“Un nuevo capítulo”. Eso repetían el primer ministro británico, Rishi Sunak, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el anuncio de su nuevo acuerdo para Irlanda del Norte este lunes en el castillo de Windsor. Querían subrayar que este es el comienzo de una relación mejor después de los años de Boris Johnson, pero el pacto es un capítulo más de la historia inconclusa del Brexit.
El acuerdo entre la UE y el Reino Unido para hacer ajustes en el protocolo de Irlanda del Norte se percibe en Bruselas y Londres como un hito después de años de tensiones y también una oportunidad para que este sea el primero de nuevos pactos. Pero aún quedan asuntos complicados que Sunak tendrá que negociar en los próximos meses en circunstancias difíciles por la resistencia de su propio partido.
Los ajustes legales y comerciales en el protocolo de Irlanda del Norte pueden tardar hasta un año en entrar en vigor entre la aprobación de la UE y la aplicación de los cambios en Reino Unido. Entretanto siguen pendientes negociaciones sobre controles de frutas, verduras, plantas y animales, etiquetado, cuotas pesqueras, el estatus de Gibraltar y el papeleo que tienen que hacer los europeos que viven en Reino Unido para seguir teniendo sus derechos laborales o de atención sanitaria. Estas negociaciones tienen consecuencias para millones de ciudadanos de la UE que viven y trabajan en el Reino Unido, entre ellos unos 200.000 españoles censados, para los cerca de 300.000 británicos registrados en España y para agricultores, transportistas y turistas de toda la UE.
La salida del Reino Unido de la Unión Europea se produjo formalmente hace tres años, pero todavía no se ha puesto en marcha todo lo que eso supone. Es así por falta de acuerdo en algunos aspectos, porque los periodos de transición no han terminado o porque los plazos de aplicación se han retrasado, a menudo por falta de recursos de autoridades y empresas para adaptarse a los cambios.
Gibraltar
En el caso de Gibraltar, la Comisión Europea aprobó en julio de 2021 el mandato para la negociación que se dejó como un capítulo fuera del acuerdo de salida del Reino Unido. El objetivo del estatus especial para el territorio es eliminar los controles de personas y bienes en la frontera física ya que la movilidad es constante –unas 15.000 personas entran cada día en el Peñón para trabajar– y a la vez asegurar la seguridad del mercado y la zona de libre circulación de personas de la UE.
En junio de 2016, el 96% de los votantes de Gibraltar se pronunció en contra del Brexit. La población quiere quedarse en la UE, pero a la vez no quiere aceptar ninguna autoridad española, por ejemplo la policía que podría hacer controles en territorio español si se elimina la verja para evitar una frontera dura. El Reino Unido quiere que sea la policía de control de fronteras de la UE, Frontex, pero el Gobierno español se niega.
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, sugirió en enero que el acuerdo estaba cerca, pero no ha habido ninguna novedad visible desde entonces. El ministro se mostró esta semana más optimista por el acercamiento con Londres tras el pacto en Windsor, pero no hay un plazo indicativo para el acuerdo que, además, se podría complicar si hay un cambio de Gobierno en España en las próximas elecciones.
Una decena de asuntos
La lista de flecos es todavía larga. El think-tank UK in a Changing Europe, una red de académicos e investigadores que coordina el King’s College de Londres y hace el seguimiento más exhaustivo de las negociaciones con la UE, incluye en su informe Where Next? The future of the UK-EU relationship, publicado en enero, una cronología de los asuntos que quedan por delante de aquí a 2027 y tiene una decena de puntos.
“El protocolo de Irlanda del Norte ha sido el último gran asunto que estaba sin resolver, pero muchos de los puntos en la cronología pueden empezar a convertirse en problemas”, explica a elDiario.es Stephen Hunsaker, investigador del think-tank especialista en comercio y uno de los autores del informe. “Además, hay cosas sobre las que es difícil saber que serán un problema, por ejemplo la crisis de las pequeñas embarcaciones, que es algo que no se esperaba pero es un problema”, dice en referencia al aumento de las llegadas a Reino Unido en botes y otras embarcaciones de migrantes que cruzan el canal de la Mancha.
Sunak está negociando ahora un nuevo acuerdo de control fronterizo con el presidente francés, Emmanuel Macron, que le recibirá el 10 de marzo en París para la primera cumbre franco-británica en cinco años.
En lo que puede ser una pista de los próximos pasos, en la rueda de prensa del lunes, Sunak recalcó los pactos sobre migración. Von der Leyen aludió a otro debate que interesa mucho a científicos y académicos en Reino Unido: Horizonte Europa, el programa para financiar investigaciones paneuropeas en el que Londres ahora no está.
Más controles y nuevas etiquetas
Entretanto, los flecos pendientes del acuerdo de comercio y cooperación con la UE son numerosos y tienen plazos que a menudo se han retrasado.
El acuerdo firmado en 2020 supone que no hay aranceles, pero como el Reino Unido no es parte del mercado único y no ha querido un pacto más ágil como el de Noruega o Suiza no hay libre circulación ni de bienes ni de personas y eso supone un papeleo extra. Es especialmente gravoso en tiempo y dinero para comerciantes y transportistas. Y lo puede ser más –o menos, en función de la negociación– cuando entren en vigor las nuevas normas y controles sanitarios para los productos derivados de plantas y de animales, entre otros. Temerosos del papeleo extra, los británicos han ido retrasando la fecha para no entorpecer más el comercio aunque los productores y veterinarios británicos se quejan de que ellos sí tienen que hacer esos controles cuando entran en la UE.
