Huelga general en Chile para reclamar derechos básicos y denunciar la violencia policial: “Nos están matando sin razón”

La sexta jornada de movilizaciones en Chile –la quinta bajo estado de emergencia y toque de queda– sirvió al presidente Sebastián Piñera para medir el grado de aprobación de la nueva “agenda social” que anunció la noche del martes. La respuesta de la calle fue contundente: sus propuestas no son suficientes. Eso le transmitieron al Gobierno los miles de chilenos y chilenas que este miércoles adhirieron a la convocatoria de huelga general de 48 horas, convocada por decenas de organizaciones sociales y sindicatos.

“Esto es una marcha por la dignidad de todos los chilenos. Estamos efusivos y al mismo tiempo temerosos por la represión que estamos sufriendo de militares y carabineros que nos están matando sin razón. Somos el pueblo luchando por nuestros derechos”, expresó Sara Sánchez, profesora de un colegio de Santiago que acudió a la manifestación. Pese a que en todo el día no se difundieron cifras oficiales del número de participantes, la movilización de este miércoles fue, sin duda, la más concurrida desde que se desató la crisis. Profesores, estudiantes, funcionarios, profesionales de la salud y trabajadores de sectores diversos recorrieron la Alameda, la principal avenida capitalina, de para reclamar que se garanticen sus derechos básicos, rechazar la presencia de los militares en las calles y exigir el fin de los abusos y la violencia policial.

Horas antes, el mandatario chileno había tratado de rebajar la tensión social con el anuncio de un paquete de medidas relacionadas con mejoras en pensiones, salud e ingresos. Frente a las cámaras, aprovechó también para disculparse con la ciudadanía: “Es verdad que los problemas se acumulaban desde hace muchas décadas y que los distintos gobiernos no fueron ni fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud”, dijo. Y agregó: “Reconozco y pido perdón por esta falta de visión”. Pero para la gente que está en la calle, propuestas como reducir la dieta de los parlamentarios, aumentar un 20% (unos 25 euros) las pensiones básicas o incrementar el salario mínimo en 50.000 pesos (unos 60 euros) no resuelven los problemas estructurales de desigualdad que se enquistaron con el modelo que instaló la dictadura. Chile es el país más desigual de la OCDE y según datos de la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (Cepal), el 1% más adinerado concentra el 26% de la riqueza.

El paro dejó imágenes de todo tipo, desde policías y manifestantes bailando cueca (la danza tradicional chilena) o jugando juntos a pelota, hasta nuevos incendios intencionados y saqueos –algunos organizados por los propios militares– en varios puntos de la capital. Después de la marcha, que registró varios altercados antes de diluirse, la protesta continuó en las casas. A las 10 de la noche, cuando llegó la hora del toque de queda, un sonoro cacerolazo volvió a resonar de punta a punta de la ciudad.

18 muertos y casi 3.300 detenidos en dos días

Según cifras oficiales, 18 personas han muerto desde que se declaró el estado de emergencia, cinco de ellas a manos de agentes del Estado. El ministerio del Interior informó que, sólo entre lunes y martes, 3.284 personas fueron detenidas, entre ellas hay centenares de menores de edad. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que hace un seguimiento permanente de los abusos y violencia policial y militar, informó la noche del miércoles que hasta el momento ha registrado más de 535 heridos, 200 de los cuales por armas de fuego. El organismo ha presentado un total de 55 acciones judiciales, ocho de las cuales por violencia sexual. Sus observadores precisaron que se trata de seis casos de desnudamientos, en los que se habría obligado a la persona a sacarse la ropa y realizar sentadillas, y dos casos de amenaza de violación por parte de militares y policía.

Aunque hace días que en las redes se publican y viralizan múltiples denuncias por violaciones de derechos humanos, la alerta se disparó este miércoles luego de que trascendiera el testimonio de un estudiante detenido que denunció torturas y dio a conocer la existencia de un supuesto centro de torturas ubicado en la estación de metro Baquedano, en pleno centro de la ciudad. Tras las primeras diligencias, el juez de garantía informó al Ministerio Público que no existían pruebas para respaldar las acusaciones, aunque se confirmó que se realizarán más diligencias porque en la inspección del lugar se encontraron “siete cartuchos percutados y dos amarras de plástico” que, según informó el comisario a cargo de la dependencia, el cuerpo de policía no utiliza.

La violencia policial que se vive estos días en Chile ha hecho aflorar recuerdos y sensaciones de miedo y terror que hace sólo tres décadas que el país sufría diariamente. La desinformación y la sensación de alarmismo social han sido una constante de los últimos días.

En el plano político, la atención de la jornada se concentró en el Congreso de Valparaíso. La tensión se disparó entre parlamentarios del oficialismo y la oposición durante la comparecencia en sede parlamentaria del ministro de Interior, Andrés Chadwick. En una discusión subida de tono, diputadas a favor y en contra del actuar del titular de la cartera se enfrentaron por las cifras que ha dejado hasta ahora la represión. “Yo asumo mis responsabilidades, pero obviamente no tengo ninguna responsabilidad política por esta situación”, declaró el ministro después de bronca. En el Parlamento, también, el Partido Comunista y algunas de las fuerzas de la coalición de izquierda Frente Amplio plantearon la posibilidad de iniciar un proceso de impeachment en contra del presidente.

Este jueves, segundo y último día de huelga general, el Gobierno volverá a enfrentar el pulso de la calle, que mientras no reciba una respuesta política a la altura de sus demandas, no tiene intenciones de volver el país a la normalidad. La capacidad del Gobierno de demostrar su manejo político y dar una solución al conflicto sigue a prueba. Por ahora, pero, no la supera.