El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que condenó al Partido Popular en Balears por financiarse de manera irregular con más de 9.000 euros en 2003. Los jueces, según la sentencia de la sala segunda a la que ha tenido acceso elDiario.es, han rechazado el último recurso de José María Rodríguez, exsecretario general del PP en Balears, contra su condena de tres años y medio de cárcel en el caso de corrupción 'Over Marketing' en el que el expresident Jaume Matas aceptó pagar 18.000 euros a cambio de reconocer los delitos que cometió.
Este caso 'Over Marketing', una de las múltiples piezas separadas del caso Palma Arena que investigó la corrupción política en las islas, se centró en cómo el PP de Balears contrató a esta empresa para llevar su campaña electoral de cara a los comicios municipales y autonómicos de 2003. Los gastos se dispararon por encima de lo que legalmente podía pagar el PP y acordaron que una parte se pagaría en dinero negro y en mano en la sede del partido.
Además de esto, Over Marketing facturó más de 86.000 euros a empresas con conceptos simulados que “escondían los servicios electorales que realizaba para el Partido Popular”. Los dirigentes de la empresa acordaron con Jaume Matas, una vez investido president, que una parte de estos gastos electorales que debían pagarse en dinero negro “se compensarían con el volumen de contrataciones públicas que le adjudicarían desde distintos organismos públicos dependientes del Govern”, entre otras irregularidades.
El Partido Popular de Balears no recurrió su condena de responsable civil directo a hacerse cargo, junto con los tres principales acusados, de devolver a las arcas públicas 9.048 euros. Una factura por servicios no realizados que servían para que Daniel Mercado, el empresario, cobrase parte de los trabajos que hicieron para el PP durante la campaña electoral de 2003. Sólo José María Rodríguez recurrió esta sentencia.
Según declara probado en firme el Supremo, esos fondos “sirvieron para reducir la deuda contraída con el Partido Popular de Baleares en su campaña electoral de 2003” y la decisión fue “de José María Rodríguez”, cuyo recurso queda ahora rechazado.
Sobre la factura concreta por la que debe responder económicamente el PP, explica el Tribunal Supremo que el condenado Rodríguez “efectivamente participaba en la gestión económica de la campaña electoral de 2003, realizando ciertas compras, precisamente a empresas del grupo Mercado, por importes no desdeñables y realizando pagos en metálico vinculados a aquélla”.