Las revueltas egipcias derrocaron al dictador Hosni Mubarak, crearon tejido social y enseñaron a soñar a decenas de miles de personas en el país árabe. Pero lo que marcó un antes y un después para toda una generación en ciudades como El Cairo o Alejandría y en áreas industriales como Mahalla el Kubra, recibió un golpe letal a través de la represión del nuevo régimen, continuación del anterior.
El gobierno del presidente Abdel Fatah Al Sisi mantiene a decenas de miles de personas en prisión solo por sus ideas o su militancia. La vigilancia y la persecución son cotidianas para muchos activistas, y el maltrato en las cárceles, inhumano. Así lo denuncian decenas de organizaciones no gubernamentales. Doce ONGs internacionales han pedido a la Unión Europea que condene la represión y ponga en libertad a los militantes y defensores de los derechos humanos encarcelados injustamente.
Además, este lunes Amnistía Internacional ha hecho público un contundente informe de 74 páginas en el que detalla detenciones arbitrarias, humillaciones y maltrato a los presos y “condiciones crueles e inhumanas” en las cárceles egipcias.
Muertes bajo custodia
“El personal penitenciario de Egipto somete a presos y presas de conciencia, y a otras personas privadas de libertad por motivos políticos, a tortura y a condiciones crueles e inhumanas de reclusión. Además, les niegan deliberadamente atención médica para castigar la disidencia”, denuncia Amnistía. La organización defensora de los derechos humanos destaca cómo “la insensibilidad de las autoridades penitenciarias egipcias ha provocado muertes bajo custodia y daños irreparables a la salud de las personas presas”.
Señala que las cárceles están llenas de “hombres y mujeres valientes que estaban a la vanguardia de la lucha social y política”, y documenta las experiencias de 67 personas recluidas en tres prisiones para mujeres y trece para hombres. Diez de ellas murieron bajo custodia y dos fallecieron poco después de ser excarceladas en 2019 y 2020. Además, conoce otros 37 casos de muertes en 2020 en los que no pudo obtener consentimiento de las familias para divulgar por temor a represalias.
“Los grupos egipcios de derechos humanos estiman que desde 2013 han muerto bajo custodia centenares de personas, pero las autoridades se niegan a revelar cifras o a realizar investigaciones independientes efectivas e imparciales”, indica Amnistía.
Las causas más habituales de estas muertes son la denegación deliberada de atención sanitaria adecuada, “las espantosas condiciones de reclusión -también en régimen de aislamiento- y el tratamiento inadecuado en casos médicos de urgencia”. Uno de los casos más divulgados de muerte en prisión es el de Shady Habash, cineasta de 24 años, quien murió el pasado 2 de mayo de 2020. A pesar de sufrir una grave intoxicación por alcohol, el personal de la prisión de Tora no lo trasladó con urgencia a un hospital, según relata Amnistía Internacional.
Se le escuchó gritar de dolor y golpear la puerta de su celda durante días, hasta que se calló abruptamente.
Otro ejemplo es el de Essam el-Erian, médico y ex vicepresidente del ahora disuelto Partido Libertad y Justicia -ala política de los Hermanos Musulmanes-, quien murió en prisión el 13 de agosto de 2020. Durante años estuvo solicitando asistencia sanitaria que le fue denegada. En una audiencia judicial en enero de 2018 dijo:
“Contraje hepatitis C, mientras estaba en la cárcel pero un funcionario de la prisión me dijo que las autoridades se negaban a trasladarme a un centro especializado”. También antes de su muerte señaló: “Estas condiciones en las que estamos son un asesinato sistemático. Esto ni siquiera es una tortura para que confesemos, porque no hay confesiones. Somos rehenes del Ministerio del Interior, las cárceles se rigen por órdenes, y las órdenes están diseñadas para la venganza”.
Hossam Hamed, de treinta años, también falleció en régimen de aislamiento en agosto de 2019, en “circunstancias sospechosas”. Según tres fuentes entrevistadas por separado, “se le escuchó gritar de dolor y golpear la puerta de su celda durante días, hasta que se calló abruptamente”. Cuando los guardias abrieron la puerta, lo encontraron muerto. “Las fuentes dijeron que su cuerpo tenía la cara hinchada, herida y ensangrentada. Según estos testimonios, Hossam Hamed parecía haber sido golpeado por guardias en la celda de aislamiento”, denuncia Amnistía.
Moustafa Qassem, también prisionero con perfil político, y con doble nacionalidad egipcio-estadounidense, murió a principios de 2020 mientras estaba en huelga de hambre en protesta por sus condiciones de encarcelamiento. “Otra víctima mortal en las cárceles egipcias es el periodista Mohamed Mounir, quien murió por complicaciones de la COVID-19 estando en prisión preventiva”, indica el informe de la organización internacional de derechos humanos.
