En medio del caos político generado por la destitución del presidente de Perú, Pedro Castillo, varios diputados del Congreso del país están intentando aprobar discretamente un proyecto de ley que privaría de protección a los pueblos indígenas “no contactados” y desmantelaría las actuales reservas creadas para ellos.
El proyecto propone modificar una ley de 2006 que protege a los pueblos indígenas en “aislamiento” y “contacto inicial” –aquellos que viven con poco o ningún contacto con el mundo exterior– con el fin de impedir la creación de nuevas reservas y eliminar las existentes, que son siete en la Amazonia peruana.
La propuesta, presentada por Jorge Morante, un congresista fujimorista poco conocido, va en contra de las abundantes pruebas documentales de la existencia de hasta 25 grupos aislados que viven en la selva amazónica del país, que solo es superada en extensión por la de Brasil.
“Provocaría un genocidio”
“En 30 años de trabajo por la protección de los pueblos indígenas aislados, nunca había visto un proyecto de ley tan nefasto”, dice Beatriz Huertas, antropóloga que trabaja con Orpio, la federación indígena de Loreto, la mayor región amazónica de Perú.
La organización indígena peruana Aidesep indica que la aprobación del proyecto de ley “provocaría un genocidio”, y que sus “hermanos y hermanas” son “ muy vulnerables y están amenazados por las crecientes presiones que sufren sus territorios” a causa de los proyectos de infraestructuras, la tala de árboles, la minería ilegal y el narcotráfico. Las personas aisladas son poco o nada inmunes a enfermedades comunes como la gripe o el resfriado.
En plena crisis política
La medida llega en un momento en que el país sigue sumido en la crisis provocada por el intento del presidente Castillo a principios de mes de disolver el Congreso y gobernar por decreto, una decisión que propició su propia caída. Según la Defensoría del Pueblo, al menos 22 personas han muerto en violentos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, seis han fallecido a causa de los bloqueos y cientos más han resultado heridas en los crecientes disturbios que han azotado el país.
La semana pasada, el Congreso votó a favor de adelantar las elecciones generales dos años, a abril de 2024, pero es necesaria una segunda votación para que la decisión sea definitiva. La cámara –sin duda, el órgano más denostado de una élite política profundamente desacreditada– será vigilada de cerca por los manifestantes que exigen su disolución.
Pero mientras la atención se centra en la crisis política, a los activistas indígenas les preocupa que la cámara pueda impulsar el proyecto de ley para anular las protecciones consagradas en acuerdos nacionales e internacionales.
Respaldado por seis legisladores de Fuerza Popular, el partido de la tres veces derrotada candidata presidencial Keiko Fujimori, el proyecto de ley propone transferir la facultad de establecer reservas para “pueblos aislados” del Ministerio de Cultura de Perú a las administraciones regionales de la Amazonia.
Apoyo empresarial
La propuesta parece tener el apoyo de un grupo de poderosos empresarios de la región de Loreto, en el norte de Perú, que han financiado una campaña en la televisión local, las redes sociales y actos públicos para negar la existencia de “los pueblos aislados”.
El grupo, que se autodenomina Coordinadora de Desarrollo Sostenible de Loreto y cuenta con el respaldo del Gobierno regional saliente y de grupos madereros, petroleros y de construcción de infraestructuras, afirma que las reservas indígenas son una farsa y un obstáculo para el desarrollo de esta vasta región, que es más grande que Alemania.
“[Las personas aisladas] son nuestras hermanas, estamos protegiendo la vida”, dice Pablo Chota, secretario general de Orpio, que lleva 19 años luchando por la creación de la reserva indígena de Napo-Tigre, en la frontera norte de Perú con Ecuador.
La petrolera anglo-francesa Perenco, que ha estado perforando en busca de petróleo en la región de Napo-Tigre, se opuso a la creación de la reserva, y presentó un requerimiento a principios de este año que posteriormente retiró. Actualmente, hay cuatro reservas en proceso de creación, tres de ellas también en Loreto.
Julia Urrunaga, directora para Perú de la Agencia de Investigación Ambiental, explica que cientos de grupos de la sociedad civil de Perú están profundamente preocupados por el proyecto de ley.
“Perú no puede soportar más conflictos”, sostiene. “En un mundo en el que cada día tenemos más pruebas del papel que desempeñan los pueblos indígenas en la protección de los últimos bosques naturales que quedan en el mundo, es suicida que se intente acabar con la protección de los pueblos indígenas y sus bosques”, concluye.
Traducción de Emma Reverter.