Chile podría convertirse en el primer país del mundo en acumular dos procesos constituyentes fallidos. Entre ambos ha pasado solo un año y tres meses, pero el recorrido constitucional empezó en octubre de 2019 con un estallido social que dio paso a la mayor ola de protestas desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, en 1990. Las masivas movilizaciones, que se extendieron hasta la llegada de la pandemia, en marzo de 2020, empujaron a los partidos políticos a buscar una salida institucional a la crisis y abrir un proceso constituyente que se ha dilatado durante más de cuatro años.
La primera propuesta constitucional, escrita por un órgano de mayoría progresista y considerada “refundacional” por proponer cambios radicales en la institucionalidad, fue rechazada sin matices por un 62% de los votos. El fracaso mayúsculo dio paso a un segundo intento constitucional que culminará este domingo.
Más de 15 millones de electores están convocados para votar a favor o en contra de una nueva propuesta de carta magna, radicalmente opuesta al proyecto anterior. Esta ha sido elaborada por un consejo dominado por la ultraderecha del Partido Republicano y la derecha tradicional, por lo que su sello conservador es evidente. Aunque todas las encuestas dan como ganadora la opción contraria al nuevo texto, la brecha entre ambas posiciones se ha ido acortando en las últimas semanas. El resultado es incierto y las opciones están abiertas.
El peso de los indecisos
Los expertos coinciden en señalar que la clave de los resultados está en manos de los indecisos, una bolsa de entre cuatro y cinco millones de personas cuyo voto es impredecible o desconocido. “El voto obligatorio, que se restituyó el año pasado, hace que cualquier cosa pueda pasar”, dice Nerea Palma, politóloga de la Universidad Diego Portales, a elDiario.es.
Mauricio Olavarría, académico de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), recuerda que, en Chile, históricamente, la participación electoral para plebiscitos constitucionales ha sido baja –cuando el voto era voluntario–. “Los ciudadanos sienten que es un tema lejano, que no aborda los temas de su vida diaria y que es una discusión de élite que corresponde a expertos en Derecho”.
Por otro lado, Kenneth Bunker, académico de la Universidad San Sebastián, opina a elDiario.es que existe cierta “fatiga constitucional” y cansancio del proceso constituyente. Sin embargo, el también director de la encuestadora Tres Quintos añade que los indecisos “cada vez son menos” y, según él, se van reduciendo a medida que aumenta la proporción de personas que quieren votar a favor: “Cuanta más información tienen, más procesan los datos y más ven la campaña, más de acuerdo están con la propuesta”.
La huella de la derecha
Los partidos que han marcado el compás de este segundo intento han introducido normas controvertidas y cuestionadas por las fuerzas progresistas. Entre los artículos que levantaron más polémica están el que protege “la vida de quien está por nacer” –que podría poner en riesgo la ley de aborto en tres supuestos básicos (inviabilidad fetal, riesgo para la madre y violación), aprobada en 2017 tras varias décadas de lucha del movimiento feminista–, la cláusula sobre la expulsión inmediata de los migrantes en situación irregular o las normas que mantienen el Estado subsidiario actual y relegan el Estado social de derecho.
“Hay algunos elementos identitarios de la derecha que no tendrían que estar dentro de esta regulación estructural por ser un tema estratégico para el voto, como es el caso del aborto”, opina Bunker. Sin embargo, según él, otras propuestas también características de la derecha, en cambio, tienen apoyo de la ciudadanía, “como la expulsión de los inmigrantes en el menor tiempo posible”. Para el historiador Claudio Fuentes, la mayor parte de la población no leerá el texto completo, por lo que, según cree, “la elección se decidirá en los grandes temas de la campaña: seguridad, migraciones, pensiones y derechos de la mujer”.
Más allá de defender sus contenidos, los conservadores que empujan el a favor han recurrido al argumento de aprobar el nuevo texto para cerrar definitivamente el itinerario constitucional que tanto ha desgastado a la clase política y a la ciudadanía chilena. Según Olavarría, este será “uno de los temas centrales” para el electorado por el “hastío”, dice, que tiene de este proceso.
“Seguramente se volverá al reformismo”
Aunque tanto el presidente chileno, Gabriel Boric, como su coalición, promotora del en contra, han asegurado que, de rechazarse la propuesta, no habrá una tercera oportunidad reemplazar la carta magna vigente, los expertos consideran que en caso de un nuevo rechazo será más complejo cerrar el proceso: “Seguramente se volverá al reformismo”, apunta Fuentes.
La carta magna actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, fue reformada decenas de veces durante la democracia. El mayor paquete de modificaciones se introdujo en 2005, durante la administración del socialista Ricardo Lagos. Desde entonces, se ha cambiado en otras pocas ocasiones, pero la más relevante ocurrió en agosto de 2022, cuando el Congreso redujo los cuórums necesarios para cambiar la Constitución vigente.
“Hoy es mucho más fácil reformar la Constitución actual y es irreal pensar que la coalición de Gobierno se despedirá de la posibilidad de hacer grandes cambios estructurales, porque esa fue la promesa con la que llegaron al poder”, dice Bunker.
Los conservadores salen ganando
En medio del enésimo momento de polarización que vive Chile en los últimos años, analistas y expertos coinciden que, pase lo que pase, los conservadores siempre saldrán ganando con estas elecciones: o se impone el texto emanado del consejo que han liderado o permanece la norma actual, que nunca quisieron reemplazar.
En cambio, quienes insistieron durante décadas en cambiar el texto heredado del dictador se han visto ahora en la disyuntiva de tener que respaldarlo para evitar otra norma “más restrictiva”. “Para quienes impulsaron el proceso constitucional, es una situación trágica tener que elegir entre la Constitución que tanto denostaron o la que se propone ahora”, dice Olavarría.
Los partidos también leerán los resultados en clave electoral, pensando en los comicios municipales y regionales de 2024, y los presidenciales y parlamentarios de 2025. Si el a favor de los conservadores se impone con fuerza, se interpretará como un espaldarazo al líder de la extrema derecha, José Antonio Kast, y reforzará su candidatura a La Moneda en dos años más.