Después de cinco años trabajando como enfermera matrona en un hospital de Londres, Natalia Cabana hizo las maletas en junio y regresó a su Lugo natal. Esta vez, para siempre. A Reino Unido había llegado en 2015 huyendo de la precariedad y el desempleo de su sector en Galicia. “Acabé la carrera en 2011, y en los cuatro años siguientes solo logré trabajar para el Servicio Gallego de Salud (Sergas) tres días”, asegura.
La idea de dejar Londres y regresar a casa le llevaba rondando la cabeza desde hacía un año. Ya había ahorrado, había ganado experiencia y puntos para subir en las convocatorias de empleo del Sergas. Ahora, la COVID-19 y la angustia de sentirse aislada de su familia a más de 1.000 km de distancia, precipitó la decisión de comprar un billete de ida a Galicia sin vuelta.
Su marcha, y la de los más de 25.000 sanitarios europeos que en los últimos cinco años abandonaron sus trabajos en el servicio público de salud de Inglaterra, está añadiendo más gasolina al fuego de unos hospitales ingleses que en la última década han sufrido problemas crónicos de falta de personal, agravados desde marzo por la llegada de la pandemia.
De acuerdo con los últimos datos del Gobierno británico, en los doce meses hasta septiembre de 2019 abandonaron Inglaterra más de 5.000 enfermeras y doctores europeos, un 30% más que los que se marcharon en 2015, el año previo al referéndum del Brexit. Su salida tampoco ha sido compensada con nuevos reemplazos de la Unión Europea (UE) ya que, en ese tiempo, el número de sanitarios comunitarios reclutados se desplomó un 50%.
Goteo continuo
Aunque solo hay datos públicos para Inglaterra, las asociaciones de enfermería y médicos aseguran que la salida de europeos también afecta a los sistemas sanitarios del resto de Reino Unido, especialmente a Escocia y Gales. En Cardiff, la capital galesa, trabajó durante cuatro años María Longueira, una enfermera coruñesa que en junio de este año también optó por regresar a su ciudad natal. Como enfermera en la principal UCI de Cardiff, fue testigo del continuo goteo de compañeros del sur de Europa volviendo a sus países. El motivo, dice, no fue tanto una reacción al descontento generado por el Brexit como el final de una etapa vital con fecha de caducidad desde el comienzo.
“Muchas vinimos al Reino Unido porque en nuestros países salimos de la carrera y, después de los años de recortes, no había trabajo. Aquí podíamos ganar experiencia, pero para la mayoría era un plan temporal”, explica Longueira, que sí ve diferencias con antiguos compañeros del este de Europa, más propensos a aterrizar en el Reino Unido con la idea de echar raíces.
Al igual que estas dos enfermeras gallegas, la crisis de la COVID-19 ha acelerado los planes de regreso de muchos sanitarios, incluidos algunos británicos que prefirieron dejar hospitales en grandes ciudades como Londres para retornar a sus regiones de origen y estar cerca de la familia.
“La sanidad británica lleva años sufriendo un déficit de personal importante y dependiendo mucho de sus trabajadores europeos”, indica Terry John, presidente del comité internacional de la Asociación de Médicos Británicos. A su juicio, si la presencia de comunitarios sigue cayendo a este ritmo, los hospitales van a verse “con crecientes problemas”. “Su importancia se ha visto precisamente ahora, con el papel que tuvieron para hacer frente a la pandemia”, recalca.
Uno de sus temores es que la presión sobre los hospitales públicos se redoble a partir del 1 de enero, cuando entre en vigor el nuevo sistema de inmigración por puntos que pondrá fin a la libre circulación de trabajadores de la UE que existe actualmente.
A priori, el plan del Gobierno de Boris Johnson es que este nuevo sistema por puntos permita la entrada de profesionales para trabajar en puestos que el mercado laboral británico no da cubierto, como es el caso de la sanidad, aunque muchos presagian que la burocracia que acarreará este modelo desincentivará emigrar al Reino Unido.
Algo así ya ocurrió en 2016, cuando el Gobierno británico impuso a todas las enfermeras extranjeras la obligatoriedad de obtener un nota mínima de 7 en el IELTS, un certificado internacional de inglés, para acceder a un trabajo en la Sanidad. La medida trajo consigo una caída significativa del número de nuevos profesionales llegados al Reino Unido del resto de la UE.
