Hungría ya no puede considerarse una democracia plena. Es la conclusión del Parlamento Europeo, que ha aprobado este jueves una resolución de condena al régimen de Viktor Orbán, sólo con el voto en contra de los grupos de extrema derecha, como Vox, Fratelli d'Italia y la Lega, estos dos últimos aliados electorales de los populares –Forza Italia– en las elecciones italianas del 25 de septiembre que pueden colocar a Giorgia Meloni al frente del Gobierno italiano.
La votación se produce pocos días antes de que la Comisión Europea recomiende este domingo recortar los fondos a Orban debido a las preocupaciones sobre la corrupción generalizada en Hungría, el primer país sujeto a una investigación bajo el nuevo mecanismo de condicionalidad, según el cual no puede ir dinero europeo a un país que no cumpla con el Estado de Derecho.
En la resolución, el Parlamento Europeo condena los “esfuerzos deliberados y sistémicos del Gobierno húngaro” para socavar los valores comunes europeos. Además, reclama resultados en el procedimiento del llamado Artículo 7, es decir el proceso abierto contra Hungría y votado en la Eurocámara en septiembre de 2018 –en aquel momento la mitad del PP español votó con Orbán– por la deriva autoritaria del país.
La falta de una acción decidida por parte de la UE ha contribuido, según los eurodiputados, a la aparición de un “régimen híbrido de autocracia electoral”, es decir un sistema constitucional en el que se celebran elecciones, pero que no respeta las normas y estándares democráticos.
El informe aprobado el jueves, con 433 votos a favor, 123 en contra –básicamente de la ultraderecha– y 28 abstenciones, usa como base el texto adoptado por la Cámara en 2018 que supuso la activación del procedimiento bajo el Artículo 7 para evaluar la evolución en los 12 ámbitos que más preocupan a los eurodiputados.
Así, demuestra cómo los valores recogidos en el Artículo 2 del Tratado, incluidos la democracia y los derechos fundamentales, han empeorado en los últimos cuatro años, debido a los “esfuerzos deliberados y sistémicos del Gobierno húngaro”, y la situación se ha agravado por la inacción de la UE.
El Parlamento Europeo, además, lamenta la incapacidad del Consejo de la UE –los Gobiernos– para frenar el retroceso democrático. Los eurodiputados enfatizan que el Artículo 7(1) no requiere unanimidad entre los Estados miembros para identificar un riesgo claro de violación grave de los valores comunes, ni tampoco conlleva emitir recomendaciones ni plazos.
Los eurodiputados, además señalan que continuar retrasando la adopción de pasos adicionales en el Artículo 7 para proteger los valores de la UE en Hungría supondría una vulneración del principio del Estado de derecho por el propio Consejo.
El pleno, por tanto, insta a la Comisión Europea a utilizar todas las herramientas a su disposición y, en particular, el reglamento sobre condicionalidad del presupuesto, algo que ya ha puesto en marcha el Ejecutivo comunitario y que puede concluir con la retirada de los fondos europeos por la deriva autoritaria y homófoba del país.
La Eurocámara, así mismo, pide a la Comisión Europea: no aprobar el plan de recuperación de Hungría hasta que el país cumpla plenamente todas las recomendaciones del Semestre Europeo y aplique todas las sentencias relevantes del Tribunal de Justicia de la UE y del Tribunal de Derechos Humanos; excluir de financiación los programas de cohesión que contribuyan al mal uso de los fondos de la UE o a vulneraciones del Estado de derecho; y aplicar el Reglamento de Disposiciones Comunes y el Reglamento Financiero de manera más rigurosa para evitar un uso indebido de los fondos comunitarios por razones políticas.
Cuatro años después del informe que dio inicio al procedimiento por el Artículo 7, los eurodiputados siguen preocupados sobre numerosas cuestiones relativas a la democracia y los derechos fundamentales en Hungría.
Entre las principales áreas que generan inquietud figuran el funcionamiento de los sistemas constitucional y electoral, la independencia de la judicatura, la corrupción y los conflictos de interés y la libertad de expresión, incluido el pluralismo informativo.
La libertad académica, de religión y de asociación, el derecho a la igualdad de trato, incluidos los derechos de las personas LGBTIQ, los derechos de las minorías, así como los de los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, también son áreas problemáticas.