El asesinato a balazos este lunes del reportero Roberto Toledo, en el occidental estado de Michoacán, ha conmocionado una vez más al gremio periodístico de México y al país entero al tratarse del cuarto comunicador muerto en menos de un mes. Toledo fue atacado por tres sujetos armados en el estacionamiento del edificio donde se ubica Monitor Michoacán, medio en el que trabajaba el periodista asesinado, en el municipio de Zitácuaro. Al parecer, los individuos le dispararon varias veces y él recibió dos impactos de bala en el abdomen, uno en el tórax, otro en un brazo y uno más en una clavícula.
“Hoy finalmente las amenazas se cumplen y uno de nuestros compañeros perdió la vida a manos de tres personas que llegaron y le dispararon de manera ruin, de manera cobarde. Nosotros no estamos armados, nosotros no traemos armas, nuestra única defensa es una pluma”, ha declarado a Efe Armando Linares, director de Monitor Michoacán.
Poco después de los hechos, el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, ha afirmado a través de Twitter que el Gobierno de México “condena el asesinato del periodista Roberto Toledo del portal Monitor Michoacán” y que el gobierno estatal y municipal trabajarán en conjunto para esclarecer el caso. “Defendamos la libertad de expresión y el derecho y el derecho a la información”, ha concluido.
Varias líneas de investigación
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán no descarta ninguna línea de investigación en el asesinato de Toledo. La dependencia ha informado de que ya realiza investigaciones para determinar si el homicidio del comunicador está relacionado con su actividad periodística o con la abogacía, ya que también era colaborador de un despacho jurídico que compartía oficinas con el medio de comunicación.
Aunque, según lo anterior, todavía no se confirma el vínculo del asesinato con la labor en prensa, el director de Monitor Michoacán atribuyó el suceso a que su medio se dedica a “exhibir corrupciones” de las autoridades y de los políticos. En medios locales, Linares ha declarado que en el portal informativo había recibido “amenazas para todo el equipo” y que estas comenzaron hace un año cuando el medio “exhibió” corrupción de un exalto cargo de la Fiscalía estatal.
Una fuente de la Fiscalía reveló a Efe que en la escena del crimen los asesinos dejaron dos pancartas en las que una organización del narcotráfico habría plasmado amenazas contra abogados que tratan casos de un grupo criminal rival. Linares ha exigido a la Fiscalía estatal llegar al fondo del caso y ha dejado claro que Monitor Michoacán continuará con su trabajo. Decenas de periodistas de Michoacán también se han sumado a las exigencias de justicia y analizan realizar una protesta masiva en las principales ciudades del estado.
Zitácuaro es un municipio del oriente de Michoacán que colinda con el Estado de México y donde autoridades federales y estatales han identificado una cruenta lucha entre bandas del narcotráfico. Estas organizaciones criminales son los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia Michoacana (antigua), La Nueva Familia Michoacana (escisión de la primera), Los Caballeros Templarios (CT) y Los Correa.
Cuatro periodistas asesinados en enero
Sin contar todavía este último caso, la ONG Artículo 19 contabiliza 148 periodistas asesinados por su labor desde el 2000 a la fecha, 28 de ellos durante el mandato de López Obrador, que arrancó en diciembre de 2018. Tras un crimen en diciembre de 2018 y 10 en 2019, el país registró 7 homicidios de comunicadores en 2020 y otros 7 en 2021.
El asesinato de Toledo sucede menos de una semana después de una multitudinaria jornada de protestas en todo el país por los recientes asesinatos de periodistas en México, pues ya son cuatro informadores en lo que va de año. Antes de Toledo, fueron asesinados José Luis Gamboa en el puerto de Veracruz (Veracruz) el 10 de enero y Margarito Martínez y Lourdes Maldonado en Tijuana (Baja California) el 17 y el 23 de enero, respectivamente.
Peticiones que no han sido escuchadas
“Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida”, dijo Lourdes Maldonado en marzo de 2019 en una de las conferencias diarias de López Obrador en Palacio Nacional, en referencia a un “pleito” que tenía con el hoy exgobernador de Baja California Jaime Bonilla, del oficialismo.
Su caso es un reflejo de la ineficacia de las medidas de protección y de una realidad que desborda las promesas presidenciales. En México existe el Mecanismo de Protección de Defensores Humanos y Periodistas, que proporciona medidas como un botón de pánico, patrullaje o vigilancia a sus beneficiarios. Aunque en varios casos, este mecanismo federal -u otros de carácter estatal- no han servido para salvar la vida del periodista.
Además, los constantes cuestionamientos y ataques a la prensa por parte de López Obrador contribuyen a un clima de polarización que no facilita la labor periodística en uno de los países del mundo donde más ataques recibe la prensa. Este mismo lunes, López Obrador ha calificado al periodista Carlos Loret de Mola de “mercenario” por publicar un artículo sobre la lujosa casa en la que vive uno de sus hijos en Estados Unidos. “Pero este señor, Loret de Mola, que es un mercenario, hizo un escándalo porque cree que somos iguales. No, no. Él estaba y sigue estando al servicio de la mafia del poder”, ha apuntado el mandatario.