El 24 de noviembre de 2016, el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron un acuerdo de paz cargado de esperanza para los jóvenes del país, los habitantes de zonas rurales y los activistas. La reinserción social de la guerrilla, la desconcentración de la tierra y el cese de la violencia daban aire al país después de décadas de asesinatos y secuestros.
Casi dos años después y con un nuevo Gobierno de derechas, los excombatientes de las FARC se encuentran en un limbo jurídico y las negociaciones con el otro gran grupo guerrillero, el ELN, están congeladas. El Gobierno de Iván Duque no se sentará a hablar si no es bajo una serie de condiciones. Una de ellas –concentrarse en una zona concreta– resulta difícil para el ELN al estar sus fuerzas diseminadas por varias regiones. Con más de 1.500 guerrilleros, una estructura más bien federal y un mando descentralizado, el grupo que nació siendo marxista-cristiano debe entrar en su recta final para que todo el proceso de paz siga teniendo sentido.
“Cerrar ese capítulo es fundamental y por eso también podemos decir de manera decidida que tiene que continuar el proceso con el ELN. No es una paz completa si esto no se lleva adelante”, asegura el activista durante una entrevista con eldiario.es.
Tras la firma del acuerdo de paz con las FARC, ¿en qué situación quedan los campesinos de las zonas rurales azotadas por el conflicto?
Una de las situaciones que se presenta es que la salida de las FARC genera también la llegada o la aparición de nuevos grupos que quieren controlar estas zonas. Esto sucede ante la evidente incapacidad del Estado de llegar de manera integral, de poder controlar estos territorios, y esto empieza también a generar nuevas formas de violencia.
¿De qué grupos estamos hablando?
De manera general, hablamos del paramilitarismo que busca controlar estos territorios para aliarse o establecer rutas de narcotráfico en estas zonas o la implementación de otros tipo de intereses económicos. Básicamente se trata de estructuras del paramilitarismo.
Entonces realmente la violencia no cesa. ¿Cómo afecta a las personas que viven en el medio rural?
El problema de la concentración de la tierra en Colombia está cada vez más agudizado. El último informe de Oxfam sobre la tenencia de la tierra indica que, en los últimos 50 años se ha producido un incremento en la concentración. Se ha llegado a que un 80% del territorio de fincas esté en manos del 1% de los propietarios y se ha dado la desaparición casi total del microfundio. Esto significa la desaparición de la relación de miles de personas con la tierra. Esa forma de violencia se expresa en el incremento de acciones en contra de las organizaciones sociales y de los activistas.
¿Todo esto merece la pena?
Sí. Vale la pena la construcción y transformación de muchas cosas en Colombia y la posibilidad de construir de manera más consciente desde los territorios donde se tenga en cuenta la mirada de las comunidades y su posición frente al modelo económico. Creo que todo lo que hemos hecho hasta ahora ha valido la pena y va a seguir siendo así.
¿Cómo le afecta todo esto a nivel familiar y laboral?
Es un tema fuerte porque tienes la presión sobre todo lo que haces y la incertidumbre de un peligro constante. La inseguridad te acompaña en la cotidianidad. Ha habido estrategias para intentar frenar a los y las defensoras amenazando a sus familias y han tenido que terminar desplazándose.
¿Qué papel juegan los afrodescendientes en el país y cuáles son sus objetivos?
En general, las comunidades afro vienen de unos procesos de movimiento social muy fuerte, sobre todo en el Pacífico, pero también en otras regiones con la Ley 70 que permite la creación de los consejos comunitarios donde se debería tener una autonomía real para decidir desde su visión cómo es el desarrollo y la forma de los proyectos que quieren implementar en sus territorios.
Esto, lamentablemente, todavía es una pelea constante. El Estado no concibe que haya unas formas diferentes al modelo económico preestablecido. La apuesta de recuperar muchas de sus tradiciones es uno de los grandes objetivos.
¿Cambia todo la firma del acuerdo de paz con las FARC?
