¿Cuál es la comisión del Parlamento Europeo a la que llegan todo tipo de causas? La comisión de Peticiones (PETI). ¿Y quién la preside en esta legislatura? La portavoz en Europa del PP, Dolors Montserrat. ¿Quién la presidió en la anterior legislatura, cuando la comisión parlamentaria preguntó a la Generalitat por “la discriminación lingüística en las escuelas”? La sueca Cecilia Wikström (Renew Europe), cuenta con el apoyo expreso de eurodiputados de peso de PP, PSOE y Cs –Esteban González Pons, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno, Luis Garicano...–. Así la describen fuentes del partido de Inés Arrimadas: “La vemos con buenos ojos porque es de la familia liberal, y como presidenta de PETI fue contundente con el nacionalismo catalán”.
La comisión de Wikström cerró la puerta a peticiones de independentistas tras el 1-O denunciando violaciones de derechos fundamentales mientras decidía investigar la “falta de pluralidad en TV3”, o enviaba esta carta en mayo de 2018. “Esta comisión [de Peticiones] ha decidido solicitar explicaciones y más información sobre el respeto y la aplicación por parte de las autoridades educativas de Catalunya de las sentencias del Tribunal Supremo que fijan en un 25% el uso del castellano en las aulas”.
Las elecciones al Defensor del Pueblo europeo son cada 5 años. En las votaciones de este martes y miércoles fundamentalmente hay dos candidatos principales: la actual, Emily O'Reilly –apoyada por Verdes como Ernest Urtasun y Ska Keller, y liberales como Sophie in 't Veld–, y Wikström.
El resto de candidatos son: Giuseppe Fortunato –con apoyos del grupo de la Lega–; Julia Lafranque –apoyada por Tono López Istúriz (PP), Dimitris Papadimoulis (Syriza) y Domènec Ruiz (PSOE)–; y Nils Muiznieks –respaldada por Sira Rego (IU), Anna Júlia Donáth (Renew) y Marie Toussaint (Verdes)–.
La institución del Ombudsman está concebida como un ente independiente del poder político. El Parlamento Europeo votó en febrero un nuevo estatuto que, entre otras cosas, establece un periodo de incompatibilidad de 3 años para eurodiputados (y comisarios, etc.) para asegurar independencia política y evitar competencia desleal en la elección. Pero la votación del Parlamento Europeo está bloqueada, y no está en vigor aún por lo que no se aplica a Wikström, que fue eurodiputada hasta el 26 de mayo pasado. Wikström votó a favor de dicho estatuto, que le impediría acceder al cargo si estuviera en funcionamiento.
Pero no es la única sombra de la candidata sueca: recibe 7.000 euros al mes de dos empresas suecas, Beijer Alma y Elekta, que fabrican piezas industriales y hacen radioterapia y de cuyos consejos de administración ha prometido cesar si es elegida como Defensora del Pueblo.
Además del asunto catalán –el eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas preguntó sobre los “nacionalismos y populismos” a O'Reilly en el examen de la Eurocámara–, Wikström se puede beneficiar del disgusto del Consejo y la Comisión Europea con O'Reilly.
El Consejo no olvida su investigación sobre la falta de transparencia de sus procedimientos legislativos; y la Comisión, la investigación sobre la elección opaca del anterior secretario general del Ejecutivo comunitario, el alemán del PP europeo Martin Selmayr.
Pero no sólo se trata de la comisión de Peticiones o la defensora del Pueblo. ¿Cuál es la comisión sobre derechos y libertades del Parlamento Europeo y que puede verse afectada por informes relacionados con los derechos y las libertades en España? LIBE. ¿Y quién preside la comisión LIBE? El socialista Juan Fernando López Aguilar, mientras que la vicepresidenta es Maite Pagazaurtundúa, eurodiputada de Ciudadanos.
PP, PSOE y Ciudadanos han ido de la mano en Europa en el asunto catalán: en junio pasado firmaron una carta para que Carles Puigdemont y Toni Comín no recibieran la acreditación temporal, como eurodiputados electos.
