Chile entierra la Constitución de Pinochet: ¿y ahora qué?

Chile vivió la noche de este domingo un auténtico carnaval de primavera. Miles de personas se concentraron en las principales calles y plazas del país para celebrar el final de la Constitución impuesta en la dictadura de Augusto Pinochet. Por un abrumador 78%, los chilenos han decidido cambiar su actual carta magna a través de una asamblea constituyente –conocida como Convención–, que integrarán 155 personas elegidas por la ciudadanía.

Cerca de las 21 horas comenzaron a publicarse los primeros resultados y pronto se ratificaron los pronósticos más optimistas. A partir de ese momento, la gente desbordó los centros de las principales ciudades del país. En Santiago, la Plaza Italia, bautizada por los manifestantes de la revuelta social como Plaza Dignidad y epicentro de las protestas, fue el lugar emblemático donde una multitud celebró lo que para muchos era el entierro definitivo de la herencia de Pinochet. Lo resumían con exactitud los lienzos que se vieron durante la noche en la plaza: “¡Adiós, general!”, “Borrar tu legado será nuestro legado”.

Una hora y media después del cierre de los colegios, el presidente Sebastián Piñera compareció en La Moneda: “Hoy la voz de todos los ciudadanos se ha escuchado con la misma fuerza”, dijo. El mandatario subrayó que “hasta ahora la Constitución nos ha dividido, pero a partir de hoy todos debemos colaborar para que la nueva Constitución sea un manto de unidad”. Y añadió: “Este plebiscito es el comienzo de un camino”.

El presidente del Servicio Electoral (Servel), Patricio Santamaría, afirmó este lunes que se trata de la “mayor votación de la historia de Chile en votos absolutos”, y que registra el porcentaje más alto de participación, un 50,9%, desde el 2012. Santamaría atribuyó el éxito de concurrencia a que “muchas personas que no votan, participaron y sintieron este llamado para definir algo tan relevante para el destino del país”.

De hecho, el detalle de las estadísticas muestra que la afluencia de votantes se disparó en los barrios o sectores más populares, sobre todo en la Región Metropolitana. En cambio, retrocedió, respecto a las presidenciales de 2017, en las zonas más pudientes, como Providencia, Las Condes o Vitacura. En las dos últimas ganó la opción “Rechazo”.

Para Julieta Suárez, integrante de la Red de Politólogas de Chile, estos datos demuestran que existe la posibilidad de “revincular a la ciudadanía con la política”, un lazo que en los últimos años había quedado totalmente quebrado. “La participación aumentó en los barrios populares, donde ha sido siempre muy baja, lo que muestra que hay espacio para reconectar las clases populares con la política”.

Elecciones constituyentes en abril

El proceso constituyente que se abre, que se prevé largo y de altas expectativas, puede ser, según los expertos, una buena oportunidad para recuperar la legitimidad de la política institucional. Suárez opina que para “reencantar a la población”, la Convención Constituyente “tendrá que salir de las cuatro paredes y pensar formas de participación ciudadana organizada, como cabildos o encuentros ciudadanos”. Según el abogado constitucionalista Jaime Bassa, el desafío para recuperar la confianza en las instituciones consiste en “potenciar la dimensión representativa de la democracia con más participación de la ciudadanía y superar, así, el ciclo de transición”.

El próximo 11 de abril, coincidiendo con las elecciones municipales y regionales del país, será cuando se elegirán a las 155 personas que integrarán el órgano constituyente encargado de redactar el nuevo texto. El ente tiene una particularidad que lo convierte en único: estará formado por el mismo número de hombres que de mujeres para asegurar un proceso constituyente paritario. Existirá un mecanismo correctivo por el que ninguno de los dos géneros podrá superar el 55%, un hecho inédito en el mundo. Además, las listas podrán ser tanto de partidos políticos como de independientes y representantes de los pueblos indígenas.

El desafío para los partidos políticos es mayúsculo. La fórmula para conseguir el máximo número de escaños constituyentes pasa sí o sí por la unidad de las fuerzas. “El sistema electoral asigna los escaños por lista, por lo que si se dividen en muchas listas distintas no se traducirá en un buen número de constituyentes”, comenta Suárez.

Hoy, tanto el oficialismo como la oposición tienen trabajo en recomponer sus distintas coaliciones. Los primeros por la división entre partidarios del “apruebo” y el “rechazo” en su interior. Los segundos, por no perder los matices propios que los diferencian de sus pares. Los constituyentes cobrarán 2,5 millones de pesos mensuales, aproximadamente unos 2.700 euros, casi ocho veces el salario mínimo del país.

Desde la conformación de la Convención Constitucional, los 155 integrantes –los llamados “constituyentes”– tendrán nueve meses para escribir el nuevo texto, prorrogables hasta los 12. Luego será la ciudadanía la que ratificará la propuesta en un referéndum que, si el calendario se cumple, se celebrará el primer semestre de 2022. Será entonces cuando Chile iniciará una nueva etapa política.

Cambios al modelo político

Aunque la carta fundamental que se busca aprobar sea nueva (y no otra reforma) habrá aspectos que no se modificarán, como la forma política de república democrática o la suscripción a los tratados internacionales ya ratificados, por ejemplo, en materia de derechos humanos. Otros temas, en cambio, en los últimos meses ya se han puesto sobre la mesa como para ser revisados y se han empezado a discutir sobre todo en la opinión pública. Ahora, por primera vez, ejes fundamentales del modelo político chileno saltarán a un nivel de debate mucho más profundo.

El hiperpresidencialismo chileno, inspirado en el modelo estadounidense, será una de las cuestiones a tratar. Hay expertos que señalan que Chile es el país de América Latina que tiene el sistema presidencialista más duro. “Existe una fuerte concentración del poder en clave institucional, un desequilibrio entre el presidente y el resto de poderes del Estado”, señala Bassa. En la misma línea, Julieta Suárez apunta que el país “necesita desconcentrar el poder de la presidencia”. Hay cierto consenso sobre la posibilidad de estudiar un modelo semiparlamentario que reduzca el poder del presidente, pero sin entregarlo completamente al Congreso.

Otro asunto que se planteará toca las garantías de los derechos sociales, como salud, educación, vivienda y pensiones. Unas demandas que, precisamente, desencadenaron la revuelta social iniciada hace un año y que buscan “desmercantilizar los derechos”, en palabras de Bassa. El rol del Estado según su nivel de intervención (subsidiario –como el actual– o más solidario); la descentralización del país; el reconocimiento a los pueblos indígenas; la relación con la Iglesia y los poderes del Tribunal Constitucional serán otros aspectos que se discutirán durante los próximos meses.