En teoría, el nuevo sistema debería entrar en vigor en 2024, pero es una de las fechas que se han ido retrasando, y podría acabar dejándose para la revisión de todo el acuerdo comercial con la UE, que está prevista para 2025 y que coincidirá con un nuevo Gobierno en Reino Unido –probablemente laborista, según las encuestas– y una nueva Comisión Europea tras las elecciones al Parlamento Europeo.
Una de las claves es que en diciembre de 2024, si se cumple lo previsto, Reino Unido ya no aceptará en sus supermercados productos con la marca “CE”, el estándar de la UE para indicar que cumplen con los requisitos mínimos de calidad y autorización. Esa marca tendrá que ser sustituida por “UKCA”, que otorgan las autoridades del Reino Unido con estándares parecidos o iguales, pero después de haber hecho los controles. Esto se ha ido retrasando entre otras cosas por la falta de recursos para una labor ardua. Por ejemplo, según cita el informe de UK in a Changing Europe, como solo hay un centro de control de radiadores en Reino Unido se tardarían 75 años en chequear todos los que hay en el mercado.
“Los riesgos son que muchos bienes no estarán autorizados con una etiqueta ‘UKCA’ a tiempo y que muchos productores extranjeros no se molestarán en obtenerla en absoluto. Esto significaría que muchos productos esenciales desaparecerían de las estanterías y las cadenas de suministro”, explica el informe. Si para 2024 hay una mayoría sustancial de bienes que no tengan esta etiqueta, el Gobierno británico tendrá de nuevo que aplazar la fecha para cumplir con este requisito o replantearse seguir aceptando la marca y los estándares de la UE.
El Reino Unido ya ha vivido varias veces la ausencia de productos básicos de sus estanterías. En las últimas semanas faltan tomates, lechugas, pimientos, pepinos y otras verduras como en ningún otro país en Europa por la ausencia de producción propia, la bajada de la exportación de España por semanas especialmente frías y la mayor dependencia de Marruecos tras el Brexit.
Complicación por estándares
A finales de este año, según una legislación aún en curso en el Parlamento británico, miles de leyes nacionales que provienen de la aplicación de la legislación de la UE tienen que ser revisadas o eliminadas automáticamente. Dos tercios de las empresas creen que si finalmente se aplica así habrá más incertidumbre y la economía no crecerá más, según una encuesta encargada por una alianza de organizaciones dedicadas a los estándares medioambientales y de seguridad pública.
Esta “hoguera de leyes europeas” (así lo llaman los partidarios del Brexit) dificultará el reconocimiento común de estándares en medio de decisiones concretas e inmediatas. Este año, por ejemplo, hay que renegociar el acceso a los servicios financieros mutuos –que expira en diciembre de 2023 para las empresas europeas que prestan servicios en Reino Unido y en 2025 para las británicas en el continente– y la compraventa de coches eléctricos que tienen que tener un porcentaje más elevado de piezas hechas en el Reino Unido o la Unión Europea a partir de 2024 o pagarán aranceles.
En 2025, expirará el acuerdo temporal sobre la protección de datos privados en aplicación de la ley de la UE y, si Reino Unido no utiliza los mismos estándares, esto supondrá más papeleo y gastos para las empresas y los consumidores de bienes y servicios transfronterizos. Para 2026, hay que renegociar la cooperación energética, esencial sobre todo para mantener las infraestructuras comunes, y expira el pacto temporal de acceso a las aguas pesqueras con lo que empiezan negociaciones anuales que podrían ser tan agónicas o más que las habituales entre Estados miembros de la UE.
Los ciudadanos
La frontera británica-europea es más dura que otras en Europa por el modelo que eligió el Gobierno de Boris Johnson de ruptura, que no permite, por ejemplo, viajar solo con el carné de identidad. A partir de mayo de este año, la UE introducirá la obligatoriedad de los pasaportes biométricos para los viajeros de otros países y esto puede complicar aún más los viajes para turistas y transportistas, que ya han sufrido largas colas en el puerto de Dover, en el Reino Unido. Esto se podría evitar si la UE y el Reino Unido llegan a un nuevo acuerdo.
La empresa de trenes Eurostar dice que ahora mismo no vende todos los asientos de algunos trenes entre Londres y el continente porque los controles suponen colas tan largas en la estación que a los pasajeros no les da tiempo a llegar, especialmente en las primeras horas de la mañana.
En casa, las autoridades británicas tienen que definir ahora mejor el papeleo para los ciudadanos de la UE que viven y trabajan en el Reino Unido y que ya estaban en el país antes de que entrara en vigor el Brexit, con lo que siguen manteniendo sus derechos laborales o de asistencia médica, como parte del acuerdo con la UE.
Según los requisitos actuales, el Gobierno obliga a hacer el papeleo dos veces para este estatus temporal previo a la residencia, pero un tribunal británico ha declarado ilegal el sistema del que también se había quejado la Comisión Europea. En principio, el Ministerio de Interior pensaba apelar, pero el Gobierno británico ha decidido finalmente no hacerlo y acatará la sentencia para simplificar los requisitos. Aún tiene que presentar los detalles.