Pasaron cincuenta años desde que el bombardeo de los aviones caza de la Fuerza Aérea chilena al palacio gubernamental concitara la atención mundial. Las columnas de humo gris que emergían de La Moneda, el vuelo rasante de los Hawker Hunter, el épico discurso de “las grandes Alamedas” de Salvador Allende antes de suicidarse, el Estadio Nacional convertido en un gigantesco campo de concentración y la proclama aflautada del sangriento Augusto Pinochet constituirían un hito de la historia de Chile, que sigue determinando su presente.
El 11 de septiembre de 1973 marcó el inicio de una dictadura que, a lo largo de 17 años, causaría 3.065 desaparecidos y muertos, y 40.018 represaliados entre presos y torturados. Desde aquel día, Chile se convertiría en un laboratorio de una política económica ultraliberal, con retiro del Estado a las mínimas funciones posibles, modelo que más tarde recorrería el mundo y encuentra hoy una vigorosa vitalidad.
Bajo el lema “Democracia es memoria y futuro”, el Gobierno de Gabriel Boric ha preparado una nutrida agenda de conmemoraciones que comenzó hace una semana y hoy culminará con un acto solemne en La Moneda. En paralelo, universidades, asociaciones culturales y grupos políticos desarrollaron decenas de actividades de homenaje a las víctimas y abordaje de las consecuencias del terror de Estado.
El mandatario de izquierda, que lleva un año y medio en el cargo, procuró reafirmar un “nunca más” institucional que, sin embargo, encuentra el acecho de una oposición de derecha volcada a un negacionismo indisimulado y una indiferencia desafiante de una parte de la población.
La agenda de Boric, acosada
Días atrás, Boric lanzó el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, que compromete al Estado a buscar e identificar desaparecidos. Además, el Gobierno presento un programa de reparación para las víctimas, inauguró exposiciones culturales y realizó demarcaciones de centros clandestinos de detención. Aunque los cinco períodos de gobierno de la Concertación por la Democracia desde el fin de la dictadura, en marzo de 1990, también procuraron crear conciencia sobre las atrocidades del pinochetismo, nunca el Estado había sido tan explícito en su compromiso institucional y pedagógico con la memoria histórica.
El 11 de septiembre de 1973 marcó el inicio de una dictadura que a lo largo de 17 años causaría 3.065 desaparecidos y muertos, y 40.000 represaliados entre presos y torturados
En un tiempo en que la ultraderecha crece y es opción de gobierno en varios países de América Latina, mandatarios como el mexicano Andrés Manuel López Obrador, el colombiano Gustavo Petro, el boliviano Luis Arce y el uruguayo Luis Lacalle Pou estarán presentes este lunes en La Moneda. A último momento, el argentino Alberto Fernández informó que compromisos de la cumbre del G20 en Nueva Delhi le impedirían viajar a Santiago.
También participarán el primer ministro portugués, António Costa, y el presidente alemán, Peter Tschentscher. A su vez, exjefes de gobierno, como Felipe González, el italiano Massimo D’Alema, los colombianos Ernesto Samper y Juan Manuel Santos, y el uruguayo José Mujica, estarán presentes.
La agenda institucional no oculta las dificultades que enfrentó Boric en su objetivo de sentar una postura de Estado. “Ha recrudecido la posición más extrema de la derecha y ello hace que aparezca con mayor desparpajo la reivindicación del golpe de Pinochet”, dice Claudia Heiss, jefa de la carrera de Ciencia Política de la Facultad de Gobierno en la Universidad de Chile.
Negacionistas a la ofensiva
El miércoles pasado, parlamentarios de los partidos Republicano (ultraderecha) y Unión Demócrata Independiente (UDI, creado por las huestes de Pinochet en los ochenta) se negaron a rendir homenaje a tres legisladores (comunista, socialista y radical) que fueron detenidos y desaparecidos por el régimen militar. Esa actitud tuvo un correlato con expresiones abiertamente reivindicatorias del golpe de Estado por parte de políticos con alta circulación en redes y en los medios, como Jorge Alessandri. “Yo justifico el golpe militar. Íbamos por un camino peligroso para el país”, indicó el diputado de la UDI.
La falta de un acuerdo mínimo de la dirigencia política sobre el legado negativo del golpe contra Allende encuentra eco en la población. “Se han ultraderechizado las élites, pero eso no quiere decir que la población se volvió más pinochetista o se haya radicalizado en todos los temas”, advierte Heiss.
