TAP, la principal aerolínea de Portugal, es el activo más tóxico de la política lusa. Con la pandemia, el Estado se vio obligado a inyectar 3.200 millones de euros para sostener la existencia de la aerolínea, en una operación muy impopular entre la población. Ahora, a pocos meses de la privatización, los diputados examinan la compañía en una comisión parlamentaria de investigación. Desde el comienzo de las primeras audiencias, las denuncias de injerencia política en la empresa han puesto al Gobierno en un compromiso.
El pasado martes, durante casi siete horas, la consejera delegada de la aerolínea, Christine Ourmières-Widener, compareció ante los diputados. Se quejó de que la presión política y mediática sobre la compañía no le permitía concentrarse en la gestión empresarial. Como ejemplo de ello, el diputado de Iniciativa Liberal, Bernardo Blanco, denunció un intercambio de emails entre la CEO de la compañía y el entonces secretario de Estado de Infraestructuras, Hugo Mendes, en febrero de 2022. Los mensajes mostraban los esfuerzos del Gobierno por alterar un vuelo regular de TAP entre Maputo y Lisboa para permitir viajar al presidente de la República, en detrimento de los demás pasajeros del vuelo. La justificación: “Marcelo [Rebelo de Sousa] es nuestro mayor aliado político, pero si su humor cambia, todo está perdido. Una frase suya contra TAP o el Gobierno y empuja al resto del país contra nosotros. Es nuestro principal aliado político, pero puede convertirse en nuestra peor pesadilla”, escribió.
El Presidente de la República goza de gran popularidad entre los portugueses, siendo conocido popularmente como el “Presidente de los afectos”. Aun así, Ourmières-Widener no cambió el vuelo y, con el caso hecho público, la Presidencia de la República se precipitó a aclarar públicamente que la petición de cambio no procedía de su oficina.
También se hizo pública una reunión entre el grupo parlamentario del Partido Socialista, asesores del Gobierno y la consejera delegada de TAP el día antes de su comparecencia pública en el Parlamento, el pasado mes de enero. El caso causó malestar entre los parlamentarios porque uno de los diputados presentes en la comisión de investigación –Carlos Pereira, del Partido Socialista – también estuvo presente en esa reunión preparatoria, lo que podría confirmar un conflicto de intereses.
Ourmières-Widener fue despedida sin preaviso por los ministros de Finanzas, Fernando Medina, y de Infraestructuras, João Galamba, a principios de marzo, después de que Medina intentara que dimitiera antes. El Gobierno alega que se trata de un despido procedente ante las supuestas irregularidades en el importe pagado a Alexandra Reis, exdirectiva que abandonó la empresa en febrero de 2022 por incompatibilidades con la consejera delegada cobrando una indemnización de 500.000 euros.
Unos cinco meses después de abandonar TAP, Alexandra Reis fue nombrada por el Gobierno presidenta de la compañía de navegación aérea NAV. Estuvo poco tiempo porque en noviembre fue nombrada Secretaria de Estado del Tesoro, que depende del Ministerio de Hacienda.
El valor de la indemnización, que se mantuvo en secreto durante meses, se convirtió en polémica nacional cuando, en la Nochebuena de 2022, el periódico Correio da Manhã lo reveló. Alexandra Reis acabó dimitiendo del Gobierno, al igual que el entonces ministro de Infraestructuras, Pedro Nuno Santos –que tenía el control político de TAP compartido con el Ministerio de Hacienda–. Más tarde se supo que el propio ministro de Infraestructuras había aprobado la indemnización de 500.000 euros a Alexandra Reis.
El rumbo de TAP acabó envolviendo en la polémica a los dos candidatos mejor situados para suceder a António Costa: el actual ministro de Hacienda, Fernando Medina, y el exministro de Infraestructuras, Pedro Nuno Santos. Fernando Medina se acerca más a la línea seguida por el primer ministro, António Costa, mientras que Pedro Nuno Santos se presenta como el representante del ala más izquierdista del PS, visto con buenos ojos por los partidos situados a su izquierda, como el Partido Comunista o el Bloque de Izquierda.
A pesar de la inestabilidad provocada por la gestión política, en el aspecto empresarial la compañía registró unos beneficios de 65,6 millones de euros en 2022 y está cumpliendo con el plan de reestructuración presentado por el Gobierno portugués en Bruselas. Aun así, y aunque la intención de cesar a Ourmières-Widener se conoce desde hace más de un mes, todavía no se sabe cuándo se hará efectivo y dejará la empresa. Su sucesor ya ha sido elegido: Luís Rodrigues, antiguo dirigente de la compañía aérea de las Azores SATA.
Está previsto que la aerolínea se privatice en los próximos meses de un modo aún por definir. Por ahora, se conoce el interés del grupo IAG –del que forma parte Iberia–, del grupo Air France-KLM y de la alemana Lufthansa. Sobre el interés de Iberia por TAP, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo en la cumbre hispano-portuguesa de Lanzarote que, aunque “no corresponde al Gobierno español posicionarse” en un tema que afecta a una compañía privada, “todo lo que sirva para estrechar lazos con nuestros amigos portugueses es bienvenido”.
Antes de la crisis provocada por la pandemia, el Gobierno portugués ya era propietario de la mitad de la aerolínea, con una gestión totalmente privada. La empresa había sido privatizada por el anterior gobierno de centroderecha presidido por Pedro Passos Coelho –en una coalición entre el Partido Socialdemócrata y el CDS– cuando el gobierno ya estaba en gestión. La recompra de la mitad de la empresa en febrero de 2016 se convirtió en uno de los primeros actos del primer Gobierno del socialista António Costa, visto como un acercamiento a los socios de izquierda que permitió dar la mayoría parlamentaria necesaria para que el Partido Socialista pudiera formar Gobierno.