Sebastian Kurz asumió la cancillería austriaca con 31 años. Ya había sido ministro de Exteriores, e irrumpía en la política europea como un nuevo valor de la familia popular. Y lo hizo marcando un camino: sellando una coalición de Gobierno con la extrema derecha del FPÖ. ¿Se repetirá esa alianza a partir de este lunes? “Dependerá de cómo queden los resultados”, explican fuentes del Ejecutivo austriaco, que no descartan una reedición de la alianza con la extrema derecha.
Una alianza que en el segundo semestre de 2018, cuando Austria asumía la presidencia de turno de la UE, marcó la paradoja de que el propio Kurz se desmarcaba de un tratado defendido e impulsado por la UE: el Tratado de las Migraciones de Naciones Unidas.
Austria, con Kurz al frente, y favorito este domingo, se apuntó a la mano dura con la migración siguiendo la estela de otro compañero de familia popular, el húngaro Viktor Orbán; y del ministro del Interior italiano en aquellos momentos, Matteo Salvini, “héroe” de Orbán en esta materia. “Para nosotros es importante que Austria no adquiera un compromiso de derecho internacional consuetudinario, por lo que hemos decidido que no nos uniremos al pacto”, dijo Kurz.
Viena cuestionaba desde la reunificación familiar de los inmigrantes, hasta el eventual compromiso de combatir los delitos de odio, en la medida en que esas propuestas no se ajusten a la legislación nacional vigente. También se mencionaba el principal argumento del Gobierno austriaco de que el acuerdo podría sentar una base para la creación del derecho a la migración como un derecho humano. “Un derecho humano a la migración es ajeno al sistema legal austríaco”, declaró el Gobierno: “La creación de la categoría internacional inexistente del 'migrante' debe ser rechazada”.
Aquella decisión elocuente del canciller Kurz tenía mucho que ver con la cohabitación con la extrema derecha en su propio gabinete, y con el extremo derecho dentro de los populares europeos, que se debaten entre ser fieles a sus raíces democristianas –ese eje carolingio francoalemán– o el populismo de extrema derecha con el que flirtean Kurz, Orbán y Berlusconi, entre otros.
No en vano, la mano derecha de Steve Bannon en su fracasada operación por impulsar una internacional de extrema derecha, el abogado belga y fundador del ya extinto Parti Populaire, Mischaël Modrikamen, reconocía cuáles eran sus referentes en la familia popular: “Hay mucha gente que son más mayoritarios y que no están tan lejos de nuestras convicciones, como Sebastian Kurz y también Pablo Casado en España”.
¿Por qué Kurz? Porque, como Casado en Andalucía y en ciudades como Madrid, es un líder del PPE que pacta con la extrema derecha. El problema es que ese pacto estalló en Austria en mayo, y ese estallido es el que ha conducido a las elecciones de este domingo.
Entonces, se difundió un vídeo en el que el ya exjefe del FPÖ y exvicecanciller, Heinz-Christian Strache, se mostraba dispuesto a dar contratas públicas a cambio de financiación ilegal rusa en 2017 –siendo líder de la oposición–.
Durante años se había presentado como el único partido “patriótico” y “limpio” que trabaja a favor de la ciudadanía. En el vídeo, publicado por dos medios alemanes, se ve cómo Strache promete en una mansión en Ibiza a una supuesta empresaria rusa contratos públicos en el sector de la construcción y ayudarle para comprar el Kronenzeitung, el diario más influyente del país. Todo ello a cambio de donaciones millonarias para su partido, esquivando las leyes de financiación de formaciones políticas.
A partir de ahí, Kurz expulsó de su Gobierno a los ministros de la extrema derecha que, con el resto de la oposición, ganaron una moción de censura a Kurz que abocó al país a las elecciones anticipadas.
Y mientras llegan esas elecciones, la pasada semana el Parlamento austriaco ha dejado en cuarentena el tratado comercial entre la Unión Europea y Mercosur. “El Parlamento austriaco ha aprobado dar instrucciones al Ejecutivo para que vote en contra del acuerdo con Mercosur en la UE”, explican fuentes de la cancillería austriaca. En efecto, el miércoles 18 se aprobó una moción en el Subcomité de la UE, que es vinculante para el Ejecutivo, si bien podría revertirse tras las elecciones del 29 de septiembre.
En todo caso, la petición del Parlamento austriaco a su Gobierno para que vete el acuerdo comercial con Mercosur existe y existirá mientras no se revierta por otra moción parlamentaria. Y eso que el acuerdo aún no está finiquitado a escala europea, adoptado por la Comisión Europea, ni firmado y ratificado por el Consejo Europeo –donde no podrá hacerse si pervive el veto austriaco o se suman otros vetos– ni por el Parlamento Europeo.
El voto negativo del Gobierno austriaco –o de cualquier otro Estado miembro– bloquearía el acuerdo UE-Mercosur ya que requiere unanimidad en el Consejo Europeo por ser un acuerdo de asociación, con competencias de los Estados miembros.
La iniciativa de pedir una nueva negociación partió de los socialdemócratas (SPÖ); los conservadores (ÖVP), que gobiernan la cancillería y las encuestas les sitúan a la cabeza en los comicios del 29 de septiembre, preferían una versión más suave, que exigiera cambiar algunos aspectos, como negociar una compensación para los agricultores. Pero una vez que la extrema derecha (FPÖ) se colocó del lado de la moción, los conservadores se movieron y terminaron sumándose también.
La decisión ha tenido mucho que ver con el contexto de precampaña en Austria, influido por críticas de ONG, asociaciones y sindicatos ante los próximos comicios. Y la posición puede ser revocada por el próximo Parlamento, en función del resultado de las elecciones y de quién estará en el Gobierno. Un Gobierno que dependerá de si la ciudadanía austriaca castiga –y cuánto– a una extrema derecha salpicada por sus vínculos económicos con Rusia.
De momento, los sondeos vaticinan un reforzamiento de Kurz –35% de los votos, 3,5 puntos más que hace dos años–, que sacaría más de 10 puntos al socialdemócrata SPÖ que, encabezados por Pamela Rendi-Wagner, quedarían segundos –22%, 5 puntos menos que en 2017–. Mientras, el FPÖ lograría el 20% de los votos –6 puntos menos que en 2017, con Norbert Hofer al frente en sustitución de Strache–.