“Un presidente tiene todo el derecho a llevarse los documentos que él decida. Así es la ley”, ha asegurado esta noche Donald Trump en un acto ante sus seguidores en Bedminster (Nueva Jersey), tras escribir a media tarde en Miami una nueva página negra en los libros de historia: por primera vez, un presidente en el cargo o retirado se ha entregado a un tribunal federal para la lectura de cargos de su procesamiento.
El magnate, que se ha declarado “no culpable” de los 37 delitos que se le imputan por llevarse cientos de documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago y negarse a devolverlos, ha afirmado que el país ha sido “testigo del abuso de poder más perverso y atroz” de su historia. Y ha incidido el que será su argumento legal durante el proceso: “esas cajas —las que encontró el FBI en su registro al club privado de Palm Beach (Florida)— contenían todo tipo de posesiones personales” y “bajo la Ley de Archivos Presidenciales, tenía todo el derecho a tener esos documentos”.
Sin embargo, ha obviado que dicha ley no da potestad a un presidente a llevarse cualquier tipo de documentos, a mantenerlos cuando abandona el poder, a exhibirlos a terceras personas no autorizadas y presumir de ellos, a retenerlos cuando las autoridades le requieren que los devuelva, ni a intentar bloquear la acción de la justicia usando a sus abogados. Esos son las acciones delictivas, apoyadas con evidencias, que se detallan en el documento de la imputación. Además, a él se le acusa por incumplir la Ley de Espionaje, una ley que, según ha asegurado, “no tiene nada que ver con que un expresidente guarde legalmente sus propios documentos”.
El expresidente, que se presenta a las primarias republicanas del próximo año, ha reiterado ante sus seguidores que está siendo víctima de una “caza de brujas” y una “interferencia electoral”, y ha vuelto a repetir su acusación —sin pruebas— de fraude electoral en las pasadas elecciones. Acto seguido ha asegurado que, si logra un segundo mandato como presidente, designará a un fiscal especial con el objetivo de “perseguir a Biden y a toda su corrupta familia”. Una propuesta electoral que ha sido recibida al grito de “Lock him up! Lock him up! (¡Enciérrenlo!)”
Finalmente, se ha burlado del fiscal especial designado por el Departamento de Justicia para su caso, Jack Smith, el encargado de escribir su imputación, al que ha llamado “completamente trastornado” y “matón”. “Hice todo bien y me acusaron”, ha repetido al final de su discurso, antes de reafirmarse en el que se ha convertido en su eslógan de campaña: “Quieren silenciarme porque nunca dejaré que os silencien. Vienen a por vosotros, pero yo me interpongo en su camino y nunca me moverán. El 5 de noviembre de 2024 se hará justicia. Recuperaremos nuestro país y haremos América grande de nuevo”.
Trump podría pasar el resto de su vida en prisión
Horas antes de su enésimo discurso lleno de falsedades, el expresidente se ha presentado ante las puertas de un tribunal federal de Miami, donde se ha declarado inocente de los 37 delitos que el fiscal especial le imputa y por los que podría pasar el resto de su vida en prisión. Concretamente, lo acusa de 31 cargos por retener información de defensa nacional, cuatro por ocultar la posesión de documentos clasificados, dos por hacer declaraciones falsas al FBI y uno por conspiración para obstruir la justicia.
La suma de los delitos, en caso de ser condenado, ascendería a los 400 años de cárcel. Una pena que podría evitar si el gobierno estadounidense cambia de signo tras las elecciones presidenciales del próximo año, a las que él mismo se presenta, pues el indulto presidencial podría salvarle de prisión. Trump tratará de alargar el inicio del juicio hasta después de las elecciones, aunque ni la imputación ni una hipotética condena lo privarían de presentarse, según dicta la Constitución estadounidense.
Es la segunda ocasión en la que un presidente, en activo o retirado, se entrega a las autoridades para la lectura de cargos de su procesamiento. La primera, ante un tribunal federal. Trump ya se declaró “no culpable” el 4 de abril ante un tribunal estatal, cuando un juez de Nueva York le leyó los 34 cargos de los que el fiscal de distrito, Alvin Bragg, le acusa por falsificar documentos comerciales para comprar el silencio de la actriz Stormy Saniels.
Sin protestas violentas, a pesar de la retórica incendiaria
Al igual que en aquella ocasión, este martes no le han tomado ninguna fotografía policial, ni lo han esposado, como sí suele ocurrir en los procesos judiciales de este tipo. Y como ocurrió en Nueva York, se han encontrado a las puertas del tribunal manifestaciones a favor y en contra del expresidente, que enmarca esta imputación y sus demás investigaciones judiciales abiertas como un acto de guerra, una “persecución política propia de regímenes como Cuba o Venezuela”.