Torturas y represalias
“El personal penitenciario muestra un desprecio absoluto hacia la vida y el bienestar de los presos y presas que viven hacinados en las masificadas cárceles del país, hace caso omiso de la mayor parte de sus necesidades médicas, y les inflige un sufrimiento adicional al negarles un tratamiento médico adecuado o el traslado oportuno a un hospital”, afirma Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
“Las autoridades van más lejos en privar deliberadamente de atención médica, comida adecuada y visitas familiares a hombres y mujeres recluidos sólo por ejercer sus derechos humanos o por motivos políticos. Es lamentable que las autoridades egipcias traten de intimidar y atormentar a quienes defienden los derechos humanos o se dedican a la política, a activistas y a otras personas que se oponen al gobierno, real o aparentemente, negándoles atención médica. Cuando la denegación causa un dolor o sufrimiento intensos y es un acto deliberado con el fin de castigar, constituye tortura”, añade.
Entre las represalias figuran la reclusión en régimen de aislamiento prolongado e indefinido en condiciones abusivas durante más de 22-23 horas al día; negarles las visitas familiares durante periodos de hasta cuatro años y la prohibición de recibir paquetes de comida u otros productos de sus familiares.
Un caso denunciado es el de Ibrahim Ezz el-Din, un investigador de 27 años de la Comisión Egipcia de Derechos y Libertades (ECRF), quien desapareció durante 167 días después de su arresto en junio de 2018. Según señalan sus abogados, durante ese tiempo fue torturado, lo que le ha ocasionado daños psicológicos. “Ibrahim tiene una depresión aguda. Además tiene prohibido recibir visitas o alimentos del exterior”, ha dicho uno de sus abogados. Su familia pide que reciba atención psicológica adecuada
El bloguero Alaa Abdelfatah y su hermana Sanaa Seif, ambos en prisión, son también mencionados en el informe, porque su familia no siempre ha podido estar al tanto de su situación, visitarlos o comunicarse con ellos. Tanto Alaa como Sanaa son activistas progresistas y defensores de los derechos humanos. Sanaa fue arrestada en 2020, acusada de difusión de noticias falsas y uso indebido de las redes sociales. Entre los cargos imputados a la joven figura el de “afirmar falsamente que la COVID-19 se estaba extendiendo dentro de las cárceles, a causa de falta de medidas y de atención médica insuficiente”.
Amnistía Internacional denuncia que las autoridades penitenciarias egipcias se niegan habitualmente a transportar a los reclusos o reclusas con perfiles políticos que necesitan atención médica urgente a hospitales del exterior -que cuentan con las especialidades pertinentes- y que tampoco les dan su medicación, ni siquiera cuando son las familias las que se hacen cargo de los gastos.
Están intentando matarme lentamente o volverme loco
“Sois terroristas, ¿por qué tendría que atenderos?”
El informe de Amnistía recoge el testimonio de una exprisionera de la cárcel de Port Said, puesta en libertad en 2020, que relata lo siguiente: “Una presa tenía problemas en el hígado, vomitaba sangre. El médico vino por la noche y le dijo: ‘¿Qué me importa si mueres o te quemas?’. Se negó a examinarla, le dio un analgésico, y se fue”.
Otro arrestado, encarcelado en la prisión de Wadi al-Natron, cuenta que un médico le dijo en una ocasión: “Sois terroristas, ¿por qué tendría que atenderos?”
El preso de conciencia Zyad el-Elaimy, exparlamentario, abogado de derechos humanos y uno de los fundadores del Partido Socialdemócrata, en la oposición egipcia, fue detenido el 25 de junio de 2019. “Desde entonces las autoridades penitenciarias le han denegado atención médica adecuada. Según su historial médico padecía sarcoidosis, asma, hipertensión y diabetes tipo 2 antes de ser detenido”, informa Amnistía. “Sin el diagnóstico y el tratamiento adecuados, la salud de Zyad el-Elaimy corre el riesgo de deteriorarse aún más”, añade.
Algunas fuentes calculan que hay 114.000 personas presas en Egipto, más del doble de la capacidad de las cárceles.
