“El país camina hacia la absoluta normalización institucional a toda velocidad”, dijo el ministro de Justicia de Brasil, Flavio Dino, tras definir los acontecimientos del domingo como la experiencia del “Capitolio brasileño”. Según Dino, hay plena coincidencia entre autoridades civiles y militares sobre “la necesidad de proteger la democracia” y concuerdan en el análisis de que “golpistas y delincuentes fracasaron en la ruptura de la legalidad”.
Entre las medidas tomadas por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y las que adoptó el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, fue posible el desalojo de centenares de bolsonaristas que se encontraban desde hace dos meses instalados en un campamento frente al Cuartel General del Ejército. También fueron desmontados los campamentos que se habían establecido en al menos media docena de estados brasileños.
Sin embargo, se han abierto dudas sobre algunos altos cargos. El ministro de Defensa, José Múcio, figura entre los más criticados tras haber sugerido la necesidad de garantizar una solución negociada a las movilizaciones frente a los cuarteles. Pesan ahora sobre él declaraciones que hizo la semana pasada, cuando afirmó que esas manifestaciones bolsonaristas eran “una demostración de la democracia”.
Durante la rueda de prensa conjunta, Dino salió en defensa de su colega ante las reiteradas preguntas de los periodistas sobre el rol del jefe de la cartera de Defensa. “El ministro Múcio optó por el camino del diálogo con las instituciones militares y no podemos en modo alguno condenarlo por esa razón. Esos son juicios precipitados que pueden inducir a errores”. Dino concluyó: “Quiero hacer una vehemente defensa de la corrección, la lealtad, la sinceridad del ministro, al mando de una de las áreas más difíciles del Gobierno”.
Investigaciones en curso
Las investigaciones en curso expondrán a la luz en los próximos días asuntos más profundos. La Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) estuvo, y aún está, paralizada, un hecho que pareció contribuir a la falta de previsión sobre la naturaleza de las operaciones bolsonaristas que se avecinaban. Según circula ahora, se sabía que algo podía suceder: Veneziano Vital do Rego, el titular del Senado, habló el sábado con el ahora suspendido gobernador de Brasilia, Ibanéis Rocha, para pedirle que reforzara la custodia del edificio del Congreso. Esa demanda fue ignorada.
“¿Se podría haber hecho algo antes de estos sucesos, para evitar los daños?”, preguntó una periodista durante la rueda con la prensa local e internacional. El ministro Dino se limitó a responder: “Desde la esfera federal no se podía hacer nada. No cabía a la Policía Federal ni a la Policía Federal Caminera hacer patrullar el Distrito Federal. Nosotros hicimos lo que estaba en nuestras manos. Nos reunimos con el Gobierno de Brasilia a quien le correspondía ejecutar la ley. Fue este Gobierno el que falló en su plan, que incluso habíamos acordado previamente. Justo después de ese fracaso, el Gobierno federal estuvo en condiciones de actuar. De ahí el decreto que el presidente Lula leyó el domingo por la tarde y que nos permitió intervenir el área de seguridad de Brasilia”.
Marcelo Godoy, columnista del diario Estado de Sao Paulo, dijo que la acción desplegada en la Plaza de los Tres Poderes, con la ocupación vandálica del Palacio del Planalto, del Congreso y el Tribunal Supremo, tenía como objetivo “provocar un golpe de Estado que derribara al presidente Lula da Silva. Así lo muestran los mensajes divulgados por los organizadores del movimiento”.
Para Godoy, una de las voces más respetadas del periodismo político brasileño, una de las grandes dificultades que afrontará el nuevo Ejecutivo en los próximos días es “la acefalía” en el organismo de inteligencia del Gobierno federal. El funcionamiento de esa dependencia ya había sido puesto bajo la lupa de lo que se llamó el Grupo de Transición, dirigido por el ahora vicepresidente Geraldo Alckmin, durante la transición entre el gobierno saliente y el entrante. Un directivo de la Policía Federal y un especialista en bancos de datos, además de tres agentes de inteligencia, formaban parte de ese grupo. Entre ellos figuraba Bruno Marques, conocido por haber actuado como coordinador general de la ABIN durante los dos años de Gobierno de Michel Temer (tras el impeachment contra Dilma Rousseff).
Ya con Bolsonaro en el poder, Marques continuó en funciones hasta el 2020. Su salida vino cuando el expresidente se enteró que Marques había aportado a la campaña de un candidato del PT, en 2018.
Godoy subraya que el nuevo Gobierno carece todavía de equipo de inteligencia. Afirma que no pudieron ocupar a la fecha los cargos de aquellos directores que fueron exonerados. Según su descripción, en la semana que precedió al asalto de este domingo, la ABIN “era un caos total”, lo que podría explicar la ausencia de prevención contra manifestaciones de la ultraderecha.
Para defenderse de la ineficacia, la Agencia Brasileña de Inteligencia afirma que emitió una alerta el domingo por la mañana, al identificar que las personas acampadas frente al cuartel del Ejército convocaban a otros manifestantes a dirigirse a la sede los Poderes. Uno de los que recibió la advertencia fue el ministro de Justicia de Bolsonaro, Anderson Torres, que desde hace una semana ejercía funciones de secretario de Seguridad en el Gobierno de Brasilia. Torres está desde finales de la semana pasada en Estados Unidos, donde se reunió con Bolsonaro.
“Sabemos que (los bolsonaristas) fueron financiados, pero no quiénes los financiaron”, dijo el ministro de Justicia. El Gobierno de Lula ya tendría identificados a los sectores de donde habrían salido los fondos para subvencionar a los cientos de manifestantes que se mantuvieron durante más de dos meses en los campamentos.
En ese contexto, la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido de los Trabajadores divulgó un comunicado sobre los “atentados terroristas y fascistas” ocurridos en la capital brasileña. “El objetivo de los delincuentes era claro: agredir el funcionamiento de las instituciones y, por medio del golpe de Estado, intentar paralizar al Gobierno”. Sugiere que es necesaria una “actuación firme” del Gobierno, especialmente del Ministerio de Defensa, “para garantizar la disciplina y jerarquía de las Fuerzas Armadas”.