“El turno es de 12 horas”: la jornada eterna en una residencia de un fondo de inversión que recibe ayudas públicas

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) de las Illes Balears ha constatado irregularidades en los registros de la jornada laboral, los descansos semanales y entre jornadas de la empresa mercantil La Saleta Care SL, que gestiona la residencia para mayores en situación de dependencia de Colisée Sa Residència (Eivissa), según desvela en exclusiva elDiario.es. Cabe destacar que la empresa, que está acusada de grave desamparo a los mayores, forma parte del grupo francés Colisée –que explota más de medio centenar de centros de mayores en toda España–, cuyo dueño es el fondo de inversión sueco EQT. La residencia privada recibe 1,2 millones de euros de dinero público del Govern balear por las 84 plazas que tiene concertadas.

Las actuaciones de la Inspección de Trabajo han consistido en una visita y comparecencia en la residencia que el grupo francés gestiona en Jesús (municipio de Santa Eulària des Riu) cuyo análisis documental ha concluido que la ITSS actuará “reglamentariamente” en base a lo previsto en la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, según se desprende del informe de la inspección al cual ha accedido este diario.

El documento no desgrana en profundidad las irregularidades que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social considera probadas. Pese a ello, un correo electrónico del 5 de enero de 2024 muestra que Antoni Bauzà, director de Colisée Sa Residència, envió un mensaje al personal laboral que trabaja en la recepción del centro de mayores para informarles de que los turnos de trabajo pasaban a ser de 12 horas al día, con una hora de descanso para comer.

“Por otro lado, te informo de que a partir del 1 de enero el horario de los turnos de recepción es de 8:30 a 20:30 horas, realizado por el mismo recepcionista, con una hora de descanso al mediodía para la comida”, sostiene el mensaje de Antoni Bauzà, director de Colisée Sa Residència, que publica en exclusiva elDiario.es. Este diario desconoce si la dirección del centro ha podido enviar correos electrónicos a trabajadores de otras áreas en las que ordene turnos laborales de 12 horas diarias con una hora de descanso. Sin embargo, esta redacción sí ha podido verificar por diferentes fuentes que algunas trabajadoras se están organizando en torno al sindicato UGT porque consideran que se están vulnerando las jornadas laborales, entre otras cuestiones que, presuntamente, la empresa sociosanitaria estaría incumpliendo.

El artículo 22 de la legislación laboral en vigor, de medidas derivadas de la actividad inspectora, explica que una vez los inspectores de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) finalizan la inspección, el organismo público puede tomar diferentes medidas. Entre ellas, describe el punto dos, “requerir al sujeto responsable para que, en el plazo que se le señale, adopte las medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden social o subsane las deficiencias observadas en materia de prevención de riesgos laborales”, con su debida justificación, mientras que el punto cinco señala que la ITSS puede iniciar “procedimiento sancionador mediante la extensión de actas de infracción o de infracción por obstrucción”.

El Real Decreto Legislativo 5/2000 recoge que, entre las infracciones graves, cabe señalar “la transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo a que se refieren los artículos 12, 23 y 34 a 38 del Estatuto de los Trabajadores”. También es infracción grave, entre otras, “la modificación de las condiciones sustanciales de trabajo impuesta unilateralmente por el empresario”.

Uno de los empleados que denunció a Colisée Sa Residència ante la Inspección de Trabajo asegura a elDiario.es que la empresa no compensaba con días libres esas jornadas de 12 horas de las que habla el director del centro en el correo electrónico. Colisée Sa Residència, preguntada hace cuatro días por este periódico sobre estas informaciones, no ha respondido todavía a ninguna de las preguntas planteadas y afirma no tener todavía una respuesta.

Enfermeros sin titulación

Hace poco más de un año que los familiares de Colisée Sa Residència alzaron la voz para denunciar, a través de los medios de comunicación, las presuntas irregularidades que consideraban que sus mayores estaban sufriendo. En el primer reportaje publicado por elDiario.es, entre otros muchos testimonios, una mujer narró la situación en la que se encontró a su padre, paciente de alzhéimer y totalmente dependiente. “Abrazo a mi padre, le hablo, aunque no sabe ni quién soy, pero consigo que se calme. Bueno, mi padre iba, perdona por la expresión, cagado hasta la cintura. Literalmente”, lamentó.

Un mes y medio después, elDiario.es destapó que al menos dos trabajadores que ejercían como enfermeros lo hacían pese a no estar colegiados ni disponer de la titulación de Enfermería homologada en España. Este diario pudo confirmar dicha información a través de fuentes del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España (CGE), que contrastó los datos proporcionados por esta redacción a través de sus registros. “Estamos ante un caso muy grave que debe ser investigado y que debe llevar a las administraciones públicas a mover ficha”, explicó Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería en España.

