Información “falsa y distorsionada”, juicios de valor, presiones para continuar con embarazos no deseados e incluso artículos que vinculan el aborto con el abuso infantil. Una investigación publicada este martes por la organización Open Democracy revela la existencia de una red internacional de centros de atención a mujeres embarazadas gestionados por organizaciones antiabortistas y repartidos por todo el mundo, también en España. Suelen mostrarse como servicios de asesoramiento neutral, pero son un foco de “desinformación” para las mujeres y adolescentes que acuden a ellos en busca de ayuda.
La plataforma ha mapeado el alcance global de este tipo de centros durante nueve meses para concluir que la red existe en los cinco continentes y “está respaldada” económicamente por grandes organizaciones antiaborto: Heartbeat International, con fuerte implantación en Estados Unidos y más de 2.000 filiales en 60 países (algo más de 30, en nuestro país); y Human Life International. Para ello, varias periodistas se han infiltrado haciéndose pasar por mujeres embarazadas en centros de 18 países, entre ellos España, Argentina, Croacia, Corea del Sur, Uganda, Serbia, Italia, México o Israel.
Lo que se encontraron fueron “presiones para continuar con el embarazo”, incluso “en casos de violación o de violencia doméstica” –a la periodista que visitó un centro en Argentina le llegaron a decir que aunque era una víctima en su relación, el aborto le haría formar parte de esa violencia– e “información falsa y distorsionada sobre el aborto”. En algunos centros, incluso personal “no cualificado” les ofreció a las mujeres hacerles ecografías, tal y como hacía la diputada de Vox en la Asamblea de Madrid Gádor Joya, quien sí es médico pero que utilizaba una ambulancia de la plataforma Derecho a Vivir a las puertas de una clínica de abortos.
“Les dicen a las mujeres falsamente que el aborto aumenta el riesgo de cáncer”, de enfermedades mentales o de problemas en futuros embarazos; que los hospitales “se negarán a atender complicaciones médicas” derivadas de la interrupción voluntaria del embarazo, que puede hacer que sus parejas “pasen a ser gays” o que el aborto “aumenta el riesgo” de que las mujeres que lo hacen “abusen físicamente” de otros hijos.
La célula en España
Esto último es lo que tuvo que leer la periodista que trabajó en España en la copia de un artículo que le entregaron en uno de estos centros de Madrid perteneciente a la Asociación en Defensa de la Vida Humana (Adevida). En él, se decía que “después de un aborto, una mujer tiene un 99% más de probabilidades de abusar físicamente de otros hijos, y esto aumenta al 189% después de varios abortos”, especifica la investigación. Además, el personal hizo “juicios morales sobre sus elecciones reproductivas”, le dijo que “podría volverse estéril”, “sufrir un ataque cardíaco” o padecer ansiedad y depresión si abortaba.
Adevida es una de las organizaciones antiaborto más activas de nuestro país y forma parte de la Federación Española de Asociaciones Provida, uno de los socios internacionales en España que Heartbeat (latido, en castellano) cita en su página web. Según la investigación publicada por Open Democracy, la mayor parte de las mujeres que había en el centro visitado por la periodista eran jóvenes migrantes de América Latina y el director del mismo “confirmó” a la reportera “que la mayoría de las asistentes son mujeres pobres e inmigrantes”.
Este tipo de organizaciones y de centros suelen ofrecer ayudas a las mujeres embarazadas (comida, utensilios para los bebés o asistencia psicológica), una medida aparentemente neutra que precisamente forma parte del acuerdo de Gobierno para Andalucía entre el PP y Vox. Este discurso es también el que enarbolan muchos de los grupos ultracatólicos que se sitúan a las puertas de las clínicas de abortos en varias ciudades españolas para intentar convencer a las mujeres que entran de que no aborten mediante folletos con información falsa o incluso enseñándoles fetos de juguete.
Apoyo económico y vínculos políticos
Open Democracy ha rastreado las memorias económicas de los últimos diez años de Heartbeat, con sede en Ohio, y de Human Life International, el otro gran grupo antiabortista estadounidense con sede en Virginia. Entre sus conclusiones los investigadores encontraron que la primera gastó casi 1 millón de dólares en el extranjero desde 2007, “incluido el apoyo directo a más de una docena de grupos contra el aborto en todo el mundo”. Human Life International (HLI), por su parte, gastó 12 millones desde el mismo año, un “apoyo” dirigido a “docenas de países” -Ecuador, Nigeria, Italia...-.
En concreto, y en lo que respecta a España, los investigadores han encontrado en las memorias financieras de Heartbeat que Provida ha sido una de las entidades “receptoras” de sus subvenciones en 2016 y 2017, aunque la cantidad “es pequeña” –1.200 dólares en 2017 y “no especificado” un año antes–. Por su parte, Adevida recibió entre 2014 y 2018 casi 40.000 euros de diferentes administraciones públicas, según figura en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.
Open Democracy también pone el foco en que la mayoría de los centros visitados o contactados por sus periodistas “no dejaron claro sus afiliaciones religiosas o posiciones antiaborto” ni en sus páginas web ni en sus redes sociales. Y cita como “excepciones notables” los centros de Canadá e Irlanda, donde los operadores que les atendieron “les dijeron directamente que no apoyan el aborto”.
Esta falta de transparencia también alcanza a los vínculos de Heartbeat International y el poder político estadounidense. Aún así, la investigación incide en que la organización ha afirmado “tener estrechos vínculos” con la Administración de Donald Trump y que incluso el vicepresidente del Gobierno, Mike Pence, ha intervenido en alguno de sus eventos. El año pasado, por ejemplo, Trump aplaudió una decisión de la Corte Suprema a favor de este tipo de “centros de atención al embarazo” y hace un mes se convirtió en el primer presidente de EEUU en acudir a una “Marcha por la vida” convocada por grupos antiabortistas en Washington.
La investigación hecha pública este martes ha provocado las reacciones políticas y de organizaciones en defensa de los derechos humanos, entre ellas, Human Rights Watch o Amnistía Internacional. Su asesor legal, Jaime Todd-Gher ha denunciado “las tácticas poco éticas y engañosas” a las que recurren estos grupos con el objetivo “de restringir el derecho al aborto”. Por su parte, el eurodiputado y relator especial del Parlamento Europeo sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, Fred Matic, ha tildado las actividades de “vulneraciones de los derechos humanos”.