El resurgir extremista dialoga con un sector más joven particularmente “desafectado de la política y sensible a los cantos de sierna de una derecha autoritaria”, describe la analista.
Aunque la imagen negativa sobre Pinochet prevalece entre los chilenos, algunas señales denotan que la indiferencia o una crítica débil al dictador fallecido en 2006 ocupan un lugar relevante, en línea con lo marcado por Heiss. Una encuesta entre 1.076 chilenos realizada por la Fundación Activa indicó que el 56% dice no estar interesado en el 50 aniversario del golpe de Estado, y que un 32,8% está de acuerdo con el derrocamiento de Allende.
Durante los últimos meses, la mayor parte de la derecha buscó, al menos, equiparar responsabilidades entre Pinochet y el “Chicho”, sobrenombre del mandatario socialista. En ese aspecto, la avanzada negacionista parece tener más éxito, porque 39% de los chilenos atribuye a Allende haber forzado la interrupción de la democracia en 1973, porcentaje sólo un poco menor de quienes se la asignan a Pinochet y a los militares.
Vaivenes de Piñera
Sebastián Piñera, único presidente de derecha desde el retorno de la democracia (en dos períodos, 2010-2014 y 2018-2022), se desmarcó en varios momentos históricos de los dos partidos legados por Pinochet (Renovación Nacional y UDI), pero esta semana transitó el camino de los “dos demonios” al sostener en una entrevista televisiva que “la principal responsabilidad (del golpe) es del gobierno de la Unidad Popular, que con una minoría quiso imponer un modelo de sociedad marxista”.
La línea argumental expresada por Piñera sobre la “ilegitimidad” de los objetivos del gobernante socialista fue utilizada para dar el golpe.
Allende ganó las elecciones de 1970 como primera minoría, con un 36,6% de los votos, apenas por encima del derechista Jorge Alessandri (Partido Nacional, derecha, 35,2%) y el demócrata-cristiano Radamiro Tomic (28,1%).
En un ambiente de extrema tensión, crisis de desabastecimiento y asedio de la CIA estadounidense, el mandatario socialista revalidó su popularidad en las elecciones legislativas de marzo de 1973, meses antes del golpe militar. La Unidad Popular alcanzó 44,2% frente a 55,5% de la Confederación de la Democracia, que agrupaba a todos los partidos del centro a la derecha.
Con apoyo significativo, pero no mayoritario, Allende fue acusado de intentar implantar un modelo socialista. Aunque ello fue objeto de intensas discusiones dentro de la Unidad Popular, en cualquier caso, el médico cirujano, con más de tres décadas en puestos de alto nivel en la política chilena, dueño de una retórica conmovedora, se apegó a las formas democráticas hasta último momento.
En el marco de sus idas y vueltas, Piñera aceptó sumar su firma a una declaración rubricada por el demócrata cristiano Eduardo Frei y los socialistas Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, titulada “Compromiso: por la democracia, siempre”. La rúbrica de los cuatro más Boric tuvo lugar el jueves. “Cuidemos la memoria porque es el ancla del futuro democrático que demandan nuestros pueblos”, cerró el texto.
Fue lo máximo que pudo conceder el expresidente conservador y propietario de una de las principales fortunas de Chile. Piñera anunció que no participará de ningún acto conmemorativo este lunes, como tampoco lo harán los partidos de derecha.
Sobreinterpretación de la reacción
El debate sobre el pasado tiene notorias implicaciones sobre el presente y el futuro, en momentos en que gobierna Chile un joven de 37 años, que hasta pocos años atrás abrazó ideas claramente a la izquierda de la Concertación y encabeza una coalición que incluye al Partido Comunista.
Heiss marca que la reacción a las protestas masivas del Chile Despertó de 2019 y las victorias electorales en el rechazo a la Constitución redactada al calor del ascenso de Boric y la posterior elección, el 7 de mayo pasado, de una nueva convención constituyente llevaron a los partidos de derecha a “sobreintepretar” el apoyo con el que cuentan.
“La sintonía con el autoritarismo de la mano dura contra la delincuencia y el discurso contra los inmigrantes sí es perceptible, pero hay otra agenda, como la reivindicación del golpe o la avanzada contra el aborto y el retiro del Estado de funciones sociales, educativas, de las pensiones, que es propia de la dirigencia conservadora, pero no de muchos de sus votantes”, indica la docente en diálogo telefónico desde Washington.