Pérez Raya consideró “intolerable” que haya personas ejerciendo como enfermeros sin tener la titulación. “Es el colmo que haya enfermeros o enfermeras falsos y, por tanto, no estén preparados”, criticó. “No es ya que no se garanticen los cuidados que precisan estas personas, lo cual es lamentable, es que se pone en riesgo su propia vida”, aseguró el presidente del CGE y añadió que, a las enfermeras había que exigirles no solo “la obvia titulación que establece la ley, sino también conocimientos especializados en geriatría y dependencia”.

Unos días después, elDiario.es publicó que dos trabajadoras más también estaban ejerciendo como enfermeras sin estar colegiadas ni disponer de la titulación, a fecha de 4 de abril del 2023. La investigación, que fue contrastada con fuentes del Consejo General de Enfermería de España (CGE), así como del Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de las Illes Balears (COIBA), demostraba que la totalidad del personal de enfermería de Colisée Sa Residència ejercía sin poseer la titulación con arreglo a la legislación española.

Por estos motivos, el COIBA mostró su rechazo ante los posibles casos de intrusismo en el sector de la enfermería de Colisée Sa Residència, según explican fuentes del órgano colegial de enfermería a este diario. Las mismas fuentes recordaron que las entidades sanitarias, antes de contratar los servicios de enfermera o enfermero, “es fundamental que verifiquen mediante consulta con el COIBA si la persona reúne los requisitos exigidos por ley”. Asimismo, el órgano colegiado instó a todos los organismos competentes a “la toma de las medidas que están al alcance de cada uno, no solo para solventar ese caso, sino para evitar futuros peligros”.

Tras la investigación de este diario, el Consell d’Eivissa —organismo competente en materia de inspección y sanción— reconoció por primera vez los hechos. “Lo más preocupante, para el Consell Insular y los técnicos, es que los estándares de cualificación profesional no se cumplen”, aseguró Carolina Escandell (PP), consellera insular de Bienestar Social, después de que elDiario.es desvelara los hechos esa misma mañana.

El Consell d'Eivissa (PP) reconoció los hechos por primera vez tras las investigaciones de elDiario.es

Meses después salió a la luz el informe de conclusiones de las dos inspecciones realizadas por el Consell Insular los días 13 de enero y 17 de marzo de 2023. El expediente, al cual accedió elDiario.es, apuntaba a que más de la mitad de la plantilla de Colisée Sa Residència ejercía sin la titulación que exige la legislación autonómica. El informe de conclusiones, a fecha de 19 de abril, confirmaba lo que este diario había publicado semanas atrás en referencia al personal que ejercía funciones de enfermero o enfermera y consideraba acreditado que de los 48 trabajadores que tenía la empresa durante el periodo inspeccionado, 26 ejercieron sin tener la titulación requerida para el puesto de trabajo que ocupaban.

En 2023, más de la mitad de la plantilla de Colisée Sa Residència ejercía sin la titulación que exige la legislación autonómica

Los hechos detectados en el caso del personal de enfermería que ejerció sin estar colegiado ni disponer de la titulación requerida conforme a la normativa española llegó hasta la Fiscalía de las Illes Balears, que denunció en el Juzgado decano de Eivissa a cuatro trabajadores de Colisée Sa Residència por un presunto delito de intrusismo laboral, según confirmaron fuentes del Ministerio Público a elDiario.es. Unas irregularidades a las que hay que sumar las conclusiones del informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que ha constatado que se está incumpliendo la normativa laboral en lo referente a los registros de la jornada laboral, los descansos semanales y entre jornadas.

Más de un millón de euros de dinero público

Según la última revisión de precios de las 84 plazas concertadas realizada por la Conselleria de Familias y Asuntos Sociales que dirige Catalina Cirer (PP), STS Gestió de Serveis Sociosanitaris, SL (ahora La Saleta Care, SL) recibe más de 1,2 millones de euros de las arcas autonómicas.

Para el periodo fijado entre el 1 de junio de 2023 y el 30 de noviembre de 2025, la residencia privada ha recibido un máximo de 217.206,36 euros en 2023; hasta 488.368,44 euros en 2024 y un puede recibir un total de 589.725,36 euros en 2025. El concierto fue suscrito, en primer lugar, por la anterior Conselleria de Asuntos Sociales que dirigía Fina Santiago (Més per Mallorca).

En este sentido, Colisée Sa Residència recibe unos 2 millones de euros por las 84 plazas concertadas, de los cuales casi 1,3 son fondos de la administración balear, mientras que el resto corre a cargo de los bolsillos de los usuarios. En total, el centro privado tiene capacidad para 114 usuarios.