Y los tres grupos respaldaron los informes jurídicos de la Eurocámara sobre la imposibilidad de Puigdemont de acceder al escaño, incluido el redactado en época de Antonio Tajani –que marca la línea del posterior ya en la legislatura de David Sassoli– por el jurisconsulto, Freddy Drexler, afín al líder del PP europeo, acusado de trato de favor y sin larga carrera jurídica.
Pero no sólo eso: los tres grupos se han reunido con eurodiputados, lobbys e instituciones para hacerles llegar su posición sobre la crisis catalana, además de participar juntos en la celebración del 6 de diciembre de 2018 en Bruselas organizada por la Sociedad Civil Catalana.
Uno de los principales invitados de aquella celebración, interrumpida por un activista de los CDR, Adriá Carrasco, fue Josep Borrell.
Un año después, Borrell ya no es ministro de Exteriores de España, sino jefe de la diplomacia europea y vicepresidente del Ejecutivo comunitario. En esa condición, Borrell ha participado en una rueda de prensa este lunes en Madrid junto con el ministro de Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishnan. Y en esa rueda de prensa ha dicho lo siguiente sobre el funcionamiento de la euroorden: “Hay cosas que no son de hoy: en Bélgica, las autoridades judiciales de Flandes no han tenido a bien hacer caso a una orden europea de una conocida etarra [Natividad Jáuregui] a la que se reclaman delitos de sangre y que sigue estando en Bélgica tranquilamente porque los jueces no han considerado oportuno que esa persona sea juzgada en España. Si eso ocurre desde hace años, no nos debe extrañar que ocurran otras cosas”.
Borrell ha hecho estas declaraciones en Madrid poco después de que en Bruselas se celebrara la vista sobre las órdenes de detención y extradición de Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, que han terminado con que la justicia belga aplaza la vista de la euroorden de Puigdemont al 3 de febrero, a la espera de la sentencia europea sobre la inmunidad.
Precisamente ante ese juez belga y la Comisión Europea, los tres líderes independentistas han hecho llegar las declaraciones de Borrell. “Las manifestaciones del señor Borrell se han puesto en conocimiento de la CaÌmara del Consejo, porque es de ellos de quienes se estaÌ dudando, para que se tengan en consideracioÌn a efectos de presuncioÌn de inocencia y de la falta absoluta de garantiÌas que tendriÌamos en caso de ser entregados a una justicia maÌs doÌcil a los deseos del señor Borrell”, dice el comunicado firmado por Puigdemont, Comín y Puig.
“Igualmente”, continúan, “hemos cursado una queja a la ComisioÌn porque este tipo de manifestaciones atentan directamente contra la Directiva Comunitaria 2016/343 de PresuncioÌn de Inocencia”.
“La euroorden no es una relación entre gobiernos”, ha dicho Borrell, “sino entre poderes judiciales, son los jueces de un país a un colega de otro país. Es un espacio jurídico europeo supranacional, que no se va a hacer de la noche a la mañana. No soy un especialista, pero sí, se puede mejorar la euroorden, a través de mecanismos que creen confianza mutua entre los poderes judiciales, que los jueces hablen más”.
Precisamente la reforma de la euroorden –este lunes Borrell ha dicho que le parecía “mejorable– y el papel desempeñado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en relación con ella es un asunto que ya está utilizando el PP y Ciudadanos contra el PSOE. ”Respetamos a la justicia, pero no estaríamos aquí si hubiera funcionado la euroorden como debería“, ha afirmado el portavoz de Ciudadanos en Bruselas, Luis Garicano. Mientras, Pablo Casado señala al líder socialista: ”Sánchez está usando la reforma de la euroorden para su investidura“.
PP y Ciudadanos preparan su estrategia ante el hipotético escenario de que la justicia europea termine reconociendo la inmunidad europarlamentaria a Puigdemont y Comín y agitan la euroorden.
Y fue precisamente el comportamiento de Borrell tras la reactivación de la euroorden por el juez del Supremo Pablo Llarena, el que causó sorpresa en Bruselas: la Comisión Europea dio un toque al entonces aún ministro de Exteriores en funciones por tuitear información confidencial sobre el expediente policial británico de Clara Ponsatí –quien puede convertirse en eurodiputada a partir del Brexit–.