El riesgo de una salida desordenada y caótica del Reino Unido de la UE es cada vez mayor. Así lo constata Bruselas, que este miércoles, horas después de la votación de Westminster en la que se pedía renegociar el Brexit, la Comisión Europea ha adoptado un conjunto de propuestas de contingencia en el ámbito del programa Erasmus, la coordinación de la seguridad social y el presupuesto de la UE.
En un escenario de Brexit sin acuerdo, las medidas adoptadas este miércoles garantizarán que los jóvenes de la UE y del Reino Unido que participen en el programa Erasmus+ a 30 de marzo de 2019 puedan completar su estancia sin interrupción; las autoridades de los Estados miembros de la UE sigan teniendo en cuenta los periodos de seguro, empleo o residencia en el Reino Unido antes de la fecha de retirada a la hora de calcular prestaciones de la seguridad social como las pensiones; los beneficiarios del Reino Unido de la financiación de la UE sigan recibiendo pagos en virtud de los contratos vigentes, siempre que el Reino Unido siga cumpliendo sus obligaciones financieras con cargo al presupuesto de la UE. Esta cuestión es independiente de la liquidación financiera entre la Unión Europea y el Reino Unido.
La Comisión hace hincapié en que “estas medidas en ningún caso podrán atenuar el impacto global de la falta de acuerdo, como tampoco compensarán en ningún modo la falta de preparación ni reproducirán plenamente las ventajas de la adhesión a la Unión o las ventajosas condiciones de un eventual periodo de transición como el que se prevé en el acuerdo de retirada”.
Así, las propuestas aprobadas son “de carácter temporal, tienen un alcance limitado y serán adoptadas unilateralmente por la UE”.
Erasmus+
Erasmus+ es uno de los programas más representativos de la UE. A 30 de marzo, al día siguiente de la salida prevista del Reino Unido de la UE, serán 14.000 los jóvenes de la EU-27 (incluidos estudiantes, estudiantes en prácticas de educación superior y de educación y formación profesionales, educandos jóvenes y personal educativo) que se encuentren en el Reino Unido gracias al programa Erasmus+, y 7.000 los participantes del Reino Unido que se encuentren en la EU-27.
En un escenario sin acuerdo, no podrían completar su estancia y dejarían de reunir las condiciones para poder optar a estas becas. La propuesta aprobada tiene por objeto remediar esta situación garantizando que, en caso de producirse este escenario, los estudiantes y los becarios que estén en el extranjero gracias a Erasmus+ en el momento de la retirada del Reino Unido puedan completar sus estudios y seguir recibiendo los fondos o becas pertinentes.
Seguridad social de los ciudadanos
La propuesta de la Comisión pretende “garantizar” que, en un Brexit sin acuerdo, se salvaguarden los derechos de las personas que ejercieron su derecho a la libre circulación antes de la retirada del Reino Unido. Estos derechos incluyen periodos de seguro, de trabajo (autónomo o por cuenta ajena) o de residencia en el Reino Unido antes de su retirada.
Por ejemplo, esto significa que si un ciudadano de la EU-27 ha trabajado durante 10 años en el Reino Unido antes del Brexit, las autoridades competentes del Estado miembro en el que se jubila deben tener en cuenta este periodo a la hora de calcular sus derechos de pensión.
El Reglamento propuesto garantiza que los Estados miembros sigan aplicando los principios básicos de la coordinación de la seguridad social de la UE, a saber, los principios de igualdad de trato, asimilación y agregación.
La propuesta de este miércoles en ningún caso reproduce las significativas ventajas del acuerdo de retirada del 14 de noviembre. No cubre los derechos acumulados después del 29 de marzo de 2019 ni la exportabilidad de las prestaciones en metálico, la provisión continuada de prestaciones por enfermedad en especie ni las normas sobre la legislación aplicable.
Protección de los beneficiarios del presupuesto de la UE
Como se ha reiterado en numerosas ocasiones, todos los compromisos contraídos por los 28 Estados miembros deben ser respetados por estos. Ello también se aplicaría en un «escenario sin acuerdo», situación en la que Bruselas espera que el Reino Unido siga cumpliendo todos los compromisos asumidos durante su pertenencia a la UE.
La propuesta permite a la UE, en un Brexit sin acuerdo, estar en condiciones de cumplir sus compromisos y seguir realizando pagos en 2019 a los beneficiarios del Reino Unido para los contratos firmados y las decisiones tomadas antes del 30 de marzo de 2019, a condición de que el Reino Unido cumpla sus obligaciones en virtud del presupuesto de 2019 y acepte los controles y comprobaciones de auditoría necesarios.
Esto ayudaría a mitigar el considerable impacto que tendría una hipotética falta de acuerdo en toda una serie de ámbitos que reciben financiación de la UE, como la investigación, la innovación o la agricultura.
Esta cuestión será independiente del acuerdo financiero entre la UE y el Reino Unido.