- Esta investigación fue elaborada y publicada por la revista 'Crisis'. Puedes leer el texto original aquí.
Uno de los argumentos menos analizados del movimiento de ultraderecha que acaba de llegar al gobierno nacional en Argentina es la violencia desplegada por un sujeto difuso y múltiple que aquí llamaremos “derecha radicalizada”. Se trata de una fuerza agresiva que ha ido in crescendo, sin entrar en contradicción con la apuesta electoral libertaria sino más bien articulándose con ella. Y fue mutando a medida que el proceso de conquista del poder cambiaba de fase, para tornarse cada vez más nítidamente como una táctica inhibidora de la fuerza popular de resistencia.
La hipótesis que nos inquieta y que vamos a formular en esta investigación es la siguiente: si bien los ataques que detectamos provienen de actores dispersos que no poseen a priori vinculaciones orgánicas entre sí, su acción está estratégicamente orientada por quienes conducen el movimiento de ultraderecha. La intervención televisiva del expresidente Mauricio Macri dos días después del triunfo electoral parece demostrarlo: “Hoy hay un mandato popular muy profundo. Y encima liderado por los jóvenes, que no se van a quedar en casa si estos señores empiezan a tirar toneladas de piedras. Los jóvenes van a defender su oportunidad. Entonces ellos van a tener que medir muy bien, los orcos, como les digo yo, cuando quieran salir a la calle a hacer desmanes. El núcleo revolucionario de Javier Milei son jóvenes que reclaman una oportunidad… y ellos están muy firmes”.
Para comprender su sentido, precisamos inscribir esta violencia en la secuencia histórica que la parió. Y descifrar con sutileza los mensajes de miedo que intentan imponer. Lo haremos de la manera más sintética posible, con dos imágenes conceptuales distintas aunque concurrentes.
¿Una segunda oleada?
La primera de ellas proviene del pensador y político boliviano Álvaro García Linera, quien propuso la noción de oleada para analizar los vaivenes del movimiento progresista en América Latina. Son momentos de avances, que se verifican con la aparición de varios gobiernos del mismo signo político y alcanzan a producir un determinado nivel de transformaciones. Luego, como el mar cuando se abalanza sobre la arena, retrocede para tomar impulso y vuelve a acometer. Según esta perspectiva, durante la primera década del siglo asistimos a una potente oleada progresista, que a comienzos del segundo decenio comienza a recular, para resurgir con menos fuerza durante los últimos años.
Lo interesante de esta mirada es que se niega a pensar en términos de ciclo. Más que etapas claramente definidas en las que alguno de los bandos ideológicos disfruta de una hegemonía consistente, lo que se percibe es un juego complejo entre iniciativas antagónicas que se yuxtaponen y en la que alguna de ellas consigue primar aunque sea de forma provisoria.
En 2015, entonces, comienza a distinguirse un cambio de tendencia con el triunfo de Macri en Argentina, pero la ola de derechas cobra cuerpo a partir de la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos en 2017 y se confirma con la victoria de Jair Bolsonaro a fines de 2018 en Brasil. Podríamos señalar otras manifestaciones de la misma seguidilla, por ejemplo la consagración de Nayib Bukele en El Salvador en 2019, pero esas tres son las más significativas y también las que pronto vivirían un repliegue.
El batacazo de Javier Milei en Argentina quizás constituye el inicio de una segunda oleada, esta vez más radical que la anterior. O al menos a eso aspiran los animadores de este movimiento de carácter global, que posee conexiones cada vez más densas en un plano internacional dominado por el estallido de dos guerras en los últimos meses.
Y aquí apuntamos algo sugerente: a diferencia de sus contrincantes progresistas, la ultraderecha parece extraer como lección de su anterior fracaso cierta falta de astucia para ir a fondo en los cambios que promueven. Lo explicitó el macrismo en su balance del “primer tiempo”. Lo rubricaron los libertarios en el programa electoral triunfante. Y la misma conclusión está implícita en el modo en que tanto Trump como Bolsonaro se despidieron del gobierno durante su primera incursión. La toma de la sede de los poderes institucionales en ambas potencias por grupos civiles, con la complicidad de las fuerzas de seguridad, es una señal clara de que la ultraderecha está dispuesta a utilizar la violencia política como método para forzar los límites que la democracia impone.