Sí, porque la esperanza que pusimos todos es que íbamos a tener la posibilidad de cerrar un capítulo de conflicto armado y nos íbamos a poder centrar en toda esa construcción con las nuevas dinámicas. Cerrar ese capítulo es fundamental y por eso también podemos decir de manera decidida que tiene que continuar el proceso con el ELN. No es una paz completa si esto no se lleva adelante. Tenemos que salvaguardar ese proceso presionando al Gobierno para que se siente en la mesa y tenga disponibilidad de llevar el diálogo.
¿En qué situación se encuentran las negociaciones con el ELN?
El nuevo Gobierno no ha definido qué persona va a asumir directamente la negociación en La Habana con el ELN. De manera unilateral, ha puesto tres condiciones que hacen inviable el proceso. En las últimas semanas, el ELN ha hecho llamamientos a los distintos sectores de la sociedad para que se logre generar un espacio de negociación y se discuta realmente cómo continuar.
Ayer también apareció una información referente a este llamamiento que decía que si se quiere que cese el fuego, que no lo imponga el Estado de manera unilateral, sino de manera consensuada y negociada en ese espacio que sea bilateral.
¿Cuáles son esas tres condiciones?
Que cese toda acción militar, que se concentren en un punto del territorio y que se fije un tiempo determinado para el proyecto. Esto se suma a la petición de que liberen a los secuestrados. Pero en este punto también hay una discusión que el ELN ha planteado en algunas entrevistas que han hecho con medios. Quieren sentarse a discutir la lista de personas que dice el Gobierno que están secuestradas, y así poder contrastar esto con todas sus fuentes y saber qué personas están realmente en su poder.
Consideramos que una vez establecido quién está realmente en el poder de este grupo guerrillero se podrán hacer los procesos y protocolos de liberación.
¿En qué se diferencian principalmente las FARC del ELN?
La primera diferencia es que el proceso del ELN parte del proceso de La Habana con las FARC y eso significa que no se van a abordar puntos que ya se han tratado con los primeros. Esto puede poner en duda el saber con quién se está negociando o si el Estado quiere realmente cumplir o no.
En términos de las diferencias, las cifras oficiales apuntan a que en estos momentos hay de 1.500 a 2.000 combatientes; en las FARC, se certificaron 7.000 combatientes. Los riesgos también son altos en términos de que la nueva situación de violencia que estamos viviendo, si no hay un proceso exitoso con el ELN, puede hacer que haya una reconfiguración que pueda fortalecer militarmente al ELN, que tiene presencia en distintas regiones y en distintos contextos. En algunos lados, también han ampliado recientemente su rango de acción en áreas que dejaron las FARC. En este momento hay una confrontación de estructuras del ELN con otros grupos por ese control.
¿Qué otros grupos siguen en activo?
Hay un reducto del EPL en el norte del país que siempre se ha planteado la voluntad de tener un espacio de negociación, pero por supuesto el Estado lo que ha hecho ha sido buscar una confrontación más directa y una respuesta militar mucho más fuerte.
Después se habló de un proceso de sometimiento con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. El líder de esa organización planteó en un vídeo de difusión nacional que están a disposición de negociar. Eso sucedió durante el Gobierno de Santos. Lamentablemente, esto quedó ahí.
Los excombatientes de las FARC están ahora en un limbo burocrático. ¿Esto puede obstaculizar el proceso con el ELN?
Sí, esta es una de las preocupaciones para ellos y, en general, para toda la sociedad en términos de reincorporación. Algunos ni siquiera tienen todavía la cédula, no se ha cubierto el tema de salud como había quedado pactado, tampoco la educación, no hay acceso a tierra ni a proyectos productivos. Todo esto hace que muchos de los excombatientes hayan dejado los espacios territoriales, no porque hayan vuelto a las armas, sino porque tienen que buscarse la vida.
Todo esto hace que, de alguna manera, el proceso de paz se quede sin oxígeno o que parezca que el Estado esté forzando a que nuevamente muchos de estos exintegrantes retomen la idea de la vía armada.
¿El cambio de Gobierno es un gran obstáculo para este proceso?
Sí. El nuevo Gobierno ha planteado unas reformas estructurales al acuerdo, algunas de las cuales ya venían del Gobierno de Santos, que se centran en la limitación de la llegada al poder político de las insurgencias y del movimiento social en general.