España lleva desde el lunes repitiendo en Bruselas, en Madrid y a quien quiera escucharle que no le valen ni el acuerdo de retirada del Reino Unido de la UE ni la declaración política para la relación futura con Reino Unido tras el Brexit. Y no le valen por la ausencia de concreción sobre el papel preferente de España en las relaciones con Gibraltar.
El ministro de Exteriores, Josep Borrell, lo dijo públicamente el lunes en el consejo de ministros de Exteriores en Bruselas, cuando por primera vez dejó en el aire la celebración de la cumbre. El martes, insistió Pedro Sánchez en un acto con The Economist, quien ya el miércoles por la noche pronunció la palabra “veto” en Valladolid, con el primer ministro portugués, Antonio Costa. El jueves fue el secretario de Estado para la UE, Marco Aguiniano, quien en el Congreso de los Diputados reiteró los argumentos: “Retiraron un texto con nocturnidad y alevosía para introducir el artículo 184, ambiguo, que no podemos aceptar”.
El viernes, Aguiniano se reunía en Bruselas con sus homólogos comunitarios y le ofrecían una vía de escape: una declaración complementaria firmada por los 27 con los argumentos de España sobre Gibraltar –que han estado presentes en las líneas generales de la negociación desde el principio, que todo acuerdo con Reino Unido y la UE sobre Gibraltar requiere del visto bueno de España–. Una solución que ya sobrevolaba el jueves en el colegio de comisarios que dio el visto bueno a la declaración política que no mencionaba a Gibraltar.
A esa declaración, no firmada por Reino Unido y sin valor jurídico, se añadiría otra en la Londres debería respaldar el contenido del texto de los 27. Ese paquete, según Aguiniano, sí tendría valor jurídico gracias al texto británico de respaldo.
A esa propuesta, habría que añadirle otro elemento fundamental: el tercer acuerdo, que aún ni siquiera está redactado, y que marcará lo que está por venir. Se trata del acuerdo de la relación futura entre Reino Unido y la UE, que entrará en vigor una vez que se haya concluido el periodo de transición desde el 29 de marzo de 2019, fecha en la que Reino Unido se va de la UE, y el 31 de diciembre de 2020 –si no se prorroga–, fecha en la que concluye el periodo de transición –en el que debe aprobarse el acuerdo de la relación futura–.
Ese acuerdo desarrolla la declaración política que ya se conoce, y es una suerte de acuerdo comercial mejorado y ampliado, que requiere de la aprobación de los parlamentos nacionales –y, ahí sí que sí, el veto puede ejercerse por parte de los legislativos– y en el que una ausencia de la singularidad española con Gibraltar podría ser definitiva.
Sin embargo, el texto británico no termina de llegar a España, y mientras no llega, Moncloa se mantiene en el veto. “No hay garantías suficientes, y sin garantías seguimos en el veto. Y si hay veto, no habrá cumbre”, ha afirmado Sánchez en La Habana.
En efecto, la cumbre del domingo no está pensada para ser una cumbre de negociación sin hora de salida. Está diseñada para santificar el acuerdo de retirada y aprobar la declaración política. Por eso se ha fijado su inicio a las 9.30 y la rueda de prensa de cierre, a las 12.00.
Y, de momento, no hay nada que santificar.
“Yo no habría querido estar en la piel de quien vio el artículo 184 y pensó que podría ser, por su ambigüedad, un foco de futuros problemas. ¿Das la alarma o no dices nada en la confianza de que nadie encontrará ese resquicio entre 585 páginas?”, se preguntaba un diplomático comunitario. “Y una vez que das la alarma... ¿Hay que llegar hasta los límites a los que está llegando España en público?”, se preguntaba.
Del mismo modo que en Bruselas se dice que todo al final termina resolviéndose, aunque sea en el último minuto; también se dice que hasta que todo está cerrado, no hay nada cerrado. Y, a menos de 48 horas de la cumbre, todo está abierto porque no está todo cerrado.
Las negociaciones continúan, y si al final no hay cumbre el domingo, podría posponerse unos días, o dejarla para diciembre. En todo caso, los efectos colaterales para España de llevar a los 27 al extremo de no aprobar el domingo uno de los hechos más importantes de la historia de la Unión Europea son difíciles de calcular.
“Nadie entiende bien qué ha pasado y por qué estamos en esta situación”, afirmaba una fuente diplomática, “porque en todo el proceso España tampoco había expresado una especial preocupación”. “Es que el artículo apareció de la noche a la mañana”, lleva toda la semana quejándose Exteriores.
España ha apostado muy alto, es un todo o nada, y aunque en Bruselas “siempre se acaba encontrando una solución”, lo cierto es que la dificultad va a estar en lograr una solución a la altura de la apuesta y en que esa solución puede venderse como un logro en España tras un veto y un ultimátum como el que ha lanzado el Gobierno de Pedro Sánchez.