La Asociación Nacional del Rifle va a cumplir 150 años y está en la cumbre de su poder, pero también puede estar viviendo sus últimos días. La fiscalía de Nueva York quiere disolver el poderoso lobby que, durante décadas, ha torpedeado con éxito hasta los más tímidos intentos de limitar la venta y posesión de armas en EEUU. Sin embargo sus problemas no vienen de esa actividad, tal vez inmoral pero absolutamente legal. Vienen de un caso de corrupción de lo más tradicional.
La demanda de la Fiscal General del estado de Nueva York acusa a la cúpula de la NRA de enriquecerse ilegalmente gracias a lo que, sobre el papel, es una organización caritativa sin ánimo de lucro. En un período de apenas tres años, los fiscales calculan que los jefazos han desviado más de 50 millones de euros de la organización. Dinero que habían aportado partidarios de las armas de todo el país y que ha acabado pagando vacaciones en el Caribe con jets privados, contratos a dedo a familiares o tardes en el club de golf.
En el centro de la diana de esta demanda está Wayne Lapierre, el vicepresidente y verdadero líder de la NRA desde hace casi 40 años. A él le debe el lobby argumentos tan refinados como que la culpa de las matanzas la tienen los videojuegos, pero también el éxito indudable de haberse convertido en una fuerza política de la máxima influencia. Sus logros son poco discutibles, pero ahora sabemos que Lapierre ha sido recompensado por ellos abundante y, tal vez, ilegalmente.
Wayne Lapierre gana “oficialmente” algo menos de dos millones de euros por su trabajo en la Asociación Nacional del Rifle, pero la fiscalía cree que eso es solo una parte de los beneficios del cargo. Le acusa, por ejemplo, de haberse gastado más de 400.000 euros de la NRA en ocho viajes a Bahamas con su familia, donde para colmo disfrutaron gratis de un yate de 32 metros de eslora que... es propiedad de un empresario con contratos con la organización. Un patrón que se repite con varios ejecutivos de la asociación.
La organización ha sido extremadamente generosa no ya con los miembros de su cúpula, sino también con algunos ejecutivos que habían abandonado la NRA y a los que se daba lucrativos contratos para enriquecerse en su vida posterior. El mismo Lapierre, siempre según la fiscalía, ya tenía ya cerrado uno de estos acuerdos para facturarle a la NRA casi 15 millones de euros después de dejar el cargo. Él niega todas las acusaciones y dice que la demanda es “una afrenta a la democracia y a la libertad. Un ataque premeditado e inconstitucional para desmantelar y destruir la NRA”.
Una lucha también política
Como en cualquier cuestión que afecte al poderoso lobby de las armas, las lecturas políticas son inevitables. La Fiscal General del estado de Nueva York ha explicado esta demanda diciendo que “nadie está por encima de la ley, ni siquiera la NRA”, pero es evidente que Letitia James es una política demócrata que ocupa un cargo electo que suele ser un trampolín para llegar a mayores responsabilidades. Y hoy en día habrá pocos argumentos electorales más atractivos entre los demócratas que “soy la persona que acabó con la Asociación Nacional del Rifle”. O la que lo intentó.
Hace ya tiempo que muchos activistas contra las armas comprendieron que había que buscar nuevas formas de luchar la batalla contra la NRA. El enorme poder de la organización en el funcionamiento interno del Partido Republicano ha hecho casi inconcebible una reforma legal de consenso para limitar las armas. En 2013, la Asociación Nacional del Rifle consiguió bloquear unas medidas de lo más moderadas a pesar de que contaban con enorme apoyo popular tras la masacre de 20 niños de nueve años en su escuela de Newtown. Si no lo hemos conseguido ahora, dijeron muchos, no se conseguirá nunca.
Otros buscaron nuevas armas. Hace ya casi dos años la organización 'March For Our Lives', fundada por los supervivientes de la matanza del Instituto Parkland de Florida, pidió por carta la Fiscal General de Nueva York que investigara los manejos económicos del lobby, que está bajo su jurisdicción porque fue fundado en ese estado en 1871. La demanda presentada ahora procede de esa investigación y ahora la fiscalía en Washington también está investigando las cuentas de la fundación de la NRA.
Es irónico que la Asociación Nacional del Rifle esté amenazada precisamente ahora que está en la cumbre de su poder. A su dominio casi absoluto de los legisladores republicanos ha sumado una relación especialmente estrecha con Trump, que había amagado en el pasado con patrocinar alguna medida limitada sobre las armas y ha acabado repitiendo palabra por palabra el argumentario de la organización. El lobby ya le apoyó en 2016 con una inversión de 24 millones de euros y ha anunciado que volverá a hacerlo para las elecciones de noviembre.
El presidente ha criticado la demanda judicial de “la izquierdista y radical Nueva York” y ha aprovechado para decirle a sus seguidores que, si pierde, “vuestras armas serán requisadas inmediatamente y sin avisar”. Una acusación extremadamente improbable, pero que se alinea perfectamente con el mensaje de la NRA, que ya está enviado cartas a los votantes en unos llamativos sobres de apariencia oficial en los que se lee “AVISO DE CONFISCACIÓN DE ARMAS”. Cuando el asustado destinatario abre el sobre, se encuentra un mensaje de Wayne Lapierre advirtiéndole de que, si gana Biden, agentes armados se presentarán en su casa, le quitarán las armas y se lo llevarán detenido.
La demanda de la fiscalía de Nueva York es solo el primer paso de lo que seguro será un largo proceso judicial. Incluso si acabara por provocar la disolución de la NRA, esto no acabaría con el movimiento a favor de las armas que en EEUU que goza de mucho apoyo popular y buena salud. Sin embargo, si se retira a los ejecutivos que han liderado ese movimiento en las últimas décadas y lo han llevado a cotas históricas de intransigencia, sí que pueden llegar algunos avances de sentido común como limitar la venta de ametralladoras de guerra o mejorar los sistemas de control para evitar que delincuentes o personas con trastornos se hagan con armas. Paso a paso.