La historia del diplomático turco en España que se salvó de la cárcel de Erdogan por un embarazo

La noche del 15 de julio de 2016, Remzi Er, tercer secretario en la embajada de Turquía en España, recibió una llamada de su jefe. Eran aproximadamente las diez de la noche, se estaba produciendo un intento de golpe de Estado contra el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y todos los diplomáticos en España fueron convocados para seguir los acontecimientos.

El golpe fracasó, murieron más de 200 personas y a la mañana siguiente el presidente inició una purga indiscriminada de opositores en todas las capas del Estado. Los primeros coletazos de la operación de limpieza llegaron a la embajada en España tan solo cinco días después, el 25 de julio. El Ministerio de Exteriores turco envía una notificación a la misión diplomática en Madrid ordenando el regreso de Remzi a Turquía, así como la retirada de su pasaporte diplomático y el de su familia y su sustitución por un documento de viaje temporal válido únicamente para regresar al país. Le acusaban de terrorista.

“Al día siguiente entré al despacho del embajador Omer Onhon, que me dijo que tenía que coger todas las cosas y salir de la embajada en 15 minutos”, cuenta. La esposa de Remzi estaba embarazada de su segundo hijo y tras algunas complicaciones, el médico le dijo que en su situación no podía volar “por amenaza de parto prematuro”. El diplomático entregó el parte en la embajada para justificar su estancia en España, pero no fue suficiente. “El embajador envió a un diplomático al hospital para comprobar que el documento era cierto”, cuenta.

“Pensábamos esperar al parto y después volver, pero en ese periodo vimos lo que estaba ocurriendo en Turquía y decidimos quedarnos”, cuenta. La carta le daba 15 días para volver a Turquía. “En esos 15 días me llamaron cuatro veces desde la embajada para decirme que si no volvía, iba a ser peor ¿pero qué puede ser peor que el riesgo para la salud de mi mujer embarazada? Entregamos los pasaportes, la matrícula del coche y nos quedamos en España sin nada, sin ingresos y sin ni siquiera tarjeta de residencia”, añade.

El 1 de septiembre, el Gobierno publica el decreto 672. Aproximadamente 42.000 nombres de funcionarios que a partir de entonces se quedan sin trabajo y sin posibilidad de recuperarlo por su supuesta relación con grupos terroristas. En el número 139: Remzi Er. Como este, hay al menos 31 decretos más llenos de nombres y apellidos.

Un día después del decreto, un medio afín a Erdogan publica una noticia titulada '30 diplomáticos a la fuga' en la que vuelve a aparecer su nombre. “Tras el intento de golpe de Estado, 208 diplomáticos de carrera fueron llamados a la sede central”, señala el artículo. “30 no han cumplido su deber y han huido a otros países”, añade.

Tras pedir asilo en España y entregar como pruebas de la persecución de Erdogan el decreto, la noticia y el parte médico, entre otros, el Gobierno español le concede en marzo de 2018 el estatus de refugiado a él y su familia. Actualmente es profesor de matemáticas en dos academias y tanto él como su esposa están cursando un máster en la Universidad Complutense de Madrid. Él, en Economía. Ella, en Psicopedagogía.

Remzi ha intentado conseguir un abogado en Turquía para que le representase ante los tribunales turcos. “Para pedir un abogado desde el exterior necesitas ir al consulado para hacer el trámite, pero allí nos lo rechazaron. La otra opción es ante un notario español, pero al no tener ningún documento, necesitaba dos testigos españoles. Mis vecinos aceptaron ayudarme, fuimos al notario y finalmente pudimos conseguir un abogado en Turquía”, cuenta. Sin embargo, asegura que no sabe absolutamente nada de su caso. “No sé nada. No sé ni siquiera por qué me culparon”, lamenta.

La purga se ha centrado en los seguidores del Movimiento Gulen, a quien Erdogan culpa de orquestar el golpe de Estado, pero Remzi asegura que él no es parte del movimiento. “Mucha gente dice que somos gulenistas, pero no tenemos ninguna afiliación con Gulen”.

Cuando nació su hija, el exdiplomático solicitó en el consulado la nacionalidad turca para ella. Ante las dificultades, un trabajador preparó el documento y se lo entregó fuera del consulado, en la calle.  

A día de hoy, todavía se cruza con gente relacionada con la embajada. “La hija de un trabajador de la embajada va al mismo colegio público que mi hijo. A veces me encuentro a su pareja y nos saludamos. Saben que no soy culpable”, afirma.

La purga afecta a todas las esferas de la sociedad turca. Desde su puesta en marcha, decenas de miles de personas han sido detenidas y más de 150.000 han sido despedidas de sus trabajos. La atención sobre los diplomáticos se ha disparado en las últimos días por una nueva ola de arrestos. El Gobierno ha ordenado la detención de 249 miembros del Ministerio de Exteriores, muchos de ellos diplomáticos, y se han publicado denuncias de torturas sexuales a algunos de los detenidos.

Remzi antes no quería contar su caso a los medios por miedo a represalias contra su familia en Tuquía. “Es la primera vez que hablo en público porque las torturas han sido la gota que ha colmado el vaso. Del golpe hasta ahora han torturado a mucha gente, pero cuando ha llegado a mis colegas y amigos he decidido hablar”.