Costa Rica aprueba el matrimonio igualitario, pero nadie se puede casar todavía: ¿cómo ocurrió esto?
San José. La Sala Constitucional, el máximo tribunal de Costa Rica, “instó” este miércoles a los diputados de la Asamblea Legislativa a legalizar las uniones de hecho y el matrimonio entre personas del mismo sexo en un plazo máximo de 18 meses.
En un fallo atípico, los magistrados consideraron que la prohibición de las uniones homosexuales es inconstitucional, pero decidieron dejarla vigente durante año y medio. Transcurrido ese periodo, e indistintamente de lo que decidan los legisladores, los artículos inconstitucionales quedarán derogados, instalando finalmente el matrimonio igualitario.
“Este fallo es jurídicamente inexplicable”, dijo el diputado Enrique Sánchez, del oficialista Partido Acción Ciudadana, y férreo defensor de los derechos de las minorías sexualmente diversas. “La Sala declara una norma inconstitucional, pero da 18 meses para que la Asamblea Legislativa cambie la legislación. ¿Si la norma es inconstitucional, cómo puede seguir vigente”, cuestionó el legislador.
En un sentido similar se manifestó la Defensoría de los Habitantes. “Considera la Defensoría que aunque respeta la resolución, el Tribunal sí dejó escapar la oportunidad para que la resolución fuera contundente y definitiva en aras de la eliminación inmediata de la prohibición del matrimonio igualitario en Costa Rica”, expuso mediante un comunicado publicado la medianoche del miércoles.
“Lo que nos acaba de decir (la Sala) es: ”sí, hay violación de derechos humanos y van a continuar violándose por, al menos, 18 meses más“, le dijo al Semanario Universidad la activista y fundadora del partido pro Derechos Humanos, Vamos, Margarita Salas.
Entre los seis magistrados de la Sala no hubo consenso. Luis Fernando Salazar consideró que el tema debía trasladarse al Congreso, pero sin fijar un plazo. Paul Rueda y Martha Esquivel valoraron indispensable limitar ese periodo de tiempo a 18 meses. Los magistrados Fernando Cruz y Nancy Hernández se opusieron a que siga vigente una ley declarada inconstitucional en el mismo acto, pero se plegaron a la posición de Rueda y Esquivel en un aparente esfuerzo por garantizar que, aunque más tarde, el matrimonio llegará.
Por su parte, el juez Fernando Castillo fue el único que votó en contra de la declaratoria de inconstitucionalidad de la prohibición a las uniones del mismo sexo. Paradójicamente, también fue Castillo quien anunció el fallo en una conferencia de prensa.
Con la sentencia de este miércoles, la Sala Constitucional acoge lo instruido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante la Opinión Consultiva OC-24/17, publicada en enero y emitida como respuesta a una consulta planteada por el gobierno de Costa Rica.
En ese pronunciamiento el tribunal interamericano indicó que “el Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se derivan de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo de conformidad con lo establecido en los artículos 11.2 y 17.1 de la Convención Americana”, y precisó que no debe hacerse mediante una figura jurídica diferenciada distinta al matrimonio. “...es necesario que los Estados garanticen el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio”, sentenció la Corte Interamericana.
El fallo de este miércoles responde a acciones de inconstitucionalidad que la Sala tenía pendientes de resolución, algunas durante varios años, y todas previas a la Opinión Consultiva de la Corte-IDH. Las acciones contra la prohibición al matrimonio entre personas del mismo sexo fueron presentadas por el abogado y expresidente de la organización activista Movimiento Diversidad, Marco Castillo, y por la pareja Laura Flores-Estrada Pimentel y Jazmín Elizondo. Esta prohibición deriva del inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia costarricense que establece que “es legalmente imposible el matrimonio entre personas de un mismo sexo”.
La acción en contra de la prohibición de la unión de hecho fue presentada por el abogado Yashín Castrillo, e impugna el artículo 242 del Código de Familia que establece: “la unión de hecho pública, notoria, única y estable, por más de tres años, entre un hombre y una mujer que posean aptitud legal para contraer matrimonio, surtirá todos los efectos patrimoniales propios del matrimonio formalizado legalmente, al finalizar por cualquier causa”.
La Sala se quedó sin tiempo
El polémico fallo se anunció cerca de la medianoche del miércoles, mediante una conferencia de prensa convocada espontáneamente y tras una concatenación de hechos inusuales para el alto tribunal costarricense. A mediados del mes de julio la Corte anunció que el fallo estaría listo “en los primeros 15 días de agosto”. Nunca antes la Sala le había “puesto fecha” a una sentencia.
También fue inusual la presión sobre la Sala, acusada por activistas de dilatar excesivamente la resolución sobre este tema. Tras la publicación de la Opinión Consultiva de la Corte-IDH, el movimiento pro Derechos Humanos adquirió nuevos bríos en Costa Rica. En junio se realizó la celebración del orgullo (llamada aquí “Marcha de la diversidad”) más masiva que se recuerde, llegando a reunir más de 100.000 personas en la principal arteria de la capital, San José.
La dificultad de los magistrados para zanjar el asunto, quedó demostrada este miércoles: “Esta ha sido la sesión más larga de los últimos 29 años”, dijo el magistrado Castillo antes de hacer el anuncio.
Durante las últimas semanas, la Sala también recibió llamados a acatar lo instruido por la Corte Interamericana, por parte de la Presidencia, y la Defensoría de los Habitantes. La Procuraduría General de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones también habían manifestado su acatamiento a la Opinión Consultiva.
Hace escasos 5 días circuló el manifiesto “Por la igualdad y contra la discriminación”, firmado por los expresidentes Abel Pacheco de la Espriella, Laura Chinchilla Miranda, Luis Guillermo Solís y el premio Nobel de la Paz, Óscar Arias. El documento también lo firmaron casi 200 figuras del acontecer nacional, entre diputados y diputadas, exdiputados y exdiputadas, exmagistrados, rectores de universidades públicas, exministros y exministras, periodistas, intelectuales y artistas.
“Nuestro compromiso con la igualdad plena de derechos se mantiene intacto”, expresó este jueves el Presidente de la República, Carlos Alvarado, por medio de una publicación en Facebook. “Confiamos en que el respeto pleno a los derechos humanos y al Estado de derecho prevalecerá, ya sea que la Asamblea Legislativa reconozca el matrimonio igualitario en el término de 18 meses, o en su defecto, una vez que la norma actual pierda vigencia finalizado el plazo”, escribió el mandatario.
