Joe Biden ha ganado las elecciones de Estados Unidos, un hecho que Donald Trump y otros republicanos se niegan a reconocer.
Existen temores de que el presidente y otros republicanos recurran a cualquier maniobra para quedarse en el poder. “Será una fácil transición hacia un segundo mandato de Trump”, dijo la semana pasada Mike Pompeo, secretario de Estado. William Barr, fiscal general de EEUU, también ha autorizado que los fiscales del ámbito federal comiencen a investigar supuestas irregularidades en los comicios, una decisión que hizo que el director de la unidad de delitos electorales del Departamento de Justicia renunciara a su cargo. El martes, Trump echó a Christopher Krebs, director de la agencia federal que respondió por la fiabilidad de las elecciones de este año y que había desmerecido las infundadas afirmaciones del presidente sobre el fraude electoral.
Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos de Trump, es extremadamente improbable que encuentre la forma de quedarse en el poder o dar un golpe de Estado.
¿Existe un camino constitucional para Trump para quedarse en el poder?
La verdad es que no. El Colegio Electoral se reunirá el 14 de diciembre para votar al futuro presidente y casi todos los estados se basan en el voto popular a nivel estatal para distribuir sus electores. Se calcula que Biden obtendrá muchos más de los 270 votos electorales que necesita para convertirse en presidente. Su triunfo no depende de un solo estado y probablemente lleve ventajas insalvables en Michigan, Nevada, Wisconsin, Pensilvania y Arizona.
Existe una rebuscada e improbable teoría legal, presentada por los republicanos antes de las elecciones, según la cual las legislaturas de algunos estados de tendencia republicana, como Michigan, Wisconsin y Pensilvania, podrían hacer caso omiso del voto popular y designar sus propios compromisarios para el Colegio Electoral. La ley federal permite que las legislaturas estatales hagan esto si en el estado “no se ha logrado elegir un candidato” llegado el día en que se reúne el Colegio Electoral. Pero no existen pruebas de ningún fraude sistemático en ningún estado y la ventaja que ha obtenido Biden deja claro que estos estados han tomado una decisión.
“Si el país continúa como un Estado de derecho, no veo ningún posible camino constitucional para que Trump permanezca un segundo mandato en el poder, a menos que aparezcan nuevas pruebas de fallos masivos en el sistema electoral en muchos estados”, señala Richard Hasen, profesor de derecho de la Universidad de California en Irvine especializado en elecciones. “Sería una brutal y antidemocrática apropiación de poder el intentar utilizar las legislaturas estatales para eludir las elecciones de los votantes y no creo que eso suceda”.
Sería insólito que un estado decida invalidar de esa forma la clara voluntad de sus votantes y probablemente generaría fuertes protestas. Para que Trump gane en el Colegio Electoral, sería necesario que varios estados tomen estas medidas extraordinarias, algo que tendría consecuencias muy importantes y provocaría una verdadera crisis democrática en todo el país.
“Existe una fascinación extraña con varios escenarios oscuros e imaginados en los que participarían quizá asambleas estatales rebeldes, pero se trata más bien de ficciones distópicas”, asegura Richard Pildes, profesor de derecho de la Universidad de Nueva York. “La ironía, o la tragedia, es que logramos llevar a cabo unas elecciones extremadamente tranquilas, con récords de participación, en circunstancias excepcionalmente complicadas y, aún así, una gran cantidad de seguidores del presidente está convencida de que el proceso tuvo fallos”.
¿Hay alguna indicación de que los republicanos en estos estados vayan a seguir adelante con esta estrategia?
Poco después de las elecciones, Jake Corman, líder republicano del Senado de Pensilvania, aseguró que en su estado su formación “respetaría la ley”, lo cual implica darle los electores al candidato ganador del voto popular. En un artículo de opinión publicado en octubre, Corman dijo que la legislatura estatal “no estará involucrada en la elección de los compromisarios del estado ni en decidir el resultado de las elecciones”.
La semana pasada, los republicanos del Congreso de Pensilvania dijeron que querían investigar las acusaciones de fraude electoral. No existen pruebas de infracciones generalizadas en ese estado, pero la decisión es alarmante porque podría ser el inicio de un esfuerzo por socavar los resultados del voto popular en Pensilvania. Sin embargo, en un duro golpe a los esfuerzos legales del presidente, el Tribunal Superior de Justicia de Pensilvania dictaminó que los trabajadores electorales de Filadelfia no impidieron al equipo de campaña de Trump monitorear el conteo de votos por correo.
El Congreso de Michigan, de mayoría republicana, también está investigando las elecciones, igual que los republicanos de Wisconsin. En ninguno de esos estados hay indicios de infracciones generalizadas.
¿Está esto relacionado con las demandas presentadas por Trump?
Desde el día de las elecciones, el equipo de campaña de Trump ha presentado una serie de denuncias de dudosa base legal. El objetivo de estas denuncias no parece ser cambiar el resultado de las elecciones, sino intentar generar incertidumbre y prolongar el proceso de escrutinio.
Cada estado tiene su propia fecha límite para certificar los resultados de las elecciones que luego se utilizan para distribuir los votos en el Colegio Electoral. En al menos dos estados, Pensilvania y Michigan, la campaña de Trump está buscando impedir que los trabajadores electorales certifiquen los resultados.
La fecha límite de certificación es importante porque la ley federal dice que siempre y cuando los resultados de las elecciones estén antes del 8 de diciembre de este año, el resultado será “definitivo”. Esto garantiza que el Congreso, responsable de contar los votos del Colegio Electoral, no pueda poner en duda el resultado de las elecciones. Al retrasar el proceso, el equipo de Trump puede estar queriendo que los resultados no estén listos en la fecha límite y así permitir que sean cuestionados.
Pildes afirma que, incluso si eso es lo que pretende el equipo de Trump, es muy improbable que los tribunales intervengan. “En menos de 10 días, los estados van a comenzar a certificar sus resultados y las denuncias realizadas hasta ahora no tienen fundamentos para hacer que los tribunales detengan ese proceso”, aseguró.
Si los congresos estatales anulan la voluntad popular, ¿habría alguna forma de detener a Trump?
Sí. Michigan, Wisconsin, Pensilvania y Nevada son estados con gobernadores demócratas que se negarían a aprobar electores de Trump si el voto popular en el estado muestra claramente que ha ganado Biden. Lo que harían sería otorgarle a Biden los electores que le corresponden como ganador del voto popular.
Luego, el Congreso nacional, encargado de contar los votos del Colegio Electoral, tendría que decidir qué hacer. La ley que define la forma en que el Congreso debe manejar una disputa sobre los electores de un estado es muy confusa, pero los expertos creen que la lista respaldada por el gobernador se considera válida legalmente. Una teoría opuesta afirma que el presidente del Senado, Mike Pence, manejaría el proceso. El peor escenario posible sería una disputa entre la Cámara de Representantes y el Senado, en la que tendría que intervenir el Tribunal Supremo.
Al margen de cuánto se prolongue una posible disputa, la Constitución sí establece una fecha límite. Incluso si sigue el escrutinio, el mandato del presidente y del vicepresidente termina al mediodía del 20 de enero. Si llegada esa fecha no se ha alcanzado un resultado definitivo de las elecciones, la líder de la Cámara de Representantes, actualmente Nancy Pelosi, se convertiría en presidenta interina.
Traducido por Lucía Balducci