Chile decide en referéndum si aprueba una nueva constitución que entierre la de Pinochet y blinde los derechos sociales

Justo cuando se cumple un año del inicio del estallido social en Chile, se empiezan a concretar los efectos de aquellas protestas en las calles. Este domingo, más de 14 millones de personas están convocadas a las urnas en un plebiscito que determinará el futuro de la actual Constitución, aprobada en 1980 bajo la dictadura de Augusto Pinochet y uno de los blancos contra los cuales clamaron los manifestantes.

“Apruebo” o “rechazo” (una nueva constitución) son las dos opciones entra las que podrá elegir la población, que también tendrá que votar el mecanismo a través del cual se elegirán los encargados de escribir el nuevo texto. Hay dos posibilidades: la convención constitucional, formada por 155 asambleístas electos, o bien, la convención mixta, que además de los electos, integrarían también parlamentarios en ejercicio definidos por el mismo Congreso. La primera opción incluye un mecanismo inédito para garantizar la paridad de género en el proceso constituyente.

La cita, que se celebrará con estrictas medidas de seguridad por la pandemia, despierta una fuerte expectación en el país. Según las últimas encuestas, un 83% de los votantes asegura que sí participará en los comicios. Otros sondeos revelan que casi un 70% estaría a favor del “apruebo”, mientras que solo un 18% se inclinaría por el “rechazo”. Aunque el margen de diferencia puede variar según la encuesta, hasta la fecha no se ha publicado ninguna que dé por vencedora la opción “rechazo”, por la que apuestan algunos sectores de la derecha.

El camino hasta aquí

En octubre de 2019, las protestas de los estudiantes por el aumento del precio del billete de metro abrieron una olla a presión de descontento popular cuyos ecos continúan. “¡Chile Despertó!” fue la frase que se coreó prácticamente desde el inicio de las manifestaciones, hasta convertirse en himno de todas las protestas. “Hasta que la dignidad se haga costumbre” o “No son 30 pesos, son 30 años” fueron otras de las consignas más simbólicas de ese estallido, que puso en el centro de sus demandas el acceso y la mejora de derechos sociales como las pensiones, la salud o la educación. 

Con la intención de frenar las movilizaciones, los partidos del Gobierno y de la oposición pactaron en noviembre la convocatoria de un plebiscito constitucional inicialmente previsto para el 26 de abril. La pandemia obligó a suspenderlo hasta este domingo. 

La importancia de la votación

Hay varios elementos que convierten el 25 de octubre de 2020 en una fecha histórica en Chile. Para el abogado constitucionalista Jaime Bassa la votación “consolida el trance histórico entre dos momentos políticos distintos del país: el período de la transición –que va desde 1990 hasta el 18 de octubre de 2019– y lo que venga después de 2022, que será cuando se votará la nueva Constitución”.

En su opinión, el valor del plebiscito es doble: por un lado, permitirá “la apertura formal del proceso constituyente” y, por el otro, podría consolidar “una manifestación de voluntad popular que se ha expresado en la calle en el último año”. 

Para Sofía Brito, licenciada en Derecho y coautora del libro La Constitución en debate y editora de Por una Constitución feminista, se trata de “todo un hito” porque en Chile las constituciones siempre han sido redactadas por comisiones de expertos, en contextos dictatoriales, explica. Y añade: “Por fin, se puede volver a la legitimidad popular que tienen que tener las constituciones”.

Un proceso constituyente paritario e inclusivo

Además, Chile podría llegar a ser un ejemplo para el mundo al convertirse en el primer país con una constitución escrita por un órgano paritario, integrado por el mismo número de hombres y de mujeres. “La mayoría de las constituciones latinoamericanas han sido escritas con entre el 30 y el 33% de presencia femenina en el órgano constituyente. En Chile existirá un mecanismo correctivo por el que ninguno de los dos géneros puede superar el 55%”, dice Brito.

El acuerdo de los partidos políticos no contemplaba la paridad, pero el movimiento feminista chileno presionó con fuerza en la calle y en las instituciones para incorporarla. También se está trabajando, aunque con menos celeridad, para incluir representantes de los pueblos indígenas y personas independientes de los partidos políticos y más vinculados al movimiento social.

“La incorporación de estas voces es clave para el éxito del recorrido porque la legitimidad del proceso que se abre dependerá, en gran medida, de que la ciudadanía se sienta reconocida”, subraya Bassa. A su juicio, eso solo ocurrirá si se abre la participación “de manera radical y democrática”. Además, añade, “nuevos actores son necesarios para generar un texto distinto al de la Constitución del 80”.

Grandes temas que tocan los cimientos del país

Si, como es previsible, gana el “apruebo”, se abrirá un proceso constituyente que pondrá encima de la mesa grandes asuntos que alterarán el esqueleto político e institucional de Chile. “Habrá que revisar el corazón del proyecto político de la dictadura, que hasta el momento no ha sido tocado”, indica Jaime Bassa.

Eso incluye, a su parecer, hablar de la “concentración de poder”, el “desequilibrio territorial e institucional” (presidente versus resto de poderes) y el lugar que ocuparán los derechos sociales en el nuevo orden político. 

En la misma línea, Sofía Brito recalca que la actual carta magna “regula los derechos como si fuesen libertades económicas: tenemos la libertad para acceder a la educación o para acceder a la salud, pero sabemos que estas libertades, en la práctica, dependen de la capacidad económica de cada persona”. El abogado lo resume: “Mientras una cara de los ‘derechos’ genera precariedad para parte importante de la población, la otra cara de esos mismos ‘derechos’ generan riqueza y han construido verdaderas fortunas individuales y familiares”. 

Un recorrido con posibles obstáculos 

La crisis de legitimidad institucional ha sido una de las principales características del estallido social. “La desconfianza estructural hacia la política representativa” es un escollo en el proceso, dice Jaime Bassa, que lanza el desafío de “potenciar la dimensión representativa de la democracia con la participación política de la ciudadanía”. 

El segundo desafío, señala, tiene que ver con la derecha chilena: “¿Cómo de dispuestos están los sectores privilegiados de la sociedad a aceptar una derrota política?”. Ese es, en su opinión, uno de los primeros nudos que habrá que deshacer, sobre todo, considerando los pronósticos de las encuestas.

Los resultados de la votación pondrán a prueba “el compromiso democrático de la derecha” y –avisa– la derecha latinoamericana ha mantenido una tendencia histórica a ignorar los resultados de los procesos políticos y sociales. “Es clave que tanto ganadores como perdedores acepten los resultados para que la nueva Constitución pueda legitimarse”.