Dicha sobreinterpretación lleva a que la suma de las derechas que domina la redacción de la Constitución a esbozar reformas que consoliden el modelo económico e implanten cláusulas todavía más retrógradas que las contenidas en la Constitución de 1980, sancionada por Pinochet.
El Partido Republicano que lidera José Antonio Kast, un ultraderechista que perdió el balotaje con Boric en 2021 y se perfila como presidenciable, apunta a incluir la garantía para que todos los presos de más de 75 cumplan prisión domiciliaria. Esa repentina preocupación humanitaria beneficiaría a unos 150 represores condenados.
De la impunidad a las sentencias
La transición orquestada por Pinochet garantizó casi total impunidad para los represores durante la década posterior a la recuperación de la democracia. La detención del dictador en Londres, el 16 de octubre de 1998, a instancias del juez Baltasar Garzón, bajo el precepto de jurisdicción universal, conmovió las estructuras de Chile. Hizo evidente ante el mundo que las víctimas del terrorismo de Estado chileno no encontraban justicia en su país.
Pinochet logró convencer a los jueces británicos de que su salud le impedía afrontar un proceso penal y regresó a Santiago en marzo de 2000. A partir de entonces, de a poco, los tribunales chilenos comenzaron a moverse.
El dictador murió en libertad en 2006 y fue despedido con honores por los suyos. Hacia 2015, cerca de 80 represores ya se encontraban en la cárcel. En la última década los procesos de aceleraron y los condenados fueron cientos. La última sentencia tuvo lugar el 28 de agosto pasado, cuando la Corte Suprema de Chile sentenció a siete militares a penas de hasta 25 años por el secuestro y asesinato del emblemático cantautor Víctor Jara.
La detención del dictador en Londres, el 16 de octubre de 1998, a instancias del juez Baltasar Garzón, conmovió las estructuras de Chile. Se hizo evidente ante el mundo que las víctimas del terrorismo de Estado chileno no encontraban justicia en su país.
En el penal de Punta Peuco, considerado de lujo por sus condiciones de habitabilidad, unos 129 jerarcas de las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia redimen delitos de lesa humanidad.
Aunque la sociedad chilena realizó grandes avances liberales en su vida social y su realidad política contiene una amplia diversidad, como demuestra el signo cambiante de los últimos gobiernos, el principal rasgo de continuidad de los 17 años de dictadura está dado por la inconmovible estructura económica.
Los límites el cambio
Boric llegó a La Moneda con la intención de dar por terminado un ciclo económico que inicio la dictadura a sangre y fuego, y continuaron, en ciertos aspectos matizados y, en otros, profundizados, las administraciones democráticas. En parte, la continuidad se explica porque los años de estabilidad y un modelo de economía abierta le dieron a Chile indicadores económicos entre los mejores de América Latina, a costa de una desigualdad que parece cristalizada. Pinochet legó un corset con ganadores y perdedores perpetuos.
Desde la década de 1980, Chile convive con un sistema de pensiones privatizado que excluye de jubilaciones dignas o directamente de cualquier haber a buena parte de los mayores. Los sistemas de salud y educación cuentan con oferta estatal, que termina siendo para los segmentos de la población que dejan de ser rentables para los privados.
Para la politóloga Heiss, Boric no tiene ninguna posibilidad de avanzar con reformas estructurales que se había planteado, dada la mayoría parlamentaria de una derecha que pasó a la ofensiva.
En el camino que queda hasta 2026, al presidente de la coalición Apruebo Dignidad le espera un acoso de las derechas, para el que pareció prepararse en los últimos meses, con la incorporación al gobierno de figuras del Partido Socialista que ensayaron una autocrítica por el papel desempeñado en la transición.
“Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo”, anunció Allende esa mañana del fin del invierno chileno ante su inminente derrocamiento. Ocupó su lugar en La Moneda un general que había simulado lealtad hasta días antes.
Ese mismo día, miles de chilenos, en su mayoría humildes, fueron arrancados de sus casas y trasladados al Estadio Nacional ubicado en el barrio de Ñuñoa y a otros centros clandestinos de detención.
Chile ingresaba a su peor horror, pero Allende avisó: “Se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor”.
Como un anuncio profético, el discurso del presidente de la Unidad Popular retumba cada noche en la conciencia de los negacionistas.