También se deniega atención médica apropiada a Abdelmoniem Aboulfotoh, de 69 años, excandidato presidencial y fundador del partido de oposición Misr al Qawia. Aboulfotoh lleva recluido arbitrariamente desde febrero de 2018 en régimen de aislamiento, y padece diabetes, hipertensión arterial e hipertrofia prostática. A pesar de ello, “las autoridades penitenciarias le han denegado en varias ocasiones su solicitud de traslado para recibir tratamiento fuera de la prisión, y retrasaron gravemente su acceso a profesionales médicos dentro de la cárcel. La fiscalía ha desestimado sus quejas”, denuncia Amnistía, que destaca una frase de Aboulfotoh: “Están intentando matarme lentamente o volverme loco”.
El informe relata también el caso de Khalid Hamdy, periodista de 36 años detenido desde marzo de 2014 en la prisión de Al-Aqrab, quien sufre “complicaciones médicas posiblemente debido a sus condiciones de detención”. Las autoridades penitenciarias le prohiben recibir visitas familiares desde abril de 2017. El 11 de diciembre de 2018, los funcionarios penitenciarios lo recluyeron en régimen de aislamiento en una “celda disciplinaria”. Desde entonces, ha estado en régimen de aislamiento, sin posibilidad de hacer ejercicio.
Una investigación anterior de Amnistía Internacional encontró que las autoridades penitenciarias utilizan el confinamiento solitario para infligir un castigo adicional, en particular, contra los presos con un perfil político o como una medida disciplinaria arbitraria, como castigo contra quienes denuncian violaciones de los derechos de los presos.
Reclusión arbitraria masiva y hacinamiento
Las autoridades egipcias se niegan a revelar el número de personas reclusas en el país. Algunas fuentes calculan que son 114.000, más del doble de la capacidad de las prisiones de 55.000 personas indicada por el presidente Abdel Fatah al Sisi en diciembre de 2020.
La población penitenciaria aumentó considerablemente tras el derrocamiento del difunto expresidente Mohamed Morsi en julio de 2013, lo que causó graves problemas de hacinamiento. En las 16 cárceles examinadas, hay cientos de personas hacinadas en celdas masificadas en las que se calcula que hay como media 1,1 metros cuadrados de espacio en el suelo para cada persona, tamaño muy inferior a los 3,4 metros cuadrados mínimos que recomiendan entidades expertas en la materia.
“Las autoridades siguen ignorando los llamamientos de que se reduzca la población penitenciaria en el contexto de los brotes de COVID-19, que ponen en peligro más vidas. De hecho, en 2020 fueron excarceladas 4.000 personas menos que en 2019 mediante indultos presidenciales y órdenes de libertad condicional”, indica Amnistía.
Respuesta deficiente a la COVID-19 en las cárceles
La organización de derechos humanos denuncia que ante la pandemia de COVID-19, las administraciones penitenciarias egipcias no han distribuido con regularidad productos higiénicos, ni rastrean y filtran las nuevas llegadas, ni someten a pruebas y aíslan a quienes podrían tener la infección.
Además, problemas que existen desde hace tiempo, como la falta de agua apta para el consumo, la mala ventilación y el hacinamiento, hacen imposible implementar la distancia física y medidas higiénicas de prevención.
“Los reclusos y reclusas con síntomas de COVID-19 no eran sometidos a pruebas de forma sistemática y, en algunos centros, los pusieron en cuarentena en celdas pequeñas y oscuras usadas para la reclusión en régimen de aislamiento sin acceso a tratamiento adecuado. En otros, los dejaron en sus celdas, poniendo así en peligro al resto de la población reclusa”, señala.
Sin supervisión
“Las autoridades penitenciarias actúan con poca o ninguna supervisión independiente. Las fiscalías tienen la autoridad de realizar visitas no anunciadas a centros de detención, pero lo hacen en contadas ocasiones y, por lo general, ignoran las quejas de la población reclusa”, denuncia Amnistía.
Los presos y presas han iniciado huelgas de hambre a las que se ha respondido con amenazas y palizas. Las familias que han protestado en público han sido detenidas. Quienes defienden los derechos humanos, así como las personas abogadas que los defienden, han sufrido amenazas y cárcel.
“Las autoridades deben reducir urgentemente el hacinamiento, lo que incluye excarcelar de inmediato a todas las personas recluidas de forma arbitraria y estudiar la posibilidad de poner en libertad a los presos y presas que corren más riesgo de sufrir complicaciones por la COVID-19 debido a su edad o a dolencias previas. Deben proporcionar a todas las personas bajo su custodia atención médica adecuada, incluida la vacuna contra la COVID-19, sin discriminación. Las autoridades egipcias deben permitir el acceso a las prisiones de entidades expertas independientes y trabajar con ellas para abordar las pésimas condiciones de reclusión y el acceso a la atención sanitaria en las cárceles antes de que se produzcan más trágicas pérdidas de vidas”, concluye Philip Luther, de Aminstía Internacional.