El comité que evalúa la respuesta a la pandemia concluye que la OMS y los gobiernos fallaron: “Era un desastre evitable”

Fue una cadena compuesta, en cada punto, por eslabones débiles. La preparación para pandemias era inconsistente y carecía de fondos. El sistema de alerta era “demasiado lento y demasiado dócil”. La Organización Mundial de la Salud (OMS) no tenía los poderes necesarios. La respuesta ha exacerbado las desigualdades. El liderazgo político mundial “ha estado ausente”. El resultado: un “desastre mundial” que persiste actualmente, y “lo que es peor, un desastre evitable”.

Son algunas de las conclusiones del grupo independiente de expertos creado por la OMS para examinar la respuesta internacional a la COVID-19. Tras ocho meses de trabajo, el Panel Independiente de Preparación y Respuesta a la Pandemia ha presentado este miércoles su informe final, cuyos hallazgos serán expuestos en la Asamblea de la Salud a finales de mayo. El documento recoge sus conclusiones sobre lo sucedido y sus recomendaciones para poner fin a la pandemia que se ha cobrado ya más de tres millones de vidas en el mundo.

El objetivo, insisten, es extraer las principales lecciones para garantizar que cualquier brote futuro de una enfermedad infecciosa no se convierta de nuevo en una pandemia “catastrófica”. “Nuestro mensaje de cambio es claro: no más pandemias. Si no nos tomamos en serio este objetivo, condenaremos al mundo a sucesivas catástrofes”, dicen los autores, que piden una reforma urgente de los sistemas de prevención y respuesta. 

“Las instituciones actuales, públicas y privadas, no han conseguido proteger a la población de una pandemia devastadora. Si no cambian, no evitarán una en el futuro”, concluyen. El actual sistema, repiten, es claramente inadecuado para ello.

El mundo no estaba preparado

Su análisis de los “fallos” y las “lagunas” que desembocaron en una pandemia mundial comienza mucho antes de diciembre de 2019, cuando se detectaron los primeros casos de neumonía de origen desconocido en Wuhan, China.

El grupo –encabezado por la expresidenta de Liberia Ellen Johnson Sirleaf y la ex primera ministra de Nueva Zelanda Helen Clark– deja claro que el mundo “no estaba preparado y había ignorado las advertencias previas, lo que resultó en un fracaso masivo”. Destacan, por ejemplo, que la preparación nacional frente a las pandemias ha estado enormemente infrafinanciada y que “demasiados” gobiernos carecen de planes sólidos en esta materia.

El que causa la COVID-19 es precisamente un virus de origen zoonótico “cuya aparición era muy probable”, dicen, y recalcan que detectar un nuevo patógeno lo antes posible es fundamental para contenerlo. “La aparición de la COVID-19 se caracterizó por una mezcla de acciones tempranas y rápidas, pero también por el retraso, la vacilación y la negación, con el resultado final de que un brote se convirtió en una epidemia y una epidemia se extendió a proporciones pandémicas”, dicen a lo largo de las más de 80 páginas.

“Nuestra intención no es asignar culpas, sino más bien comprender lo que ocurrió y lo que podría hacerse de manera diferente (...). Somos conscientes de que nuestros juicios se benefician de la sabiduría de la retrospectiva y reconocemos que las decisiones tomadas en su momento se hicieron en condiciones de gran incertidumbre”, advierten.

Un sistema de alerta demasiado lento

El informe repasa los primeros acontecimientos en Wuhan a finales de diciembre de 2019 y enero de 2020. A su juicio, estos demuestran que los médicos chinos que notaron casos de neumonía inusuales fueron diligentes, enviando muestras para su análisis y transmitiendo su preocupación a las autoridades sanitarias.

La OMS tuvo conocimiento del brote el 31 de diciembre de 2019. Un mes después, el 30 de enero de 2020, declaró la emergencia de salud pública de importancia internacional, que es su máximo nivel de alerta, de acuerdo con la legislación internacional.

El grupo cree que el tiempo transcurrido entre esta declaración y la notificación de los casos de neumonía fue demasiado largo, y dice que es probable que el brote de Wuhan cumpliera los criterios para una emergencia internacional en la primera reunión del 22 de enero. “Los procedimientos formales de notificación y declaración de emergencia previstos en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) fueron demasiado lentos para generar la respuesta rápida y preventiva necesaria para contrarrestar un nuevo patógeno respiratorio de rápida evolución. Se perdió un tiempo valioso”.

La OMS “se vio obstaculizada y no ayudada por las normas y procedimientos sanitarios internacionales”, ha dicho Helen Clark en una presentación a la prensa. “Es crítico tener una OMS con más poder”.

Los expertos concluyen que el sistema de alerta no funciona con la suficiente rapidez cuando se enfrenta a patógenos respiratorios de este tipo y que el Reglamento Sanitario Internacional, jurídicamente vinculante, es un instrumento “conservador” que sirve para “restringir en lugar de facilitar una acción rápida”. Creen que debe afinarse la definición de un nuevo brote sospechoso con potencial pandémico. También, que “no se aplicó el principio de precaución” a la evidencia temprana cuando debería haberse hecho.