Zona de emergencia
La segunda imagen conceptual que utilizaremos es la de emergencia, pues nos permite pensar los acontecimientos y coyunturas en términos de procesos complejos que se constituyen a partir del ensamblaje de trayectorias o singularidades que no necesariamente estaban destinadas a acoplarse. Todo lo contrario de las teorías conspirativas, para las cuales detrás de los sucesos siempre hay un plan fríamente calculado por algún demiurgo que permanece oculto. En Argentina podríamos distinguir al menos cuatro áreas de ultraderecha que aparecieron en momentos y circunstancias diferentes, pero se fueron articulando y reconociendo como partícipes de un mismo movimiento histórico.
La primera tuvo lugar en 2018, en oposición a la marea verde que luchaba por el aborto libre, legal y gratuito. En ese entonces la vanguardia fue ejercida por los sectores más conservadores de las iglesias evangélicas, que movilizaron multitudes y desplegaron un eficaz lobby parlamentario. El asombro con que contemplamos aquella aparición pronto quedó en olvido, entre los festejos por el triunfo electoral del peronismo en 2019.
En paralelo a dicha movilización callejera se constituyó una máquina de guerra digital abiertamente reaccionaria, con fuerte énfasis antifeminista y antiprogresista. Algunos influencers tuvieron un papel destacado en la elaboración de argumentos y el diseño de campañas, pero el dinamismo principal recae en la miríada de usuarios más bien minoritarios que encuentran en las redes sociales la superficie de expresión para una voluntad políticamente incorrecta que había sido expulsada de las instituciones y los medios de comunicación.
La tercera irrupción se expresó en el plano electoral y tuvo a Javier Milei como factor aglutinante, enfundado en la narrativa libertaria. El magnífico resultado que obtuvo en los comicios de medio término de 2021 le otorgó al sujeto de ultraderecha una estrategia clara de poder y funcionó como amalgama de las distintas corrientes ideológicas que pululan en su interior.
La cuarta embestida estalló en nuestras pantallas el 1 de septiembre de 2022, cuando un hombre Sabag Montiel, apretó el gatillo en la cara de Cristina Fernández de Kirchner, introduciendo un lenguaje bélico en la contienda frente al que el sistema político exhibió su pasmo e impotencia.
Pero el verdadero catalizador de esta emergencia fue la pandemia que asoló al planeta en 2020 y las medidas de cuidado desplegadas por la mayoría de los gobiernos. En Argentina, el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto por el Ejecutivo nacional durante largos meses funcionó como un caldo de cultivo para que las ideas libertarias sintonicen con el descontento social, y especialmente con el generalizado malestar juvenil. También fue la ocasión para que ese enojo se articulara con el ancho cauce del antiperonismo atávico. Y la excusa para que el extendido disgusto contra el consenso progre deviniera, en ciertos sectores, una amenaza a la gobernabilidad democrática.
Así surge una vertiente particularmente violenta que se organiza para el ataque y el amedrentamiento: la “derecha radicalizada”. Durante y después del estado de excepción sanitario los grupos de choque proliferaron y, en consonancia con la hoja de ruta electoral, orientaron sus esfuerzos a desalojar al Frente de Todos del poder ejecutivo. El atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue el punto de inflexión de esta saga y cumplió un papel relevante en la derrota del peronismo —que primero fue política y luego electoral—, al dejar en evidencia el grado de debilidad en el que se encontraban las fuerzas populares, progresistas y feministas.
Registrar es la tarea
Al cumplirse un año del intento de magnicidio, desde el equipo de investigación política de la revista Crisis publicamos una investigación sobre los autores del atentado y sus articulaciones políticas. Allí decíamos que el golpe contra Cristina Fernández de Kirchner no era “el único y mucho menos el último ataque violento protagonizado por la derecha radicalizada argentina. Necesitamos asumir que este accionar viene desplegándose de manera sistemática y puede llegar a incrementarse. No sirve de nada fingir demencia. Tampoco su visibilización tiene por qué apabullarnos”.
Consecuentes con esa premisa, lanzamos la plataforma RADAR, Registro de Ataques de Derechas Argentinas Radicalizadas, con el objetivo de construir una sistematización de los casos a nivel nacional. Antes de su publicación online hicimos una búsqueda en medios de comunicación y redes sociales de aquellos ataques producidos a partir de 2020 que hubieran tomado estado público. Y a partir de ese momento pusimos a disposición un formulario en el que cualquiera puede informar de los hechos de violencia ultraderechista de los que sea víctima o testigo.
