Jimmy tiene 42 años, es antropólogo y se instalará definitivamente en España desde Nicaragua porque él y su familia corrían peligro. Katherine tiene 26 años, se dedicaba a la publicidad en su país, ahora lleva un mes en España y acaba de pedir asilo político. Yerling también tiene 26 años y llegó a Europa con grupo para contar de primera mano cómo estaba siendo la represión de Ortega. Ahora ya no puede volver y ha solicitado asilo político en nuestro país.
Según confirman las activistas nicaragüenses, en estos momentos decenas de manifestantes que se movilizaron en Managua durante la dura represión vivida desde abril, están migrando ahora a países vecinos como Costa Rica, pero también a países europeos como España. Aunque las instituciones españolas todavía no tienen disponibles los datos de solicitudes de asilo por nacionalidad, sí que han confirmado que ha habido un repunte. En 2017, solicitaron protección nacional 31.740 solicitantes de asilo; hasta el 16 de agosto de 2018, ya lo han hecho 31.688, apunta el Ministerio de Interior.
Según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), en 2017 pidió asilo político en España un total de 90 nicaragüenses. Las activistas que huyeron de Ortega y que ya están en nuestro país aseguran que en este año vendrán muchos más. Aunque el Gobierno español ha reiterado el apoyo al pueblo nicaragüense y ha hecho diversos llamamientos por el diálogo entre las partes, cuando este diario le ha consultado su posición ante las peticiones de asilo y al comportamiento autoritario de Ortega, por el momento, no ha querido dar una respuesta.
“Nicaragua nos cae un poco más lejos, aunque nos importa mucho”, dijo el ministro de Exteriores Josep Borrell durante una comparecencia a petición propia en la Comisión de Asuntos Exteriores. “Es un país hermano que vive una grave crisis social y económica. Hay cifras espeluznantes: 300 muertos, 200 desaparecidos y 2.000 heridos”, enumeró y apuntó: “No sé si la gente española es consciente de lo que está pasando allí. Hacemos un llamamiento a la paz y al diálogo”.
Durante la comparecencia, Ciudadanos pidió una condena firme a las dictaduras que atacan a los derechos humanos. Borrell contestó: “Hay que exigir el cese de la represión. ¿Se le ocurre a usted alguna manera aparte de usar la palabra o prefiere una acción más musculada? No tenemos otra capacidad de acción en el marco de la UE”.
En agosto, durante un viaje a Costa Rica, Pedro Sánchez ya expresó algo bastante parecido. Dijo que hay que apostar por una salida dialogada con el liderazgo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y que su Ejecutivo iba a mantener la ayuda al desarrollo al país, pero dio la orden de revisar si había algún programa que pudiera estar contribuyendo indirectamente a la represión desplegada por el régimen de Ortega, recogió Europa Press.
“Después de nuestro viaje con la Caravana Informativa, empezamos a tener miedo de volver y que nos encarcelasen”, explica Yerling Aguilera a eldiario.es. Durante las movilizaciones, el Gobierno de Ortega aprobó una ley antiterrorista que “prácticamente castiga con prisión a todas las personas que estuvieron movilizadas. Criminaliza incluso a las personas que llevaron agua a barricadas o que dijeron algo en las redes sociales”.
Aguilera decidió no regresar a casa estando ya en Madrid, lo cual supone un pesar extra para su familia en Managua. “Al llegar a España no pensamos que tendríamos que quedarnos”, asegura. Añade que prefiere no contar en qué ciudad reside porque algunas compañeras han vivido “situaciones extrañas” en territorio español. “En estos momentos, han salido 23.000 personas del país, principalmente, con destino a Costa Rica”.
Aguilera ya ha solicitado asilo y la segunda parte de este proceso, la entrevista personal, no se producirá hasta el mes de enero.
“Vine a España en julio porque allá participé abiertamente en movimientos sociales”, explica Jimmy Gómez mientras recuerda cómo después del estallido inicial comenzó a ser perseguido. Cree que las fuerzas de seguridad lo tuvieron más fácil con él porque es una persona conocida dentro del movimiento estudiantil. “La gente me conoce y parte de la gente que conocí en los 90 ahora tiene mucho poder”.
Desde su infancia ha participado en la revolución sandinista y no piensa dejar de lado la resistencia, ya sea desde Nicaragua o desde España. “Somos parte de esa resistencia y de la vocería. Lo que me sale es seguir luchando (porque) esto es una dictadura y tiene que caer”, dice, aunque reconoce que se quedará en España por el momento. Gómez lo tiene más fácil que muchos otros porque su pareja es española.
“Tengo residencia comunitaria y accedo de manera automática. El asilo es un proceso muy burocrático. Son seis meses en los que una persona que está pidiendo asilo se pierde en una especie de limbo y está más desarticulado para las personas que somos activistas”, concluye haciendo referencia a las trabas que algunos compañeros han vivido cuando se decidieron a solicitar protección.
Katherine Urbine llegó hace un mes a España y cree que, tal y como se están desarrollando los acontecimientos en su país, toda su familia terminará por exiliarse a España. De los tres, es las que más cansada suena al otro lado del teléfono. Solo tiene 26 años, pero ya ha visto cómo su carrera laboral queda congelada. Aquí no cree que vaya a ser fácil conseguir un trabajo.
“Por mi situación, no tengo permiso de trabajo, no puedo solicitar un puesto como el que tenía allá, pero busco de otro tipo”, explica. “Estoy en proceso de pedir empadronamiento. La verdad es que amo a mi país y me he tenido que venir a la fuerza, no por un futuro mejor. Tenía un buen trabajo, una casa, una vida... mis planes son medio vivir acá mientras mi país se resuelve y pueda regresar”.
Según los datos oficiales del año 2017, España rechazó dos de cada tres peticiones de asilo. En esa periodo, resolvió 13.350 peticiones de las que dos tercios (más de 8.000) fueron rechazadas. Los ciudadanos venezolanos fueron los que más solicitudes de asilo pidieron con un total de 10.350, el doble que los sirios y cuatro veces más que los ciudadanos colombianos.
Este viernes, Amnistía Internacional publicó un nuevo informe en Buenos Aires en el que indica que desde el año 2014, 2,3 millones de personas han salido de Venezuela y que solo España ha recibido más de 28.323 solicitudes de asilo de personas venezolanas. España se sitúa en el cuarto país del mundo con más solicitudes por parte de estos ciudadanos solo por detrás de Perú, EEUU y Brasil.
El pasado mes de noviembre el Gobierno se pronunció sobre el incremento de solicitudes de asilo de los ciudadanos procedentes de Venezuela y explicó en una respuesta parlamentaria que la resolución no se basa en un criterio de nacionalidad.
“Estas solicitudes de protección internacional se están instruyendo, ya que cada expediente exige un estudio individualizado y pormenorizado, sin que pueda ser posible adoptar un criterio generalizado para el conjunto de los solicitantes venezolanos basándose en un criterio de nacionalidad”, explicó el Gobierno en una respuesta parlamentaria recogida por Europa Press.