Una generación de portugueses espera que estalle la burbuja. Con un salario mínimo de 760 euros, conseguir una casa en Lisboa a un precio asequible ha pasado de ser un objetivo difícil a convertirse en misión imposible para los jóvenes en Portugal. El 65% de quienes tienen menos 30 años no gana ni mil euros netos al mes.
Una búsqueda en los portales inmobiliarios no da ningún resultado por debajo de los 600 euros por un estudio en la capital lusa. Las habitaciones en casas compartidas también rondan este precio, un quebradero de cabeza para los estudiantes que acuden cada año a la ciudad o para los jóvenes que quieren abandonar la casa de sus padres: 33,6 años es la media de edad para independizarse, la más alta de la Unión Europea, según datos de Eurostat de 2021.
Gisela Carvalho, de 26 años, se considera una “privilegiada” por haber podido tener una casa propia en la que vive sola, pero teme la llegada de final de marzo, cuando se actualizará la letra de la hipoteca. Después de que el antiguo propietario de la casa en la que vivía en el barrio de Benfica le pidiera, en octubre de 2021, un aumento de 100 euros sin factura, Carvalho decidió marcharse. Cuenta que, en el mercado del alquiler, no encontró nada por menos de 600 euros al mes, su presupuesto máximo. Trabaja en el área de comunicación corporativa de uno de los mayores operadores de telecomunicaciones del país, con un sueldo bruto de unos 1.500 euros.
Al tener algunos ahorros acumulados, Carvalho optó por comprar un apartamento con dos dormitorios a reformar en Amadora, un suburbio de Lisboa. Con el euríbor a la baja, las simulaciones que hizo “literalmente en todos los bancos que operan en Portugal” le dieron un valor que “podía permitirse” al haber optado por un euríbor variable a 12 meses. En diciembre de 2021, cuenta, “casi nadie me habló de tipos de interés fijos y me presionaron mucho para que eligiera un tipo variable”. Un empleado del banco le dijo que “solo si había una gran desgracia el Euribor subiría al 2%”. La “desgracia” llegó con la guerra de Ucrania y hoy el tipo es del 3,8%: el valor de la hipoteca de su casa pasará ahora de 279 a 500 euros.
Los pisos turísticos encarecieron Lisboa
En la última década, la cara de la capital portuguesa ha cambiado. La ciudad conocida internacionalmente por los tranvías amarillos en las estrechas calles de sus colinas ha pasado a ser centro de atención internacional como destino barato y seguro. La creciente popularidad del turismo ha dado un impulso a una economía debilitada tras el rescate financiero y las medidas de austeridad aplicadas a partir de 2011. La facilitación de visados de oro para quienes invirtieran en el sector inmobiliario dio otro empujón al sector de la construcción y propició la edificación o rehabilitación de muchas casas para convertirlas en viviendas de lujo.
La ciudad recuperó cientos de edificios ruinosos en los barrios históricos, pero también desalojó a muchos ancianos que vivían desde hacía décadas en casas alquiladas en el centro. Edificios que se convirtieron en atractivos para grandes fondos inmobiliarios que hacen negocio con la compra y venta de propiedades.
Se han multiplicado los casos de “acoso inmobiliario”, especialmente contra personas mayores con contratos de renta antigua anteriores a 1990. Se trata de personas que han vivido en la misma casa alquilada durante décadas y que ahora viven bajo amenaza para que la abandonen. Tejas rotas, incendios provocados, puertas destrozadas: todo vale para acabar con la paciencia de estos inquilinos y empujarlos a dejar la casa.
El plan del Gobierno
Para hacer frente a esta crisis, el Gobierno presentó el pasado 16 de febrero un paquete legislativo llamado “Más Vivienda”. El programa estará aún en consulta pública hasta el 13 de marzo y solo entonces pasará a la esfera legislativa, aunque no habrá problemas para que el Ejecutivo apruebe las medidas, ya que el Partido Socialista tiene mayoría absoluta en el Parlamento. Además de ayudar a las familias a pagar el alquiler o la hipoteca —hasta 70 euros al mes para los préstamos hipotecarios y hasta 200 euros al mes para los contratos de alquiler—, se suspenderán las nuevas licencias para las viviendas de alquiler turístico de corta duración, excepto en las zonas rurales. Los vecinos también podrán decidir, por mayoría simple, que no quieren que una determinada fracción del inmueble sea ocupada por pisos turísticos.
Vasco Morgado es el presidente de la Junta de Freguesia de Santo António, responsable de la zona centro de Lisboa, que incluye el área comercial de lujo de la Avenida da Liberdade. Según explica a elDiario.es, en su barrio el 30% de los edificios están ocupados actualmente por pisos turísticos. Morgado, perteneciente a la coalición de derechas que gobierna Lisboa desde finales de 2021, asegura que estas cifras han desequilibrado “la fuerza del barrio y su red vecinal”.
En la Feria de Turismo de Lisboa de la semana pasada, los propietarios de pisos turísticos organizaron una pequeña manifestación contra las medidas restrictivas presentadas por el Gobierno. Uno de los manifestantes era Miguel Torres Marques, abogado especializado en derecho turístico. “Estas medidas supondrán el fin de los pisos turísticos, un sector que representa el 42% de las pernoctaciones en Portugal”, dice. Si la propuesta sigue adelante tal y como está, Torres Marques argumenta que “será más rápido para los propietarios pasar a la clandestinidad que poner sus viviendas en el mercado de alquiler, donde la fiscalidad no merece la pena”.
Otra de las medidas impulsadas por el Gobierno tiene que ver con la obligación de alquilar las casas que lleven más de 100 días desocupadas y que no sean viviendas vacacionales o de emigrantes. El propio Estado garantiza que las rentas de las casas en alquiler forzoso se pagarán siempre al propietario, aunque el inquilino no pague. La perspectiva del alquiler forzoso ha llevado a la oposición de la derecha a afirmar que esta medida va en contra del derecho a la propiedad privada previsto en la Constitución.
Los datos del último Censo de 2011 muestran que en Portugal hay más de 700.000 viviendas desocupadas, un buen número de las cuales necesitan reformas antes de volver a ser habitables.
Morgado no cree que este programa resuelva los problemas de la ciudad de Lisboa y considera, como la oposición de derechas, que “la mayoría de las propuestas del Gobierno son inconstitucionales”. Para él, la solución pasa por “poner en el mercado activos de vivienda pública a precios asequibles”. El Estado portugués es propietario de un extenso patrimonio inmobiliario que, en parte, se desconoce por falta de un inventario completo. Una parte se encuentra en estado de deterioro.
Fin de los visados de oro
Otra de las medidas más visibles de este paquete es el fin de la autorización de nuevos visados de oro para quienes inviertan en activos inmobiliarios o creen empleo en Portugal. Durante una década, este programa sirvió para atraer inversión extranjera en un país que buscaba recuperar una economía debilitada por la crisis.
Desde 2012, los visados oro han permitido a 29.666 personas tener permiso de residencia en Portugal, de las que casi la mitad eran ciudadanos chinos. Muchos de ellos solo necesitaban realizar una inversión inmobiliaria de 250.000 euros. La existencia de este programa y de una fiscalidad beneficiosa para los ciudadanos extranjeros ha desregularizado el mercado de la vivienda en Portugal, agravando la situación sobre todo en las ciudades de Lisboa y Oporto y en la región del Algarve.