Entendemos por “ataques de derecha radicalizada” las acciones que expresan un deseo de aniquilación del otro con el objeto de silenciar, amedrentar, disciplinar o eliminar identidades políticas. Solo sumamos a la plataforma los casos geolocalizables que incluyan un paso más allá del odio agitado en redes. No se trata de desestimar el ecosistema digital violento que allana el terreno y genera las condiciones, pero por ahora ponemos el foco en los actos concretos que llevan a la práctica el discurso disponible o implican un riesgo cierto para quienes padecen la agresión.
En La violencia avanza. Informe a un año del atentado contra CFK arriesgamos otra hipótesis: “Durante las elecciones primarias de agosto de 2023, varios de los protagonistas que están procesados o indagados por su participación en el atentado a la vicepresidenta volvieron a tener actividad pública en sus redes sociales y hacen uso del mismo lenguaje de incitación al aniquilamiento. El triunfo en las PASO [las elecciones primarias] del principal referente de la ultraderecha local, Javier Milei, puede ser una nueva señal habilitante”.
En efecto, la posibilidad cierta de un triunfo de la fórmula libertaria, en lugar de aplacar los ataques, no hizo más que multiplicarlos. Y todo parece indicar que el esquema de gobernabilidad que preparan los triunfadores incluye una alta cuota de represión con aristas novedosas. Es como si no alcanzara con el aparato de seguridad estatal (o tal vez resulte más rentable tercerizar la tarea) y estuvieran convocando a una fuerza de choque civil para contrarrestar el conflicto social que va a implicar el ajuste económico.
Primeras claves de lectura
La victoria electoral por amplio margen del partido de Milei, La Libertad Avanza (LLA), el pasado 19 de noviembre fue en sí misma un golpe de efecto demoledor para el ánimo de quienes se ubican en el amplio campo nacional y popular, entre los sectores progresistas y de izquierdas, y en particular para las decisivas luchas del feminismo y el movimiento de derechos humanos. En este contexto, la seguidilla de ataques contra activistas y militantes comprometidos con dichas orientaciones políticas pueden convertir el aturdimiento en angustia, paralizando cualquier capacidad de reacción.
Al momento de escribir este artículo, RADAR ha recopilado 247 ataques que por sus características manifiestas o la identidad de sus autores son atribuibles a la derecha radicalizada. No se trata de un registro exhaustivo, por lo que no podríamos ofrecer conclusiones terminantes; simplemente nos interesa contribuir a una elaboración colectiva de estas prácticas antidemocráticas.
De los 247 casos que detectamos hasta el momento, 20 sucedieron en el año 2020, 48 tuvieron lugar en 2021, 52 acontecieron en 2022, mientras que en lo que va de 2023 ya registramos 127 ataques y continúan en rápido ascenso, lo que indicaría un crecimiento de la violencia ultraderechista.
La mayoría de estos hechos constituyen “ataques a símbolos y lugares” (175); el 20% corresponde a la categoría “hostigamiento e intimidación” (48); y son casi 20 los “atentados contra la integridad física y la vida”. En cuanto a los objetivos de este tipo de agresiones, una mirada preliminar indica que durante estos cuatro años los blancos predilectos fueron tres: a) los movimientos de memoria y derechos humanos, b) determinadas identidades políticas, y c) los feminismos y las diversidades de género.
Con respecto a los autores, en 2020 hubo solo un ataque atribuido a los partidarios de Milei, en 2021 fueron dos, lo mismo que en 2022, mientras que en 2023 ya se registraron más de 20 actos violentos protagonizados explícitamente por libertarios.
Otras observaciones específicas nos ayudan a individualizar ciertos rasgos del proceso, a partir de los hechos recolectados. En 2021 nos llamó la atención la presencia de simbología neonazi en varios casos, a diferencia de lo sucedido en 2020, aunque nunca fueron la mayoría. En 2022 crecieron los ataques a locales y militantes peronistas, siendo que en los años previos el blanco predilecto habían sido las agrupaciones de izquierda (que siguieron estando, obviamente, entre los objetivos).
