Un tribunal egipcio ha condenado a tres años de prisión a los periodistas de Al Jazeera Mohamed Fahmy, Baher Mohamed y Peter Greste en el segundo juicio de un caso que suscitó desde el principio una amplia condena en todo el mundo contra los ataques del Gobierno del general Sisi a los medios de comunicación independientes y extranjeros ocurridos desde el golpe de Estado.
Los tres reporteros fueron detenidos en la habitación de su hotel en diciembre de 2013 y acusados de colaborar con los Hermanos Musulmanes, la organización política declarada terrorista por las autoridades. En un primer juicio, fueron condenados a penas aún más duras –siete y diez años de prisión–, pero el veredicto fue anulado en enero por un tribunal de apelación, que ordenó repetir la vista.
Las pruebas presentadas por el fiscal contra los periodistas no tenían mucho que ver con la acusación y formaban parte del trabajo normal de un periodista en Egipto. Algunas de ellas ni siquiera habían sido rodadas en Egipto. Se llegó a utilizar imágenes de un reportaje anterior de Peter Greste en Somalia o vídeos de otras televisiones.
Greste fue deportado hace unos meses a su país, Australia. Fahmy y Mohamed estaban presentes en la sala cuando se anunció la conclusión del segundo juicio.
La acusación ahora era de haber divulgado noticias falsas sobre Egipto. El juicio formaba parte de la venganza del régimen de El Cairo contra Al Jazeera, que había apoyado al Gobierno islamista anterior de Mohamed Morsi, al igual que lo había hecho el Gobierno de Qatar, propietaria de la cadena.
El proceso y la primera condena suscitaron numerosas condenas de organizaciones de derechos humanos y gobiernos extranjeros. Amnistía Internacional calificó todo el proceso de “un auténtico fraude”: “La única razón por la que estos tres hombres están en prisión es porque a las autoridades egipcias no les gusta lo que dicen. Son presos de conciencia y deben ser puestos en libertad de forma inmediata y sin condiciones. En el Egipto de hoy cualquier que se atreve a desafiar el relato oficial del Estado se convierte en un objetivo legítimo”, dijo en un comunicado.