectos determinantes y tergiversando otros, con la única finalidad de dificultar la investigación policial y judicial y el descubrimiento de lo sucedido”.