Bruselas quiere que se congelen fondos europeos por el asalto al Estado de Derecho en Hungría. La Comisión Europea ha propuesto este domingo a los Gobiernos de la UE medidas de protección presupuestaria en virtud del mecanismo de condicionalidad para garantizar la protección del presupuesto de la UE y los intereses financieros de la UE contra las violaciones de los principios del Estado de derecho en Hungría. La decisión consiste en proponer a los Estados miembros la suspensión del 65% de tres programas de fondos de cohesión, unos 7.500 millones de euros.
El comisario europeo Johannes Hahn, a cargo de Presupuesto y Administración ha dicho: “La decisión de hoy es una clara demostración de la determinación de la Comisión Europea de proteger el presupuesto de la UE y utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para garantizar este importante objetivo”.
Este paso llega después de las negociaciones entre la Comisión y las autoridades húngaras en los últimos meses, “que ha dado lugar a que Hungría proponga una serie de medidas correctoras para abordar las preocupaciones identificadas por la Comisión cuando se lanzó formalmente el proceso el 27 de abril de este año”, afirma Bruselas: “Viene después de la carta que la Comisión envió a Hungría, en la que se describen las medidas que pretendía proponer al Consejo, y las medidas correctoras presentadas por Hungría en la carta del 22 de agosto, complementadas con aclaraciones adicionales en una carta del 13 de septiembre”.
“La Comisión ha evaluado minuciosamente la respuesta húngara, analizando en particular si las medidas correctoras abordan adecuadamente las conclusiones iniciales de la Comisión. Para que las medidas se consideren adecuadas, deberán poner fin a las infracciones de los principios del Estado de Derecho y a los riesgos que crean para el presupuesto de la UE y los intereses financieros de la Unión”, afirma Bruselas: “La conclusión de la Comisión es que las medidas correctivas propuestas podrían, en principio, abordar los problemas en cuestión, si se detallan correctamente en las leyes y normas pertinentes y se implementan en consecuencia”.
“En espera del cumplimiento de los pasos clave de ejecución, la Comisión considera que en esta fase sigue existiendo un riesgo para el presupuesto”, dice el Ejecutivo comunitario, que propone: “La suspensión del 65 % de los compromisos de tres programas operativos en el marco de la política de cohesión; la prohibición de contraer compromisos jurídicos con los fideicomisos de interés público para programas implementados en gestión directa e indirecta”.
El Consejo –los gobiernos de la UE– tiene ahora un mes para decidir si adopta tales medidas, por mayoría cualificada. Este plazo podrá prorrogarse por un máximo de dos meses más en circunstancias excepcionales.
Hungría, por su parte, se ha comprometido a informar completamente a la Comisión sobre el cumplimiento de los pasos clave de implementación antes del 19 de noviembre.
Cerco a Hungría
La extrema derecha está a punto de entrar en el Gobierno de Suecia y de ganar las elecciones en Italia –en ambos casos de la mano de los populares europeos–. Pero ya hay países de la UE, como Hungría y Polonia, donde soberanistas ultraconservadores llevan tiempo en el poder cometiendo asaltos al sistema judicial, persiguiendo a los colectivos LGTBI y asfixiando a las universidades, medios de comunicación y recortando derechos de las mujeres –Hungría exige que las mujeres escuchen el latido del corazón del feto antes de abortar–.
Este jueves el Parlamento Europeo concluía que Hungría ya no podía considerarse una democracia homologable, sino un “régimen híbrido de autocracia electoral”. Es decir, un lugar en el que se celebran elecciones, pero sin llegar a ser democrático. El informe aprobado en el Parlamento Europeo llega justo cuatro años después de que la propia Eurocámara pusiera en marcha una censura contra el Gobierno de Viktor Orbán –activando el Artículo 7 por vulnerar los “valores europeos”– y a pocos días de que la Comisión Europea haya propuesto proponer a los gobiernos de la UE cortar fondos europeos por la corrupción en el país.
“Hoy todos somos conscientes de que debemos luchar por nuestras democracias, todos los días”, decía la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ante el pleno del Parlamento Europeo durante el debate del estado de la Unión, este miércoles en Estrasburgo: “Debemos protegerlas tanto de las amenazas externas a las que se enfrentan como de los vicios que las corroen desde dentro. La protección del Estado de derecho es el deber y la misión más noble de mi Comisión. Por lo tanto, permítanme asegurarles esto: seguiremos insistiendo en la independencia judicial. Y también protegeremos nuestro presupuesto a través del mecanismo de condicionalidad”.
Independencia judicial y mecanismo de condicionalidad, dice Von der Leyen. ¿Por qué? Porque el dinero de los fondos de recuperación a Polonia –35.400 millones– está bloqueado hasta que el Ejecutivo descolonice el Poder Judicial. Y mecanismo de condicionalidad porque está activado con Hungría, y a punto de avanzar un paso más.
“El Gobierno de Orbán ha estado trabajando para cumplir con el mandato que nos dio la mayoría del electorado húngaro: hemos estado luchando contra la presión de la inmigración ilegal en nuestras fronteras del sur; manteniendo a los activistas LGBTQ fuera de nuestras escuelas protegiendo a nuestros niños y, en este momento, somos los que más se oponen a la fallida política de sanciones de Bruselas contra Rusia”, según el portavoz húngaro, Zoltan Kovacs.
Lucha contra la corrupción
Von der Leyen ha explicado en el pasado: “En el caso de Hungría, lo hemos dejado claro. El tema es la corrupción, hemos discutido con Hungría cuestiones sobre el mecanismo de recuperación y resiliencia, y aquí el requisito son reformas para luchar contra la corrupción”.
En el informe aprobado este jueves en el Parlamento Europeo, también se pide a la Comisión Europea no aprobar el plan de recuperación de Hungría hasta que el país cumpla plenamente todas las recomendaciones del Semestre Europeo y aplique todas las sentencias relevantes del Tribunal de Justicia de la UE y del Tribunal de Derechos Humanos; excluir de financiación los programas de cohesión que contribuyan al mal uso de los fondos de la UE o a vulneraciones del Estado de Derecho; y aplicar el Reglamento de Disposiciones Comunes y el Reglamento Financiero de manera más rigurosa para evitar un uso indebido de los fondos comunitarios por razones políticas.
De todo eso, ya hay algo que está pasando, y es que Bruselas mantiene congelado el plan de recuperación húngaro, 7.200 millones de euros, por su deriva autoritaria. En respuesta, Orbán mantiene el veto al impuesto mínimo del 15% a escala europea para las multinacionales. Veto que España, Italia, Alemania, Francia y Países Bajos quieren sortear, igual que han tenido que sortear los 26 países de la UE la oposición constante de Hungría a las sanciones contra el Kremlin por la invasión de Ucrania decretada por el presidente ruso, Vladímir Putin, el 24 de febrero pasado.
La UE tiene abiertos cada vez más frentes con Orbán, y va estrechando el cerco a un sistema que ya se define, en palabras del Parlamento Europeo, como “régimen híbrido de autocracia electoral”.