Las tres centrales sindicales de Argentina han logrado una alta adhesión este jueves a la segunda huelga general contra los recortes del Gobierno de Javier Milei. En cinco meses de gestión, el líder ultraderechista ha desfinanciado la educación pública universitaria y el desarrollo de la ciencia, ha liberado el precio en alimentos, medicamentos y servicios básicos, y ha empujado a la pobreza a millones de personas. En paralelo, la denominada Ley Bases, un compendio de 279 artículos que se propone cambiar la estructura económica hacia un régimen ultraliberal, ha comenzado a ser debatida en el Senado, tras su aprobación en la Cámara de Diputados.
La postal del segundo paro general –el primero fue el 24 de enero– en Buenos Aires, replicada en el resto del país, ha sido una de calles vacías, ningún tren ni metro saliendo de las estaciones, algunos autobuses circulando con pocos pasajeros, poca actividad en comercios. La medida ha tenido un 97% de seguimiento de la administración pública, según han informado las centrales obreras, pese a que el Gobierno ha amedrentado a los trabajadores estatales con el descuento del día de trabajo.
La Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA) y la CTA Autónoma han emitido un documento donde dan cuenta de las causas de la huelga. “Estamos frente a un Gobierno nacional que promueve la quita de derechos laborales y sociales, que redefine el rol del Estado, cerrando y achicando a su mínima expresión importantes dependencias e instituciones que brindan asistencia a nuestra población, generando de esta forma ciento de miles de despidos de servidores públicos”.
Como es habitual en él, Milei ha arremetido en redes sociales contra la huelga general contra sus reformas económicas estructurales. “Yo no paro”, ha publicado en X e Instagram, acompañado de su conocido lema: “Viva la libertad carajo”.
Crece el desempleo
Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, explica a elDiario.es su preocupación por la reforma laboral que está incluida en la Ley Bases. “La reforma laboral abarata el despido en momentos de pérdidas de trabajo y de recesión, se pretende legalizar el despido discriminatorio, sin causa justa, fomentando la persecución de los activismos. Aparece la figura del trabajador independiente, que es un fraude laboral encubierto”. La reforma laboral flexibiliza aspectos clave como la posibilidad de reemplazar la indemnización por un fondo de cese laboral, que se deducirá del salario mensual; la extensión del período de prueba de seis o 12 meses y la contratación de hasta cinco trabajadores bajo la modalidad de monotributo como “trabajadores independientes”, extinguiendo así la relación laboral.
El panorama en materia de empleo resulta alarmante, advierte Yasky. “En el caso del sector de la construcción, se perdieron 100.000 empleos entre despidos (por el decreto de suspensión) de la obra pública y los del sector privado. Son 380.000 afiliados activos, por eso es evidente que la cifra es descomunal. Por cada empleo directo se ganan dos empleos indirectos en la cadena de valor, y a la inversa, por un despido, se pierden dos empleos indirectos. En cinco meses se calculan 300.000 puestos de trabajo perdidos, entre los 100.000 de la construcción, 20.000 en el sector estatal y en las pymes (pequeñas y medianas empresas). En el transcurso de los próximos meses vamos a ir a un desempleo de dos dígitos (en el último trimestre de 2023, último registro, fue del 5,7%)”, sostuvo el líder sindical.
El proyecto fiscal dentro de la Ley Bases es regresivo al aliviar la carga impositiva a los más ricos y elevarla a los trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. Además, se prevé un blanqueo de capitales amplio y flexible que podría convertir a Argentina en un paraíso fiscal.
El secretario general de la CTA de los Trabajadores describe tales aspectos negativos si finalmente se aprueba el proyecto. “Otro punto es las facilidades extraordinarias para el lavado de dinero. Los paraísos fiscales no generan empleo. Va a haber un paraíso fiscal abierto a fondos cuyo origen no tendrá registro legal, eso abre la puerta al blanqueo de dinero que proviene del tráfico de personas y de los grupos del narcotráfico. También está el capítulo impositivo: se reducen los impuestos para los más ricos, el de bienes personales, y se aumenta el impuesto a los salarios de los trabajadores (rentas)”.
