Chile vive una nueva jornada electoral histórica este domingo, la enésima desde el inicio del proceso constituyente que impulsó el estallido social de 2019 y que casi cuatro años después, y una pandemia de por medio, aún no ha logrado concluir.
Más de 15 millones de electores están convocados para votar a los 50 integrantes del Consejo Constitucional (25 hombres y 25 mujeres) encargados de redactar por segunda vez una propuesta de nueva Constitución. La labor de los consejeros, no obstante, ha sido cuestionada por algunos, que consideran que su margen de acción será muy limitado porque el texto constitucional ya hace meses que empezó a escribirse. Desde marzo, un comité de expertos designados por el Congreso a propuesta de los partidos elabora un anteproyecto que será la base sobre la que trabajarán los consejeros electos.
Un tercer órgano integrado por 14 juristas velará para que los artículos finales se ajusten a 12 principios institucionales acordados previamente por las distintas fuerzas políticas y pensados para impedir un texto refundacional como el surgido del proceso anterior.
“Queda todo en manos de los partidos que estarán representados dentro del Consejo y que, en cierta forma, también están dentro del Comité de Expertos”, dice a elDiario.es Jeanne Simon, politóloga de la Universidad de Concepción. La preponderancia de los partidos, que atraviesan una profunda crisis de legitimidad, “genera una falta de confianza de la ciudadanía” en esta segunda etapa, añade Cristian Ovando, académico del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Tarapacá.
“Gran desafección y desinterés”
Las expectativas de la ciudadanía en el proceso constituyente se desplomaron tras el fracaso del primer intento, que terminó con el amplio rechazo en septiembre de la propuesta que iba a sustituir a la Constitución emanada de la dictadura de Augusto Pinochet. También influyeron considerablemente el diseño de una nueva hoja de ruta alejado de la ciudadanía y el surgimiento de temas más urgentes para la sociedad. El momentum constituyente que atravesaba el país se desinfló.
“Hay una gran desafección y desinterés por las elecciones del domingo y la mayor parte de los electores ni siquiera saben por quién votar”, dice Miguel Ángel López, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Para Ovando, “hay una fatiga constituyente, una fatiga ciudadana, porque en muy poco tiempo ha habido más de tres elecciones”.
Los expertos coinciden en otro factor de desinterés: la agenda pública ha quedado totalmente copada por temas relacionados con la seguridad pública, la crisis migratoria en la frontera con Perú y la compleja situación económica de la que el país no logra salir. Los mismos asuntos que, según las encuestas, preocupan más a los chilenos. “Hay una necesidad de respuestas inmediatas a temas muy complejos”, dice Raúl Burgos, experto en historia política chilena de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. “En este ambiente –prosigue– se hace más difícil discutir temas de organización política o de derechos cuyos resultados se observarán en el mediano y largo plazo”.
Voto obligatorio y ¿baja participación?
La campaña electoral que se cerró el jueves fue descafeinada, poco participativa y no ha logrado motivar a los votantes que, por primera vez desde 2012, están obligados a acudir a las urnas en una elección de candidatos. Millones de ciudadanos debutarán en expresar sus preferencias políticas, hasta ahora desconocidas porque no siempre han ejercido su derecho a voto.
Sin embargo y a pesar de la obligatoriedad, la falta de compromiso ciudadano podría derivar en una baja participación o incluso provocar un aumento considerable de votos nulos o en blanco. “Si hay una alta abstención (porque las posibilidades de multar por no participar son muy bajas) o si hay muchos votos blancos o nulos, las elecciones perderían mucha validez y legitimidad”, dice López.
Balanza hacia la derecha
Tanto la coalición de Gobierno como la de oposición compiten con listas separadas. El centro-izquierda y la izquierda, que gobiernan juntas bajo el mando de Gabriel Boric, se han dividido, pero por primera vez desde el fin de la dictadura el Partido Socialista abandonó su alianza histórica con el centro-izquierda tradicional para sumarse al pacto del bloque del Frente Amplio y el Partido Comunista de Chile.
“Un resultado no muy optimista para la coalición de Gobierno agudizará las diferencias entre los dos sectores”, dice Ovando. Según él, “hay una percepción ciudadana de crisis al interior del Gobierno dado que no fueron capaces de aunar voluntades para confluir en una sola lista”.
La derecha también se separó en tres listas: la tradicional y las emergentes, divididas en la ultraderecha del Partido Republicano (PR) de José Antonio Kast, excandidato presidencial que ganó la primera vuelta contra Boric, y la populista del Partido de la Gente (PDG). Ambas debutan en una votación de constituyentes.
“Si gana la ultraderecha tendrá un impacto muy fuerte para la derecha tradicional porque significará una erosión muy fuerte de sus bases sociales”, dice Miguel Ángel López. También tendría consecuencias para el Gobierno, aumentaría la polarización y desplazaría hacia la derecha al conjunto de la opinión pública, añade.
Aunque los escenarios son abiertos e inciertos, varios sondeos proyectan una victoria del bloque conservador. Sin embargo, la gran incógnita es si la derecha sumará los 30 escaños para llegar a los tres quintos necesarios que le permitirían controlar el Consejo y aprobar los artículos de su interés sin necesidad de negociar con otros sectores.
Impacto en el Gobierno de Boric
El Gobierno tomó nota de que el plebiscito de septiembre acabó interpretándose como un examen a Boric. A diferencia de entonces, ahora el presidente ha optado por permanecer en silencio y tomar distancia del proceso.
Los pronósticos para las fuerzas gubernamentales son desalentadores. Los partidos de centro-izquierda que se incorporaron en el último tiempo al Ejecutivo para aportar una dosis de moderación podrían recibir un batacazo. Sin embargo, está por ver si esto acaba repercutiendo a nivel interno en el Gobierno y de qué forma.
Los analistas también apuntan a las consecuencias para los planes del presidente. “Una derecha victoriosa marcaría el destino de las grandes reformas del Gobierno (salud, pensiones)”, dice Cristian Ovando.
El Consejo Constitucional electo este domingo dispondrá de cinco meses para redactar una propuesta constitucional, que en diciembre deberá ser sometida, nuevamente, a plebiscito. De aprobarse el nuevo texto, será Boric quien firmará la nueva Constitución, aunque disienta de su contenido.