Encapuchados, blandiendo metralletas con una mano y haciendo los cuernos con la otra como gesto de pertenencia a una banda criminal, decenas de personas reivindicaban este jueves en un vídeo el asesinato a tiros del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Faltan 10 días para las elecciones presidenciales de Ecuador, que acudirá a las urnas en estado de excepción.
En el vídeo afirman ser miembros de la pandilla Los Lobos, la segunda más numerosa de Ecuador y con fuerte presencia en las prisiones del país. Poco después, otro grupo vestido de blanco y con el rostro descubierto afirma que es parte de Los Lobos y asegura que la organización no ha participado en el asesinato del político. La muerte de Villavicencio es el último incidente de la espiral creciente de violencia descontrolada que sufre el país a manos de grupos criminales.
El año pasado fue el más violento de la historia de Ecuador, con una tasa de 25,5 asesinatos por cada 100.000 habitantes. La cifra casi duplica la de 2021 (13,7). Entre 2016 y 2022 la tasa se ha multiplicado por cuatro. Según datos de algunos analistas, 2023 va camino de alcanzar una tasa de 40 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.
El mes pasado, Agustín Intriago, alcalde de Manta, una de las más grandes del país, también murió a balazos cuando visitaba unas obras de alcantarillado. Mientras tanto, esa semana estallaron graves disturbios en varias prisiones que acabaron con 31 muertos en cuatro días.
Desde 2021, más de 400 reos han muerto en el interior de las cárceles. Lejos quedan los días en los que el país era calificado como una 'isla de paz' por su localización entre dos países gravemente azotados por la violencia: Colombia y Perú.
“La particularidad del caso ecuatoriano es que se ha disparado en muy poco tiempo. Todavía no somos el más violento, pero el punto no es cuánta violencia, sino que entre 2017 y 2023 vamos a multiplicar casi por 8 la tasa de muertes violentas”, dice a elDiario.es Carla Álvarez, docente investigadora universitaria de Ecuador especialista en temas de seguridad.
Ese aumento exponencial ha hecho que el país pase de los puestos más altos en percepción de seguridad en 2018 en América Latina al peor de toda la región en 2023. “Habíamos tenido olas de violencia previas, pero nunca como ahora. Nunca la violencia había llegado a afectar de esta manera a la política”, dice Álvarez.
El peligro de la bukelización
La campaña electoral de Ecuador gira en torno a la violencia en el país, lo que se ha agravado aún más con el asesinato de uno de los principales candidatos. Mientras, a nivel regional triunfa y va calando la estrategia de seguridad de mano dura aplicada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a pesar de su elevado coste de derechos humanos.
Después del incidente de julio en las cárceles, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, publicó imágenes en Twitter de pandilleros hacinados con el pecho descubierto y esposados similares a las que llegan desde El Salvador.
“El asesinato de Villavicencio es el ejemplo más burdo de violencia política que debe ponernos a todos en alerta”, dice a elDiario.es Tamara Taraciuk, directora del programa de Estado de derecho del think tank The Dialogue, enfocado en cuestiones latinoamericanas. “Es más urgente que nunca abordar la crisis de seguridad en Ecuador y hacerlo dentro del Estado de derecho, sin recaer en la tentación de las soluciones fáciles cortoplacistas de mano dura que a la larga poco ayudan a resolver el problema”.
Mano dura es lo que precisamente están promoviendo muchos de los candidatos a la presidencia de Ecuador en esta campaña, sostiene Álvarez. “Es su plato principal porque es lo que la gente quiere oír. Están atemorizados. Pero la situación de seguridad de Ecuador no pasa por la bukelización de la política de seguridad. Hay que pensar en la seguridad desde múltiples aristas”, dice Álvarez.
“La politización de esta muerte traerá muchas complicaciones. A partir de este evento tenemos el estado de excepción número 19 desde junio del 2021 y ninguno de ellos ha reducido los niveles de violencia, pero sí reducen los derechos”, explica la investigadora.