El documento consensuado entre la CGT y las dos CTA describe en cifras las consecuencias del ajuste de Milei, quien llegó al poder el 10 de diciembre bajo el eslogan de combatir a “la casta”. “Un 31% de caída real en las partidas presupuestarias de jubilaciones y pensiones, un 87% en obras públicas, un 39% en subsidios al transporte, un 76%o en transferencias a las provincias, un 18% en recorte a las universidades y un 13% en programas sociales; son solo algunos de los indicadores que ponen en evidencia que el ajuste no lo paga la casta; sino que recae sobre los sectores más vulnerables”.
“Convertir a Argentina en una neocolonia”
La posible aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de la Ley Bases tendría efectos irreversibles en el corto y mediano plazo. El régimen otorga un trato preferencial a los bienes importados por grandes empresas (extranjeras) beneficiarias del RIGI, pues realizarán inversiones de envergadura básicamente en actividades primarias. Podrán ingresar cualquier bien de capital, repuestos o insumos sin arancel alguno, tanto en la etapa de la inversión inicial como durante todo el flujo productivo de los próximos 30 años. Así, se pondrá en clara desventaja a la industria nacional.
Carlos Girotti, secretario de enlace territorial de la CTA de los Trabajadores, dice a elDiario.es que el último viaje de Milei a Estados Unidos es una muestra del plan de ofrecer grandes inversiones al mundo sin una preservación de la industria nacional ni de los recursos clave como litio, cobre e hidrocarburos. “Esta ley se propone convertir a Argentina en una neocolonia controlada por un grupo plutocrático de grandes grupos económicos coaligados con empresas extranjeras. La segunda visita de Milei a Elon Musk revela el plan RIGI: a ceder soberanía facilitando el ingreso de capitales depredadores de recursos naturales, sin darle valor agregado, meramente extractivista, convirtiendo a nuestro territorio en una zona de extracción”.
Las tres centrales sindicales afirman que el presidente Milei “promueve peligrosas políticas de privatización de empresas públicas y de entrega de los recursos del patrimonio nacional”. Las 11 privatizaciones, ya votadas en la Cámara de Diputados, pueden derivar en más desocupación. El desfinanciamiento de la seguridad social, de la salud pública, de las universidades, de la educación, de la ciencia y la cultura completan el cuadro de situación crítico.
El sistema científico y tecnológico está sufriendo un proceso de desmantelamiento. Así lo describe la viróloga Andrea Gamarnik, de la Fundación Instituto Leloir, a elDiario.es. “Hay un plan de destrucción en el ámbito del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), donde han despedido a personal administrativo vital para el funcionamiento de los institutos, han reducido y retrasado las becas de doctorado con lo cual se corta un proceso de formación de recursos humanos y no se han incorporado a los investigadores de la carrera que ya habían concursado. No es solo un recorte de presupuesto sino un plan de desmantelamiento y destrucción de una cultura científica que caracteriza a nuestro país”.
Gamarnik cree que la delegación de facultades legislativas al presidente impactará de lleno en la ciencia. “La Ley Bases tiene artículos que deja en una situación de alta vulnerabilidad a instituciones científicas, como es el articulo 3 que le da facultades al poder ejecutivo para modificar las funciones o reestructurar instituciones del sistema científico y tecnológico, y el artículo 52, que faculta al Ejecutivo a poner en situación de disponibilidad a todo empleado público, entre ellos a los integrantes del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología”.
La marcha de un millón de argentinos el 23 de abril en defensa de la educación pública ante la asfixia presupuestaria evidenció el malestar social contra el ajuste del Gobierno. Esta segunda huelga general lo ratifica.