“La necesidad del título de inglés redujo las llegadas, pero también el hecho de que los hospitales de países como España volviesen a contratar a partir de esa época, aunque sea con contratos temporales”, explica el enfermero gaditano Andrés López, que después de cinco años y medio trabajando en hospitales de Gales, este verano tomó la decisión de volver a casa y buscar empleo en Cádiz. En su caso, al “cansancio” personal con un sistema sanitario que deja en manos de los enfermeros “mucha responsabilidad a cambio de salarios bajos”, también se sumaron las incertidumbres causadas por el Brexit, en concreto en lo que tiene que ver con la homologación de la experiencia laboral en España.
Hasta ahora, los contratos de trabajo en la sanidad pública del Reino Unido ayudaban a ganar puntos en las convocatorias de plazas de los hospitales españoles. A partir del 1 de enero, cuando finalice el periodo de transición y el país salga definitivamente del paraguas normativo comunitario, esta homologación podría quedar en el aire, especialmente si no hay un acuerdo sobre este punto entre Londres y Bruselas. “Fue a raíz de estas dudas que comencé a pensar más en el regreso, y este año ya tomé la decisión final”, asegura López.
Una reflexión similar hace Severino Figueiras. Aunque este enfermero gallego continúa en el servicio de consultas externas del hospital Marsden de Londres después de seis años en el país, en su calendario tiene la fecha de retorno marcada para diciembre de 2021. “Si ya no se tiene en cuenta la experiencia para volver para las listas en España, se pierde un gran atractivo para emigrar. Aquí hay una estabilidad y una proyección profesional que no hay en España, pero los salarios son bastante modestos en comparación con otros trabajos”, indica Figueiras.
En los últimos años, este gallego también ha notado en su entorno la salida de colegas españoles. “De la tanda de 20 enfermeros de España con los que llegué en 2014, ya solo quedamos dos. En los hospitales se ve que están desesperados por contratar personal”, asegura, especialmente para perfiles más especializados, como en servicios de diálisis u oncología, donde las plantillas están más justas y es más difícil encontrar candidatos.
40.000 puestos por cubrir
De acuerdo con el Nuffield Trust, un think-tank británico centrado en el análisis de asuntos sanitarios, sólo en la sanidad pública de Inglaterra hay más de 40.000 puestos de trabajo para los que no se encuentra personal y que hasta ahora se cubren de forma temporal con trabajadores propios o de agencias privadas de colocación. En total, el sistema de sanidad público emplea a 1,5 millones de personas. El imparable envejecimiento de la población británica podría hacer ascender esta cifra hasta las 250.000 vacantes en 2030, o incluso 350.000 si el Gobierno fracasa en su intento de contener la fuga de sanitarios y captar nuevo personal.
Mark Dayan, analista de esta entidad, cree que el nuevo sistema migratorio y la crisis de la COVID-19 frenarán la llegada de profesionales de la UE y de otros países. “A menos que el Gobierno logre crear un sistema más atractivo para captar personal de fuera y mejorar la formación de las enfermeras británicas, el servicio de los hospitales empeorará”, dice. La caída del número de trabajadores europeos se ha visto parcialmente compensada en los últimos años con la llegada de más profesionales de países como India o Filipinas, si bien los trámites burocráticos y las homologaciones hacen su proceso de contratación más tedioso en comparación con los europeos. “Ahora mismo, el sistema no está en condiciones de expulsar o poner trabas a nadie”, asegura Dayan.
Las plantillas cortas de personal hacen mella en las condiciones en que trabajan los sanitarios. Una encuesta elaborada por el Real Colegio de Enfermería británico justo antes de la pandemia revelaba que seis de cada diez enfermeras admitía no tener tiempo para ofrecer a los pacientes la asistencia sanitaria que les gustaría. “Con la COVID-19, esto solo ha ido a peor”, asegura la secretaria general del Colegio, Donna Kinnair. En su opinión, la presión bajo la que trabajan muchas enfermeras del Reino Unido podría tener el efecto de una pescadilla que se muerde la cola. “Cuanto peor sean las condiciones, mayor será el número de trabajadores que dejen una profesión que ya está bajo mínimos”, advierte.
Aunque el Reino Unido cuenta con una ratio de camas por habitante inferior a la de otros países europeos, las restricciones impuestas por el Gobierno británico durante la primera ola de la pandemia lograron poner a salvo los hospitales públicos, que estuvieron lejos de ver ocupadas todas las camas habilitadas, incluso las de las Unidades de Cuidados Intensivos. Aunque el número de infectados continúa aumentando, la cantidad de pacientes con COVID-19 en los hospitales sigue por debajo de los niveles de abril, cuando se llegaron a superar los 20.000 ingresados con el virus.