Razones del aumento de la violencia
“Hay muchos factores y la explicación no es única. Estamos en una región superconflictiva, rodeados de los mayores productores de cocaína del mundo, con una geografía muy compleja y golpeados de manera muy fuerte por la pandemia”, dice Álvarez. “Todo esto en medio de una lógica neoliberal que te dice que no es conveniente tener un Estado obeso. Este discurso lleva a desmontar instituciones, que se traduce, por ejemplo, en el debilitamiento del sistema carcelario”, añade. Las cárceles se han convertido en los últimos años en uno de los principales focos de violencia en el país.
“Tenemos un Estado cayéndose en pedazos. La fórmula neoliberal de reducción de gastos ha incrementado exponencialmente la violencia”, afirma Álvarez. La investigadora denuncia que la policía tiene problemas para abastecerse de gasolina y no tiene ni chalecos ni armas suficientes.
Un análisis del think tank estadounidense Council of Foreign Relations sostiene que el expresidente Rafael Correa (2007-2017) “redujo la tasa de homicidios a niveles históricos con una combinación de aumento del control policial, reducción de la pobreza y la desigualdad y el permitir a las pandillas convertirse en asociaciones culturales si abandonaban la violencia”.
Sin embargo, el autor señala que el expresidente también “colocó una bomba de relojería” al debilitar la capacidad de luchar contra el narcotráfico transnacional y cortar la cooperación con EEUU. Para Correa, el problema era de los países consumidores. “La zona marítima exclusiva quedó sin vigilancia y embarcaciones del narcotráfico empezaron a agruparse en la zona desde unas aguas peruanas y colombianas más vigiladas”, sostiene el investigador Will Freeman en su informe.
Sus sucesores empeoraron la situación. Lenin Moreno, que ejerció como vicepresidente de Correa –pero que posteriormente se separó de él–, “se centró en purgar a los leales de Correa, lo que hizo a la presidencia perder el control de las instituciones”. Sus maniobras en el Ministerio de Justicia, sostiene el autor, le hicieron “perder el control de las megaprisiones, que se convirtieron en bases para grupos del crimen organizado”. Ahora ese crimen organizado ha “cooptado partes del Estado”.
“Cuando Lasso, un conservador de ‘gobierno pequeño’, fue elegido presidente en 2021, Ecuador se precipitaba hacia el ojo del huracán”, dice Freeman. El actual presidente actuó “mal y tarde”, sostiene el autor. Entre las medidas aprobadas permitió la posesión de armas a civiles y declaró organización terrorista a varios grupos criminales. “Ambas medidas son principalmente cosméticas”, dice Freeman.
Crece el narcotráfico
El analista del Council on Foreign Relations sostiene que algunos factores externos también han contribuido al aumento de la violencia, como el acuerdo de paz de Colombia con la guerrilla de las FARC.
“Las FARC habían mantenido durante mucho tiempo un monopolio de facto sobre las lucrativas rutas de tráfico de cocaína desde el sur de Colombia hasta los puertos ecuatorianos del Pacífico, donde solían mantener la violencia al mínimo. La desmovilización del grupo abrió un vacío de poder, incluso cuando la producción colombiana de coca alcanzó un máximo histórico”, dice Freeman.
“Los grupos ecuatorianos empezaron a luchar para llenar el vacío. Percibiendo la oportunidad, los grupos criminales extranjeros no tardaron en seguir sus pasos. Los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que ya estaban en guerra abierta en México, reclutaron fuerzas locales para tratar de hacerse con el control en Ecuador”, dice.
Según el informe anual de la Oficina de Naciones Unidas de Crimen y Drogas, Ecuador se convirtió en 2021 en el tercer país con mayor incautación de cocaína del mundo (6,5% del total), solo por detrás de Colombia y Estados Unidos. El país también es el tercer punto de salida de cocaína hacia Europa, por detrás de Brasil y Colombia.