Más de dos estadios Bernabéu​​ completos se necesitan para dimensionar la cantidad de personas que podrían llegar a morir en el mundo, en los próximos 80 años, si Jair Bolsonaro no revierte la ausencia de una política medioambiental. La proyecciones difundidas por la organización austriaca AllRise estiman que unas 180.000 muertes relacionadas con el calor podrán ser causadas debido a las emisiones contaminantes de Brasil si sigue a este ritmo.
Por eso, AllRise presentó este martes una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente brasileño por supuestos “crímenes contra la humanidad” causados por la deforestación de la Amazonia y sus efectos en la vida en miles de habitantes de todo el planeta. Pero no es la primera vez que pasa. Hasta el momento existen al menos cuatro escritos de acusación vigentes contra Bolsonaro, todos ellos vinculados a la cuestión sociomedioambiental, ante el tribunal internacional.
El primero de ellos es de noviembre de 2019, cuando el Colectivo de Abogados en Derechos Humanos y la Comisión Arns denunciaron crímenes de lesa humanidad e incitación al genocidio indígena. El segundo, de enero de este año, lo presentaron líderes indígenas, que acusaron a Bolsonaro de “ecocidio”. El tercero, de agosto, es el más fuerte de todos estos escritos de acusación porque registra en primera persona la voz de los pueblos indígenas afectados y demuestra el impacto de las políticas del Gobierno de Bolsonaro. Por último, la comunicación del martes pasado, presentada por All Rise, denuncia la violación de los derechos socioambientales y crímenes de lesa humanidad.
Fallo de la justicia local
“Desde que asumió el poder Bolsonaro, la política anti-indígena se ha hecho más evidente y sus efectos más perversos”, dice a elDiario.es Eloisa Machado, doctora en Derechos Humanos por la Universidad de São Paulo y una de las abogadas en dos de las cuatro denuncias vigentes ante la Corte Penal Internacional. “La jurisdicción internacional se activa cuando el sistema de justicia local falla y no muestra imparcialidad e independencia. Desafortunadamente, este es el escenario que tenemos en Brasil”.
Desde 2019, Bolsonaro ha recibido al menos otras tres denuncias vinculadas a la gestión de la pandemia pero han sido archivadas.
Los crímenes contra el medio ambiente son considerados crímenes contra la humanidad. Para los especialistas, todas estas peticiones ante la justicia internacional, llamadas “comunicaciones”, sobre la destrucción de los derechos socioambientales y las agresiones contra los pueblos indígenas deberían ser analizadas en conjunto para tener un diagnóstico de la situación que permita inaugurar una etapa preliminar de la investigación antes de definir los nombres de las víctimas y los imputados.
Eloísa Machado asegura que Bolsonaro practica una política activa contra los derechos indígenas, en especial en su relación con la tierra. “Cuando el presidente destruye la infraestructura pública de protección de los derechos socioambientales, promoviendo la deforestación, las invasiones de tierras y la minería ilegal, esto afecta directamente a los derechos de los pueblos indígenas, porque cuando sus tierras son atacadas, los pueblos indígenas se sienten de inmediato atacados”, dice Machado.
La última comunicación del martes deberá ser evaluada por la Fiscalía, quien podrá abrir un examen preliminar para valorar la gravedad de los hechos, su tipificación como delitos y cuestiones vinculadas a si debe ser aceptada o no.
La petición del Colectivo de Defensa de los Derechos Humanos de 2019, por ejemplo, recibió el visto bueno de la Fiscalía para evitar ser archivada por considerar que los hechos descritos corresponden con la gravedad de los crímenes tipificados en la jurisdicción internacional.
“Imaginamos que la petición de investigación de AllRise se sumará a las que ya están y ayudará a componer el escenario de la situación brasileña”, dice la abogada brasileña.