Para mitigar el riesgo de protestas violentas, y ante la presencia de grupos ultraderechistas como los Proud Boys, se ha desplegado un perímetro policial alrededor del tribunal federal, conformado por cuerpos policiales, los US Marshalls y el servicio secreto. Finalmente, la detención y posterior liberación de Trump se ha dado sin mayores incidentes.
Tanto Trump como sus aliados dentro del partido republicano han llamado a la protesta en los últimos días, en ocasiones con una retórica violenta, contra lo que el mismo expresidente califica como “la mayor caza de brujas de todos los tiempos” perpetrada por las “fuerzas oscuras” de un supuesto “estado profundo”. Un lenguaje conspiranoico parecido al que precedió al asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021.
“Tengo un mensaje para Merrick Garland, Jack Smith y Joe Biden, y para los medios de las fake news: si queréis acabar con el presidente Trump, tendréis que pasar por mí y por 75 millones de estadounidenses como yo. Y tengo que decir que la mayoría de nosotros somos miembros con carnet de la Asociación Nacional del Rifle”, amenazó este fin de semana la republicana de Arizona Kari Lake, una de las más fieles trumpistas, en la convención republicana de Georgia.
Las pruebas contra Trump vienen de su abogado
El documento de la imputación publicado el viernes pasado, de 49 páginas, detalla un gran número de evidencias que sirvieron para la acusación formal. Entre ellas, conversaciones grabadas y transcritas por uno de sus abogados, Evan Corcoran, en las que Trump presumía de tener en su poder documentos clasificados, incluso después de que el Departamento de Justicia se los requiriera y en las que le pedía que mintiera ante la justicia y le ayudara a ocultar los papeles.
A principios de este año, a pesar de las objeciones de Trump, el fiscal especial que supervisa la investigación, Jack Smith, pudo obtener dichas notas invocando la excepción de fraude criminal. Se trata de una disposición de la ley que permite a los fiscales eludir las protecciones habituales del privilegio abogado-cliente si tiene razones para creer que un cliente utilizó asesoramiento legal para promover un delito. Como así fue, según las pruebas aportadas.
Casualmente, las pruebas aportadas por un abogado de Trump, Michael D. Cohen, también fueron clave para su imputación ante un tribunal de Manhattan en abril por el caso del soborno a la actriz Stormy Daniels.
Según la imputación, Trump escondió los documentos gubernamentales por distintas estancias de su residencia de Mar-a-Lago, un lugar que acostumbra a utilizar para recibir a invitados. Concretamente, cuando el FBI registró la casa, se encontró decenas cajas de papeles almacenadas en un baño, un despacho, una habitación y una sala de baile, entre otros lugares de su residencia y club privado en Palm Beach. La acusación asegura que en el tiempo que pasó entre que Trump dejó la Casa Blanca (20 de enero del 2021) y el FBI encontró los documentos (9 de agosto del 2022), el expresidente celebró más de 150 eventos sociales, a los que asistieron “decenas de miles de invitados”.
El contenido de los documentos, que ha sido un misterio para el público durante toda la investigación, también fue revelado en el documento de la acusación. Trump guardaba en sus cajas “información relativa a las capacidades de defensa y armamento tanto de EEUU como de países extranjeros; programas nucleares de EEUU; vulnerabilidades potenciales de EEUU y sus aliados ante un ataque militar; y planes para posibles represalias en respuesta a un ataque extranjero”. Además, el fiscal especial asegura que estos documentos clasificados procedían de la CIA, el Departamento de Defensa, la Agencia de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado, entre otros.
La jueza que llevará el caso fue designada por Trump
El caso ha sido asignado aleatoriamente a la jueza Aileen M. Cannon, quien fue designada por el mismo Trump días después de perder las elecciones en noviembre del 2020. Cannon recibió críticas el año pasado por tomar una decisión favorable al expresidente en este mismo proceso judicial. Concretamente, fue esta misma jueza la que permitió en otoño que un fiscal especial revisara las pruebas incautadas en Mar-a-Lago, dilatando el proceso judicial. Finalmente, su fallo fue revisado por un tribunal de apelaciones.
Cannon será la persona encargada de dictar sentencia en base a las opiniones del gran jurado, que debe estar formado por ciudadanos sin experiencia jurídica del Distrito Sur de Florida. Aunque todavía está por determinar, es probable que el jurado provenga del condado de Palm Beach, donde fue presentado el caso y donde Trump perdió contra Biden por 13 puntos en las presidenciales del 2020. Pero es posible que finalmente el lugar elegido sea el condado de Miami-Dade, por sus mejores condiciones para alojar el que se espera que sea uno de los juicios de más alto perfil de la historia de EEUU. Ahí, Trump perdió contra Biden por tan solo 7 puntos en las últimas elecciones.