Lo que dice el informe del Departamento de Estado de EEUU sobre la libertad de expresión en España
El Gobierno de Estados Unidos evalúa todos los años el respeto que los demás gobiernos del mundo tienen por los derechos humanos. No lo hace por gusto, ya que el documento no le provoca otra cosa que enfrentamientos, sino porque está obligado a ello por ley desde los años 60. Como casi siempre, el informe sobre 2020 ha dicho que en España no hubo “abusos significativos de los derechos humanos”. Sin embargo, le hemos prestado más atención que nunca porque menciona a Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias, a Pablo Echenique y a Vox.
Sus nombres aparecen en el apartado relativo a la libertad de expresión, que comienza diciendo que el Gobierno español “en general respeta” ese derecho. Un “en general” que es, en palabras del propio Gobierno de EEUU, “”más alto nivel de respeto por los derechos humanos que puede asignar este informe“ y una expresión que se usa ”para describir a los países que intentan proteger y promover los derechos humanos en su sentido más amplio“.
Pero veamos exactamente qué dice el texto sobre lo que pasó en 2020 con nuestra libertad de expresión y de prensa.
El informe menciona la sentencia del Tribunal Constitucional anulando la condena al cantante de Def con Dos, César Strawberry, por enaltecimiento del terrorismo. También habla de las denuncias contra la Ley Mordaza, de lo que dijo el relator de la ONU sobre los líderes independentistas encarcelados y de lo que le respondió el Defensor del Pueblo. De las consecuencias de nuestras leyes sobre las ofensas a los sentimientos religiosos y de las dificultades para preguntar al Gobierno en las ruedas de prensa durante el confinamiento.
El jaleo de verdad empieza en la sección de “Violencia y acoso”, un apartado donde un político nunca debería querer verse. Allí el Departamento de Estado de EEUU se hace eco de “múltiples denuncias” de que miembros del Gobierno han “atacado verbalmente a ciertos periodistas y medios”. Detalla unas declaraciones de Pedro Sánchez acusando a algunos medios conservadores de crispar y otras de Pablo Iglesias en las que decía: “Nuestra democracia será mejor cuando los responsables políticos, policiales y los mediáticos de las cloacas estén en la cárcel”. El informe considera que es una amenaza a “un periodista por publicar información comprometida sobre su partido y particularmente su financiación”.
Al portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, el informe le afea sus ataques al presentador de Antena 3 Vicente Vallés. En cuanto a Vox, el texto recuerda varias denuncias de Reporteros sin Fronteras. Una en la que la ONG advertía al partido de Abascal de que su retórica contra los periodistas provocaba agresiones y otras dos en las que le reclamaba que no los acosara en las redes sociales, ni les impidiera el acceso a su sede. El texto también se refiere a las denuncias de agresiones a periodistas en Cataluña durante manifestaciones.
¿Cómo se realiza el informe?
Aunque el resultado final es responsabilidad del Departamento de Estado de Estados Unidos, es la embajada en cada país la que realiza el primer borrador del texto. Un portavoz de la delegación estadounidense en Madrid ha explicado a elDiario.es que la información procede de “varias fuentes, incluyendo agencias del gobierno, ONG y medios de comunicación” y matiza que no es un intento de “catalogar cada incidente relacionado con los derechos humanos ni de juzgar a otros países”.
El Departamento de Estado está obligado por ley desde 1961 a presentar estos informes al Congreso de EEUU. Se hizo así con la idea de evitar que su gobierno financiara a países que violaran los derechos humanos, pero su utilidad está en entredicho. Washington ha seguido manteniendo estrechísimas relaciones con algunos de los gobiernos que cosechan las acusaciones más terribles en esos mismos informes. A pesar de eso, se sigue considerando el documento como una de las referencias para diseñar las relaciones de EEUU con otros países “teniendo en cuenta los derechos humanos y de los trabajadores”.
El informe de este año es el primero para el nuevo secretario de Estado Anthony Blinken, recién nombrado por Biden. En su presentación, se ha referido a las violaciones de derechos humanos en más de una decena de países como China, Rusia o Venezuela. España, de momento, no ha merecido su atención.
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