En 2023 se confirma de manera dramática una tendencia que venía insinuándose previamente: la casi totalidad de los ataques físicos registrados recaen sobre cuerpos que expresan una disidencia sexual. Sobre este último aspecto vamos a explayarnos un poco, por el carácter ejemplar que adquiere este tipo de violencia y la invisibilización en la que está sumida.
Tiempos de desinhibición
La contraofensiva antifeminista que tuvo su primera movilización social durante el debate por la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, en torno a los pañuelos celestes (en contra), se nutrió más tarde con nuevos actores surgidos del fértil semillero de adolescentes varones que acumularon malestar, en gran medida por la proliferación de escraches punitivistas en sus colegios de educación secundaria. Ese descontento se convirtió en furia durante el aislamiento de la pandemia, y la narrativa libertaria en redes sociales les ofreció una explicación a sus frustraciones: el feminismo es una inversión maniquea de los roles “naturales” y “deseables”, la Educación Sexual Integral es un adoctrinamiento que promueve la homosexualidad, las identidades trans son una aberración, la conquista de derechos de las mujeres y la comunidad LGTBIQ+ (materializada en la creación de un Ministerio) evidencian que estos colectivos son parte de la “casta” que parasita a la sociedad.
La llegada al poder por vía electoral de estas concepciones autoritarias funciona como un poderoso desinhibidor de una violencia “silvestre” que descarga su furia sobre lesbianas, maricas, gays, trans, travestis y no binaries, cuerpos que no pueden ni quieren “camuflarse” o “hacerse pasar” por quienes no son. Pero sí es cierto que toda violencia política es expresiva, y no meramente instrumental; hay que tomar nota de que no estamos ante meras diferencias ideológicas, ni ante un fenómeno de grieta y polarización como venía sucediendo hasta hoy, sino que nos enfrentamos a deseos de lisa y llana aniquilación, en nombre de una regulación moral de las formas de habitar el espacio común. Como afirma la antropóloga Rita Segato, los efectos pedagógicos de los actos de violencia patriarcal (siempre espectaculares), antes de estar dirigidos contra sus víctimas directas, son un mensaje directo a la corporación masculina. El llamamiento a una fantasía heroica se renueva.
De la avalancha de ataques registrados por RADAR durante las semanas previa y posterior a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, los únicos que llegaron a la violencia física fueron contra cuerpos leídos en desvío. Chicas y chicos trans, travestis, lesbianas, no binaries y maricas fueron castigados en la vía pública por su expresión de género no normativa. Como han explicitado referentes de LLA, la diversidad sexual resulta tolerable mientras se mantenga en los límites privados de la santísima propiedad. La amenaza aparece cuando se expresa políticamente y despliega su propias formas de habitar. Si bien para muchos cuerpos las violencias callejeras no son algo nuevo, hay una especificidad en la liberación de lo contenido que se contagia y arrasa. Empoderados por un mandato de guerra gubernamental, los soldados de “las fuerzas del cielo” se sienten legitimados para actuar lo que agitan desde hace rato.
Decodificar hasta que aclare
Para concluir, nos centraremos en el crecimiento de los ataques durante el proceso electoral que culminó con el triunfo de la ultraderecha y su llegada al poder ejecutivo nacional, el mismo día en que se cumplen 40 años del retorno a la democracia en Argentina. Según lo registrado por RADAR, los casos de violencia ultraderechista crecieron a partir de julio, se incrementaron aún más durante octubre y en noviembre se multiplicaron.
No deja de sorprender el estrecho vínculo entre la intensificación de esta violencia y el éxito en los comicios. Tampoco la utilización estratégica que los líderes de la ultraderecha local parecen tener de esta inquietante conexión. Desde la resistencia a condenar el intento de magnicidio contra la vicepresidenta en 2022, tanto por parte de Javier Milei como de la candidata de la derecha, Patricia Bullrich, hasta las fotos de orgullosa complicidad que se sacó la nueva vicepresidenta Victoria Villarruel con los militantes de Revolución Federal en plena campaña, el significante es claro: la grieta se convirtió en fractura.
