El Tribunal Superior de Justicia de Balears abre juicio oral contra el juez y el fiscal que investigaron a Cursach

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha abierto juicio oral contra el juez Manuel Penalva, el fiscal Miguel Ángel Subirán y los agentes de Blanqueo de la Policía Nacional José Luis García, Blanca Ruiz, Miguel Ángel Blanco e Iván Bandera, encargados durante cerca de tres años de investigar las actividades del magnate de la noche Bartolomé Cursach.

Mediante un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, el presidente de la máxima instancia judicial de las islas, Carlos Gómez, envía al banquillo a los seis acusados y les impone una fianza civil de 420.000 euros. En concreto, sobre los procesados pesan presuntos delitos de detención ilegal, obstrucción a la justicia por presionar e intentar ablandar a varios investigados, prevaricación judicial a la hora de acordar arrestos y revelación de secretos al filtrar información mientras el caso Cursach se encontraba bajo sigilo sumarial, por los que la Fiscalía Anticorrupción reclama, en el caso de Penalva y Subirán, 118 y 121 años de cárcel, respectivamente.

El magistrado señala que de lo investigado se infiere que los hechos revisten caracteres de delito y existen indicios racionales de criminalidad contra los acusados, a quienes da un plazo de diez días para que presenten sus escritos de defensa. Asimismo, insta a la Abogacía del Estado a que se persone ante posibles responsabilidades civiles.

La Fiscalía pide, además, 162 años de inhabilitación para Penalva y 162 para Subirán, una reclamación en este caso simbólica dado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó en julio de 2021 jubilar por “incapacidad permanente para el servicio” al exjuez, con 54 años, mientras que un año antes el exfiscal cesaba su actividad al frente del organismo público con 59 años. En paralelo, la acusación reclama 59.400 euros de multa para el primero y 72.600 para el segundo.

En el caso de los policías, Anticorrupción solicita 105 años y medio de prisión para el subinspector Miguel Ángel Blanco, 71 años para la subinspectora Blanca Ruiz, 85 y medio para el inspector jefe José Luis García y 94 para el agente Iván Bandera. Todos ellos colaboraron estrechamente con Penalva y Subirán al frente de las investigaciones del caso Cursach.

El procedimiento judicial arrancó en julio de 2018 a instancias de los abogados de Cursach y Sbert, quienes comenzaron a denunciar la difusión en prensa, cuando la causa se hallaba bajo secreto, de diligencias llevadas a cabo e incluso de otras que aún no se habían practicado. A partir de ese momento, la filtración de tales informaciones y el hallazgo, en el móvil del que hizo entrega uno de los policías investigados, de un chat de whatsapp que mantenían abierto los antiguos investigadores del caso Cursach se convirtieron en piedra angular de todas las pesquisas llevadas a cabo hasta el momento contra todos ellos.

Detención de los padres y el hermano de Álvaro Gijón

Los hechos se enmarcan, principalmente, en las actuaciones llevadas a cabo por los antiguos investigadores para supuestamente “intimidar” a los detenidos en una de las piezas en las que se desgajó el caso Cursach: la relativa a la supuesta alteración del concurso para adjudicar el servicio de regulación del aparcamiento (ORA) en Palma. Un fleco en el que, en octubre de 2016, fueron arrestados varios empresarios, los nueve funcionarios que integraban la mesa de contratación que tramitó el expediente y los padres y el hermano del exdiputado y exconcejal del PP Álvaro Gijón, a quien los ahora acusados atribuían haber obtenido un millón de euros y un piso a cambio de amañar el concurso. Las pesquisas fueron finalmente archivadas ante la ausencia de indicios delictivos contra todos ellos.

“Los investigadores se habían fijado como meta demostrar la implicación de A.G. [en referencia a Álvaro Gijón] en los hechos objeto del procedimiento penal y entre todos ellos comentaron y decidieron las detenciones de su familia para ejercer presión sobre el político”, sostiene la Fiscalía en su escrito, firmado por Tomás Herranz y Fernando Bermejo.

Tal como recogen los fiscales, en el caso de uno de los investigados en esa causa, una vez finalizada su declaración, que se encontraba pendiente de firma, y cuando ya había salido su abogado de la sala, el magistrado, el fiscal y el subinspector Miguel Ángel Blanco le manifestaron: “Diga que el señor G. recibió dinero”, “si llego a saber antes esta declaración yo le encierro”, “lo vamos a meter en prisión y G. y ellos estarán en las Bahamas y se irán de rositas”. Según el escrito, le insistieron en que Gijón era “un hijo de puta” y que el propio imputado “iba a acabar en la cárcel” si no acusaba al exconcejal de haber recibido una comisión de un millón de euros a cambio de amañar la adjudicación del servicio de aparcamiento.

Las investigaciones en torno a Gijón, en saco roto

Como recogen los fiscales, las investigaciones en torno a cómo había sido instruido el caso ORA determinaron que la vivienda con la que supuestamente había sido beneficiado Gijón pertenecía a su familia desde antes del concurso. “Las indagaciones realizadas, por tanto, no encontraron piso alguno que pudiera haberse entregado directa o indirectamente a A.G.”, recalcan. Los investigadores tampoco hallaron rastro de dinero que hubiera podido percibir el exconcejal a cambio de la adjudicación del servicio.

Ahora, la defensa de Gijón reclama para éste un millón de euros de indemnización, 150.000 para su hermano y 300.000 para sus padres por los perjuicios sufridos durante la instrucción del caso ORA. Según uno de los atestados de la Policía Nacional incorporados a la causa, los antiguos investigadores del caso Cursach buscaban, con el arresto de los familiares del expolítico, que el exconcejal llegara “jodido” a su declaración en la causa.

En su escrito de acusación, la defensa del exparlamentario del PP considera que éste “ha sido y es la víctima principal de todo este entramado judicial y policial, sufriendo un gravísimo descalabro profesional, económico y personal”, al recordar que estuvo “en todas las ternas como posible candidato a la alcaldía de Palma”. “No solo era seguro que saliera electo (...) sino que su proyección de futuro era inmejorable. Y todo eso se truncó”, asevera su defensa.

Respecto a las filtraciones en prensa, la Fiscalía acusa a exjuez, exfiscal y policías de divulgar datos procedentes de varias piezas del caso Cursach mientras estuvieron al frente del mismo, sin que ninguno de ellos, “cuando no era el que facilitaba la información, impidiera o evitara tal divulgación ni investigara quién filtraba tal información”.