#NiUnaMenos, un grito de auxilio en un país donde asesinan a una mujer cada 30 horas
Chiara Páez tenía apenas 14 años. Un novio adolescente y un embarazo de ocho semanas. La mataron a golpes y fue enterrada en el jardín de casa de su pareja en la provincia de Santa Fe. El chico está detenido. También sus padres. No está claro si fueron encubridores o partícipes el crimen. El horror que generó este caso, ocurrido hace menos de un mes, se materializó en un grito de auxilio colectivo, en una llamada de atención a un país en el que cada 30 horas una mujer es asesinada por su pareja o expareja.
El mensaje fue claro y multitudinario: Ni una menos. Miles de personas abarrotaron la plaza del Congreso y las calles adyacentes con cánticos, pancartas, con fotos de víctimas de violencia machista. En España en 2014 murieron 51 mujeres. En Argentina fueron 277, según los datos del Observatorio de Femicidios de la ONG La Casa del Encuentro. Cinco veces más para una población algo menor.
“¿Mujeres, qué vamos a hacer? Nos están matando”. La reflexión en Twitter de la periodista Marcela Ojeda fue el disparador. Los tuits se fueron multiplicando y varias periodistas y comunicadoras empezaron a tejer una iniciativa ciudadana que generó la adhesión hasta de la presidenta Cristina Fernández.
“Tomamos el nombre de una maratón de lectura que se había hecho sobre la violencia contra la mujer. Nos unimos a grupos que ya estaban trabajando con el tema y fuimos con nuestros recursos y nuestra voluntad sumando apoyos en todas partes”, cuenta Ana Correa, comunicadora y una de las impulsoras de la manifestación.
Y lograron un imposible: en una sociedad politizada y muy polarizada, #NiUnaMenos ha aunado voluntades de todos los sectores. Todos los partidos políticos convocaron a la marcha en Buenos Aires, que además tuvo su réplica en las calles de un centenar de ciudades argentinas y varias más en Uruguay y Chile. Porque este no es un problema local. Latinoamérica es una de las regiones que más violencia registra en contra de las mujeres. Una violencia que en la mayoría de los casos ni siquiera se mide.
Sin datos oficiales
En Argentina, por ejemplo, no existen cifras oficiales de asesinatos machistas. La cuenta la lleva la ONG La Casa del Encuentro. Su observatorio de femicidios –la denominación aquí de los feminicidios– se llama Adriana Marisel Zambrano, en honor a una mujer asesinada por su pareja en Jujuy, una de las provincias del norte del país que más casos registra. El suyo, curiosamente, no halló hueco ni repercusión en los medios de comunicación, muy proclives a difundir todo tipo de detalles sobre los crímenes. “Es un buen momento para hacer autocrítica y pensar en nuevas formas de comunicar, de no detenernos en el morbo y sí en el fondo de la cuestión”, reflexiona Correa.
El asesino confeso de Zambrano fue condenado a cinco años de cárcel por “homicidio preterintencional”. Es decir, quería golpearla pero no hasta llegar a matarla. El hombre tiene ya salidas de prisión y un régimen de visitas. Además, quiere pedir la custodia de su hija, que estaba presente y era un bebé en el momento de la mortal paliza.
Aquí, como en España, el tema del contacto de los padres maltratadores con los niños –víctimas colaterales y directas de violencia machista– tampoco está del todo resuelto. Pero Argentina sí cuenta, a diferencia de otros países de su entorno, con una legislación específica de protección a las mujeres. Aprobada en 2009, la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales es un arma potente para luchar contra el problema, aunque “hay que trabajar más en su aplicación”, reconoce Correa. Uno de los problemas que denuncian varios colectivos feministas es la falta de presupuesto.
El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) acaba de publicar un informe que señala que hubo un avance en la creación de herramientas y en la implementación de políticas, pero su coordinación, cobertura y alcance con cuestionables. “La violencia contra las mujeres no se resuelve con leyes solamente. Deben ser acompañadas por políticas públicas eficaces”, señala el documento.
En ello coincide Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales. “Es una responsabilidad de los distintos poderes del Estado. Ha habido avances normativos pero tienen que ser bajados a la práctica. Y muchas veces eso depende de cómo jueces y agentes de jusiticia perciben esa violencia de género en una sociedad que ha normalizado las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres”, analiza esta experta.
“El verdadero desafío es cambiar el paradigma”, resume Litvachky. Y para eso la acción del Estado es fundamental. “Se necesitan políticas públicas para sensibilizar, poner el tema en la agenda y educar”. No existe un plan nacional contra la violencia, “aprobado, con amplia difusión pública y cuyo monitoreo y evaluación pueda hacerse a través de la verificación de información pública”, refuerza el estudio de ELA, que llama la atención una vez más sobre la falta de sistematización de datos estadísticos. Las voluntarias de La Casa del Encuentro leen más de 100 periódicos cada día para intentar documentar las muertes.
“Ya conseguimos poner este tema en la agenda. Eso es un gran triunfo”, se congratula Ana Correa. “Ahora el objetivo es lograr que algo cambie en la cabeza de la gente. Que las mujeres entiendan que no hay crímenes pasionales, que no hay violencia en el amor. Este es un comienzo”.