En un segundo momento, el propósito táctico pasó a ser la denuncia de un supuesto fraude orquestado para impedir la victoria en los comicios. El plan suponía la movilización de la militancia en dos planos distintos pero no contradictorios: la que se ocuparía de fiscalizar para cuidar los votos propios, y la que estaba convocada a movilizarse en caso de derrota, con consecuencias impredecibles. El desenlace victorioso abortó la marcha que llegó a ser convocada frente al Tribunal Electoral, pero el antecedente de un cuestionamiento radical del sistema político quedó asentado para futuros puntos de inflexión.
Consolidado el arribo al poder por la vía plebiscitaria, la violencia, lejos de mitigarse, se desbordó. El principal objetivo de esta investigación es proponer criterios de lectura, para generar respuestas colectivas inteligentes. En ese sentido distinguimos tres tipos frente a los que se precisa reaccionar de manera diferenciada.
En primer lugar, están los casos que podríamos llamar “espectaculares”, cuyo objetivo consiste en causar un clima de pánico y promover la sensación de un miedo difuso y generalizado. La carta que recibieron un conjunto de diputados nacionales con amenazas de muerte y terminología nazi, o el video de un supuesto exmilitar que circuló por redes sociales donde advertía a varios líderes sociales que iban a ser repelidos con armas de fuego en el caso de que salieran a protestar, son ejemplos obvios. También la reivindicación cada vez más extendida del “Falcon verde”, símbolo inequívoco de los secuestros de la dictadura militar. Hechos gravísimos que merecen una firme respuesta institucional, pero que no hay que amplificar porque lo que buscan es precisamente inocular terror en el debate público.
Hay un segundo tipo de ataques que sugerimos llamar “espontáneos”, en su mayoría ejecutados por simpatizantes de La Libertad Avanza que están envalentonados y han decidido agredir a quienes representan las identidades políticas que perdieron las elecciones. Amenazas o provocaciones a militantes políticos y sociales, disidencias, locales partidarios, fábricas recuperadas y centros culturales del amplio espectro progresista y de izquierda, en las más disímiles geografías, con un alto grado de capilaridad. El episodio más conocido fue el de una persona que insultó y grabó al exprecandidato a presidente por el peronismo Juan Grabois, mientras el dirigente tomaba un café con su padre en Buenos Aires. Pero no solo una figura pública como Grabois sufrió este tipo de ataque en los últimos días: el 23 de noviembre, una pasajera de un autobús en el Gran Buenos Aires agredió físicamente a una docente por su apariencia feminista. Es de esperar que en las próximas semanas baje la espuma de estas actitudes intolerables.
El tercer tipo es desde nuestro punto de vista el más preocupante, en tanto constituyen “ataques orquestados”, que cuentan con cierto grado de organización e incuban el germen de una acción represiva extraestatal. En algunos casos, sus artífices pertenecen al partido libertario, mientras que en otros permanecen en la opacidad sin que puedan conocerse sus reales capacidades operativas.
El 11 de noviembre, una pandilla identificada con LLA irrumpió en la Marcha del Orgullo de San Martín arrojando piedras e insultando a les asistentes. Otro miembro de esta agrupación antiderechos grabó el momento en que les organizadores de la marcha increparon a una de las agresoras, fragmento que fue reproducido en redes sociales por el mismísimo Javier Milei. Incluso el diario Clarín publicó el hecho como si hubiera sido una “agresión a una militante de Milei”. Desde ese momento, varies de los asistentes a la marcha comenzaron a recibir un flujo constante de insultos y amenazas de muerte. La selección de las víctimas y el tenor de los mensajes recuerda al modus operandi de los Proud Boys, grupo de choque trumpista que suele invadir violentamente eventos de la comunidad LGBTIQ+. Otros hechos amenazantes protagonizados por integrantes de grupos organizados para amedrentar se verificaron en las localidades bonaerenses de Tres de Febrero, Avellaneda, en la localidad santafesina de Venado Tuerto, entre otras.
Esta forma de manifestación de la violencia de ultraderecha anuncia una disputa territorial que puede influir de manera decisiva en la modalidad del conflicto social que viene. Para repeler con decisión estas operatorias se impone la construcción de estrategias específicas que tomen en cuenta la singularidad de cada hecho. Apelando a las instancias institucionales que se comprometan con la defensa efectiva de la vida democrática. Y con la lucidez suficiente como para crear nuevas herramientas de defensa de los derechos humanos aquí y ahora. RADAR es un modesto aporte en ese camino colectivo, que demandará una revitalización inédita de la organización popular.