- Miles de personas repudiaron en Buenos Aires el fallo de la Corte Suprema que deja en la calle a un torturador de la dictadura
Son caras en blanco y negro, borrosas a fuerza de reproducirlas, con peinados y patillas que delatan el paso del tiempo. Fueron tomadas hace 40 años pero eran este miércoles más actuales que nunca, protagonistas en una plaza abarrotada de caras de todas las edades. Los rostros de los desaparecidos salieron a la calle en pancartas y banderas para recordar que Argentina es un país que no olvida ni perdona. Una marea blanca de pañuelos gritó en las calles ¡Nunca Más! para rechazar el fallo de la Corte Suprema que dejó libre a un torturador de la dictadura.
En la cabeza –atados debajo del mentón, como históricamente lo llevan las Madres de Plaza de Mayo–, al cuello o agitándose en miles de manos en alto, los retazos blancos eran una metáfora –quizá demasiado evidente– de esos anticuerpos que el horror de una dictadura sangrienta ha dejado en la sociedad argentina. Esas defensas inoculadas por el dolor que reaccionaron con fuerza tras el fallo que la semana pasada otorgó a Luis Muiña, un represor condenado por secuestros y torturas, el beneficio del 2x1, por el cual cada año pasado en la cárcel sin sentencia firme reduce dos de la pena.
Los jueces que dieron la mayoría a la sentencia –dos de ellos nombrados por el actual Gobierno, y una tercera que le debe su continuidad en el máximo tribunal– se enfrentaron de inmediato al escarnio generalizado e incluso podrían ser objeto de juicio político. Incluso el Gobierno de Mauricio Macri, al que muchos acusan de haber propiciado el fallo, con el correr de los días fue deslizándose del “respeto a la independencia de la justicia” a un “rechazo total a la impunidad”, a medida que el clamor social se hacía más y más evidente.
A decir verdad, la rabia de este miércoles en la plaza de Mayo había empezado a gestarse mucho antes, poco a poco. Con el desmantelamiento paulatino de los programas de difusión de la memoria histórica, con la presencia de militares golpistas en el desfile del Día de la Independencia, con las declaraciones negacionistas de varios miembros de la nueva administración, con las declaraciones del presidente Macri que relativizaban el número de desaparecidos. “30.000 detenidos desaparecidos ¡Presentes! ¡Ahora y siempre!”, bramó con decenas de miles de voces la plaza de Mayo.
Pero antes que eso, el rechazo social ya había conseguido lo que parecía imposible. En un país políticamente fragmentado, dividido por una “brecha” que parece insalvable, todos los partidos en el Congreso y el Senado se pusieron de acuerdo para sacar adelante, en tiempo récord, una ley que impedirá que los beneficios carcelarios se apliquen a los condenados por delitos de lesa humanidad.
Después de todo, más allá de las diferencias ideológicas a los argentinos les une un pasado común. Así lo explicó una de las diputadas que impulsó la ley, Victoria Donda, hija de desaparecidos: “Tengo muchas diferencias con el diputado [Juan] Cabandié, pero nacimos los dos sobre la misma mesa”. Se refería a la maternidad clandestina de la ESMA, donde parían las secuestradas de la dictadura y adonde les robaban a sus bebés para entregarlos a familias afines al régimen. Las Abuelas han encontrado a 122 de ellos, que han recuperado su verdadera identidad.
“Defender los derechos conquistados”
“Esta lucha es por la memoria, la verdad y la justicia”. En el escenario, representantes de las Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos Desaparecidos y la agrupación Hijos resumían la convocatoria en una frase: “Señores jueces, nunca más. Ningún genocida suelto”. Debajo, una multitud lo repetía como un mantra.
Mientras, sobre la catedral porteña se proyectaban testimonios de víctimas de la represión, y se recordaba con frases la complicidad de una parte de la iglesia católica con el régimen militar que desde 1976 hasta 1983 sumió al país en el horror.
Argentina es un ejemplo para el mundo porque, apenas recuperada la democracia, enjuició a los responsables del terrorismo de Estado. Pero la pelea por meter en prisión a los genocidas no fue sencilla. Las polémicas leyes de Punto Final y Obediencia Debida, además de los indultos “de reconciliación” de la época menemista recuerdan que siempre hay fuerzas que intentan boicotear estos esfuerzos. Pero así y todo hoy hay 700 represores presos. Y otros han muerto cumpliendo sus penas. Varios torturadores y asesinos condenados se apresuraron a pedir también para ellos el beneficio del 2x1. Pero los jueces de primera instancia los están rechazando. Y la ley recién aprobada pretende dar un marco legal más amplio a esa negativa.
Pero sobre todo, Argentina se ha demostrado a sí misma que, al menos en esto, ha aprendido la lección. Y este miércoles ha salido a gritar –en Buenos Aires y en otras ciudades del país y de Europa– que está orgullosa de lo conseguido y que no piensa permitir retrocesos en los derechos conquistados, en la justicia arañada contra todo pronóstico. Como los pañuelos blancos de las Madres que hace 40 años desafiaron al poder clamando por los hijos que la dictadura torturó y asesinó; esos hijos que los genocidas desaparecieron, que tiraron al mar todavía con vida. Como los pañuelos blancos que este miércoles inundaron la plaza, Argentina quiere un futuro limpio de terror, pero bordado de un pasado que no está dispuesta a olvidar.