Más de 3.000 trabajadores sanitarios han fallecido con COVID-19 en 79 países. Es la cifra que ha revelado este lunes Amnistía Internacional, que ha recopilado y analizado los datos actualmente disponibles, pero considera que el recuento puede ser muy inferior al real debido a la falta de información. En un informe publicado este lunes, la ONG especializada en derechos humanos denuncia que el personal sanitario de todo el mundo ha sufrido “seguridad en el trabajo, represalias y represión, violencia y estigma” durante la pandemia.
De acuerdo con sus cifras, ya que indican que no hay “ningún seguimiento sistemático” de estos fallecimientos, los países con mayor número de muertes entre el personal sanitario hasta ahora son Estados Unidos (507), Rusia (545), Reino Unido (540, incluidos 262 asistentes sociales), Brasil (351), México (248), Italia (188), Egipto (111), Irán (91), Ecuador (82) y España (63).
No obstante, matizan que es difícil “hacer comparaciones exactas” entre países por las diferencias en la forma de contabilizarlos. “Por ejemplo, Francia ha recogido datos únicamente de algunos hospitales y centros de salud, mientras que las cifras de profesionales de la salud fallecidos que han facilitado las asociaciones de sanitarios en Egipto y Rusia han sido cuestionadas por sus gobiernos”, sostiene la organización.
Amnistía Internacional recuerda que el personal sanitario ha desempeñado “un papel extraordinario” en la respuesta a la pandemia. “En todos los países, han puesto en peligro su salud y bienestar, a menudo en circunstancias muy difíciles y con muy poco apoyo, para garantizar que las personas puedan acceder a los servicios esenciales que necesitan, incluida la atención de la salud, los alimentos y otros suministros nutricionales, y los servicios públicos de emergencia”.
Muchos profesionales han trabajado en entornos inseguros debido a la escasez de equipos de protección personal (EPP), vitales para prevenir contagios, que según el informe se ha producido en 63 países y territorios sobre los que AI ha recabado información. Entre ellos hay lugares en los que el virus sigue sin dar tregua como India y Brasil, y varios países de África.
“Cuando la pandemia de COVID-19 aún se está acelerando en el mundo, instamos a los gobiernos a que empiecen a tomarse en serio las vidas del personal sanitario y de los trabajadores y trabajadoras esenciales. Los países que aún no han vivido lo peor de la pandemia no deben repetir los errores de gobiernos cuya falta de medidas para proteger los derechos de los trabajadores y trabajadoras ha tenido consecuencias desastrosas”, ha afirmado Sanhita Ambast, investigadora y asesora sobre derechos económicos, sociales y culturales de Amnistía Internacional.
Como resultado de la escasez de material de protección, los trabajadores sanitarios “han tenido que recurrir a diversos medios para protegerse en estas circunstancias, lo que pone en peligro su salud y su seguridad”. En algunos países, indican, los profesionales de la salud “informaron de que tenían que adquirir los EPP y pagarlos ellos mismos, ya que no se les proporcionaban”. Por ejemplo, un médico que trabajaba en Ciudad de México ha explicado a la ONG que los profesionales de la medicina dedicaban alrededor del 12% de su salario mensual a comprar de su bolsillo equipos de protección individual.
Otros trabajadores, apunta AI, “han informado de que han tenido que improvisar y reutilizar artículos en un intento de protegerse, entre ellos bolsas de basura e impermeables”. La organización, en línea con lo que lleva meses advirtiendo la OMS, sostiene que, si bien los Estados deben garantizar que hay suficientes equipos de protección para quienes trabajan dentro de su territorio, la escasez en países que dependen de las importaciones ha podido agravarse por las restricciones comerciales. Según señalan, en junio de 2020, 56 países y dos bloques comerciales (la Unión Europea y la Unión Económica Euroasiática) habían implantado medidas para prohibir o restringir la exportación de estos equipos, de algunos de ellos o de sus componentes. “La pandemia de COVID-19 es un problema global que exige una cooperación global”, ha dicho Ambast.
Por otro lado, la organización denuncia que mientras se enfrentan a una mayor carga de trabajo y a riesgos laborales adicionales, los profesionales sanitarios de algunos países “han dicho que no se les paga de manera justa y que no se les indemniza en caso de enfermedad profesional o incluso de muerte”. Por ejemplo, en Sudán del Sur los médicos contratados por el gobierno llevan sin cobrar desde febrero y no tienen prestaciones sociales ni cobertura médica, según la ONG. En Guatemala, el personal de al menos 46 centros no recibió su salario durante el tiempo que trabajó en un hospital dedicado a pacientes de COVID-19.
Además, alertan de las posibles consecuencias adversar para la salud mental de estos profesionales, debido al potencial aumento de la ansiedad y el estrés relacionados con el trabajo. Por ejemplo, en una encuesta elaborada en Portugal y publicada en abril de 2020, casi el 75% de los profesionales sanitarios entrevistados consideraban que sus niveles de ansiedad eran “altos” o “muy altos” y el 14,6% informó de que tenían niveles moderados o significativos de depresión.
Represalias por protestar y estigma
En respuesta a estas condiciones, los trabajadores a menudo se han pronunciado y en muchos casos han sufrido represalias que incluyen despidos o incluso arrestos, enfatiza el documento. En al menos 31 de los países analizados, los investigadores de AI registraron huelgas, amenazas de huelgas o protestas del personal sanitario contra las condiciones laborales peligrosas. “En muchos países, las autoridades respondieron a estas acciones con represalias”, esgrimen. Es el caso de Egipto, donde han documentado el arresto “arbitrario” de nueve trabajadores de la salud. En Malasia, la policía dispersó un piquete pacífico que protestaba contra la empresa de servicios de limpieza de un hospital, y arrestó, detuvo y presentó cargos contra cinco de los miembros del personal sanitario que protestaban por “reunión no autorizada”.
“El personal sanitario y los trabajadores y trabajadoras esenciales tienen derecho a alzar la voz contra un trato injusto”, ha afirmado Sanhita Ambast. La ONG también recoge el caso de una asistente de enfermería que fue despedida en EEUU después de publicar un vídeo en Facebook donde leía una petición en la que reclamaba más equipos de protección personal.
Por otro lado, el personal sanitario también se ha enfrentado al estigma y violencia debido a su trabajo, atendiendo al informe, que recoge el caso de una enfermera a la que arrojaron cloro en México o el empleado de un hospital al que le lanzaron lejía a la cara en Filipinas. “Estos incidentes indican la existencia de un clima de desinformación y estigma, y subrayan la importancia de que los gobiernos faciliten información precisa y accesible sobre la propagación de la COVID-19”, sostiene AI. En Pakistán, la entidad ha constatado varios casos de violencia contra personal sanitario desde abril, en forma de hospitales destrozados y agresiones a profesionales médicos.
La organización internacional pide a los Gobiernos que evalúen de manera independiente y pública su respuesta a la pandemia, incluyendo si se han protegido adecuadamente los derechos del personal sanitario, tanto laborales como a la libertad de expresión. Asimismo, consideran que los Estados “deben garantizar una compensación adecuada a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud y esenciales que hayan contraído la COVID-19 como consecuencia de su actividad laboral”. También, investigar los casos de empleados que hayan sufrido represalias por exponer inquietudes sobre salud y seguridad.