Así, opinan que, aunque la OMS advirtió de la posibilidad de que el virus se transmitía de persona a persona hasta que esta se confirmó y recomendó las medidas que debían tomar los trabajadores sanitarios para prevenir la infección, la agencia “también podría haber dicho a los países que debían tomar la precaución de presuponer que se estaba produciendo” este tipo de transmisión.

No obstante, consideran que la OMS fue “rápida y perseverante” a la hora de difundir la alerta de brote a los países de todo el mundo, señalando que su actuación se guio por el Reglamento Sanitario Internacional, de emitir consejos sobre el balance de la evidencia existente. El principal incumplimiento del reglamento fue la imposición selectiva de restricciones a los viajes y al comercio, que la OMS no recomendó. El grupo pide actualizar la ciencia en torno a estas restricciones.

Una de las observaciones que hacen es que la cronología de los primeros días muestran “dos mundos que funcionan a velocidades muy distintas”: uno, el mundo de la información y el intercambio de datos a gran velocidad –con plataformas para la vigilancia de epidemias, en las que la OMS desempeña un papel destacado, actualizando y compartiendo constantemente información, así como noticias y desinformación– y otro, el ritmo pausado y deliberativo con el que se trata la información según la ley internacional, con requisitos de confidencialidad, verificación, umbrales y más énfasis en las “medidas que no deben tomarse, más que en las que sí deben tomarse”.

El problema, recuerdan, es que los patógenos respiratorios altamente transmisibles, como el coronavirus, “operan al ritmo más rápido, no al más lento”. El 11 de marzo, debido a los “alarmantes” niveles de inacción, la OMS pasó a calificar la COVID-19 como pandemia, a pesar de que el Reglamento Sanitario Internacional no utiliza ni define este término.

Febrero fue un “mes perdido”: la mayoría apostó por “esperar y ver”

En opinión de los expertos, tras la declaración de emergencia a finales de enero, ya debería haber quedado claro para todos los países que el nuevo coronavirus representaba una “grave amenaza”. Pero no fue así: el mayor nivel de alerta no condujo a una respuesta urgente, coordinada y mundial. Solo una minoría de gobiernos puso en marcha medidas de protección y respuesta integrales y coordinadas, un puñado incluso antes de ver un caso confirmado, y el resto una vez que los casos habían llegado.

Insisten en que febrero fue un mes en el que se perdió la oportunidad de contener el brote y la catástrofe sanitaria, social y económica mundial que todavía persiste. Tras un comienzo titubeante, a finales de enero “estaba claro que se necesitaría una respuesta a gran escala”. “Es evidente que febrero de 2020 fue un mes perdido, en el que se podrían y deberían haber tomado medidas para reducir la epidemia y prevenir la pandemia”.

Apuntan a que la falta de respuesta de la mayoría de los países durante febrero fue una combinación de dos cosas: la primera es que no apreciaron suficientemente la amenaza ni supieron cómo responder y la segunda es que, a falta de certeza sobre la gravedad de los efectos de este nuevo virus, “esperar y ver” parecía una opción menos costosa y con menos consecuencias. Muchos eligieron este enfoque en lugar de “una estrategia de contención agresiva que podría haber evitado la pandemia mundial”.

“Algunos no tomaron medidas firmes hasta que las camas de las UCI comenzaron a llenarse, y entonces era demasiado tarde”, ha dicho Clark.

Asimismo, recalcan que el personal de la OMS trabajó “muy duro” para proporcionar asesoramiento y orientación y apoyo a los países, pero los Estados miembros no dieron a la agencia el poder necesario para hacer el trabajo que se le exigía.

Algo que está claro para el grupo es que las respuestas nacionales exitosas se basaron en las lecciones de brotes anteriores (mencionan el SARS y el ébola) o en que había planes de respuesta que podían adaptar. “Escucharon a la ciencia, cambiaron de rumbo cuando fue necesario, involucraron a las comunidades y comunicaron de forma transparente y coherente”. En los países de Asia y el Pacífico, ha sido dominante lo que llaman la estrategia de contención “agresiva”, entre los que se encuentran China, Nueva Zelanda, República de Corea, Singapur y Tailandia y Vietnam.

Por el contrario, muchos países con respuestas tardías también se caracterizaron por la falta de coordinación, estrategias incoherentes o inexistentes y la devaluación de la ciencia a la hora de orientar la toma de decisiones, lo que que los dejó a la zaga, con altas tasas de infección y muerte.

Aclaran, además, que la riqueza no fue un factor de éxito. “Varios países de ingresos bajos y medios aplicaron con éxito medidas de salud pública que redujeron al mínimo las enfermedades y las muertes. Varios países de ingresos altos no lo hicieron”.

Una pandemia de desigualdad, un “cóctel tóxico” para la catástrofe

A medida que COVID-19 se extendía a más países, no se logró satisfacer las demandas urgentes de suministros. Tampoco hubo un liderazgo global coordinado. “Las tensiones mundiales socavaron las instituciones multilaterales y la acción cooperativa”, dicen los expertos. “No se dispuso de financiación específica a la escala necesaria para suministrar equipos médicos, poner en marcha la búsqueda de diagnósticos y terapias, o garantizar que las vacunas estuvieran disponibles para todos. La financiación internacional fue demasiado escasa y tardía”. Al menos 17.000 trabajadores sanitarios murieron a causa de la COVID-19 en el primer año de la pandemia.

Los expertos hacen hincapié en que la COVID-19 ha sido una pandemia de “desigualdades e injusticias”, y que la desigualdad es “el factor determinante” para explicar por qué ha tenido impactos tan diferenciales en la vida y los medios de subsistencia de las personas. “Está claro que la combinación de malas decisiones estratégicas, la falta de voluntad para abordar las desigualdades y un sistema descoordinado crearon un cóctel tóxico que permitió que la pandemia se convirtiera en una crisis humana catastrófica”.

Las vacunas se han desarrollado a una velocidad sin precedentes, recuerdan, pero ahora deben distribuirse “de forma mucho más equitativa y estratégica” para frenar la COVID-19. El grupo sostiene que la actual desigualdad en el acceso no solo es injusta, sino que también amenaza los esfuerzos para controlar la pandemia, y debe abordarse de inmediato.

Mencionan que una medida actualmente debe ser la redistribución de las vacunas disponibles –piden a las naciones ricas que donen al menos 1.000 millones de dosis de aquí a septiembre a través del mecanismo de reparto COVAX–, pero también incluyen entre sus recomendaciones más inmediatas reunir a los principales países productores de vacunas y fabricantes, “bajo los auspicios conjuntos de la OMS y la Organización Mundial del Comercio, para acordar la concesión voluntaria de licencias y la transferencia de tecnología”, incluido a través del Banco de Patentes de Medicamentos, sobre todo en aquellos acuerdos en los que se haya invertido fondos públicos.

Si no se toman medidas al respecto en un plazo de tres meses, dicen, “debería entrar en vigencia inmediatamente una exención de los derechos de propiedad intelectual en virtud del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio”. La semana pasada, EEUU anunció su apoyo a esta medida, que lleva meses siendo reclamada por India, Sudáfrica y decenas de países del Sur global.

Los expertos se confiesan “alarmados” por los altos niveles actuales de transmisión e insisten en que todos los países “deberían aplicar las medidas de salud pública de probada eficacia a la escala necesaria para frenar la pandemia”.

El grupo pide reformas

“La COVID-19 es el momento de Chernóbil en el siglo XXI, no porque un brote de enfermedad sea como un accidente nuclear, sino porque ha mostrado muy claramente la gravedad de la amenaza para nuestra salud y bienestar”. El grupo pide a los gobiernos que se comprometan una transformación del sistema actual, con una serie de reformas.

Aconsejan crear un Consejo Mundial sobre Amenazas para la Salud que haga responsables a los gobiernos e instituciones implicadas. Los países también “deberían adoptar una convención marco sobre pandemias” en los próximos seis meses. A finales de marzo, una veintena de jefes de Estado y de Gobierno respaldaron la propuesta de la Unión Europea de crear el Tratado contra las Pandemias.

El grupo reclama establecer un nuevo sistema mundial de vigilancia basado en “total transparencia” de todas las partes, que proporcionaría a la OMS “la autoridad para publicar información sobre brotes potencialmente pandémicos de forma inmediata sin necesidad de aprobación y para enviar expertos a investigar a la mayor brevedad posible cuando sea necesario”.

También, piden invertir ahora en la preparación nacional, “ya que será demasiado tarde cuando llegue la próxima crisis”. Todos los gobiernos, dicen, deberían revisar sus planes de preparación y asignar los fondos y el personal necesarios para prepararse frente a otra crisis sanitaria. Y proponen que nombren a coordinadores nacionales para las pandemias, ante los que rendir cuentas, y que tengan el mandato de impulsar la coordinación de todo el gobierno para la preparación y respuesta frente a pandemias.

Igualmente, consideran importante reforzar la autoridad y la financiación de la OMS (creen que su “precario” presupuesto puede ser un riesgo para la integridad e independencia de su trabajo), así como crear un mecanismo internacional de financiación frente a pandemias, con capacidad de movilizar contribuciones a largo plazo de hasta 10.000 millones de dólares al año.

Asimismo, piden transformar el actual Acelerador ACT –la herramienta global para acelerar el desarrollo, la producción y el acceso equitativo a las pruebas, el tratamiento y las vacunas contra la COVID-19– en una plataforma “verdaderamente mundial destinada a proporcionar bienes públicos mundiales”, y que estos puedan ser distribuidos rápida y equitativamente en todo el mundo.

“Las estanterías de los archivos de las Naciones Unidas y de las capitales de los países están llenas de informes y revisiones de crisis de salud anteriores. Si se hubieran atendido sus advertencias, habríamos evitado la catástrofe en la que nos encontramos hoy. Esta vez debe ser diferente”, dice Ellen Johnson Sirleaf.