La expectación que ha generado el inicio del juicio de Donald Trump por el caso Stormy Daniels este lunes no solo se debe a que sea histórico —es la primera vez en Estados Unidos que un expresidente se sienta en el banquillo por un caso criminal— sino también porque es el único de los cuatro casos penales que ha sobrevivido a la estrategia de la defensa de Trump: inundar los tribunales de mociones para posponer al máximo el inicio de los procesos hasta pasadas las elecciones.
Aparte del caso que se juzga en Manhattan por falsear los pagos a la actriz porno Stormy Daniels,Trump lidia con otras tres imputaciones criminales: el caso estatal de Georgia por el intento de revertir el resultado electoral del 2020 en ese estado, el caso federal del asalto al Capitolio del 6 de enero junto con el intento de cambiar el resultado electoral -que se juzga en Washington-, y el otro caso federal de los papeles clasificados de Mar-a-Lago, que lo lleva un tribunal de Florida. A pesar de que la pena por fraude en Nueva York son hasta cuatro años de prisión, el juicio por falsear los pagos a la actriz porno no se trataría del más grave del rosario.
“El caso más serio es el de los papeles de Mar-A-Lago. Porque se le acusa de haber puesto en grave peligro la seguridad nacional de este país. Es uno de los cargos más graves que se pueden llegar a afrontar”, explica David Super, profesor de Derecho Administrativo y Constitucional de la Universidad de Georgetown. Aunque el exfiscal del Departamento de Justicia norteamericana y actual profesor de Derecho en la Universidad de California, Justin Levitt, no lo tiene tan claro: “Es como elegir cuál es el veneno más mortal entre tres venenos extremadamente peligrosos. La mala gestión, deliberada, de los papeles clasificados es extremadamente grave. Los otros dos casos [el de Georgia y el asalto al Capitolio] son dos intentos intencionados de derrocar la voluntad de los ciudadanos. Algo que en cualquier otro contexto lo llamarías un golpe de Estado”.
Una juez favorable a Trump
Tanto el caso de Georgia como el del asalto al Capitolio no tienen fecha prevista, mientras que el de Mar-a-Lago puede que la juez acabe fijando el día de inicio del juicio para finales de mayo. Todo dependerá del tiempo que le tome a la juez Aileen Cannon revisar las mociones presentadas por el equipo legal de Trump. “Esta juez ha sido la más proclive a emitir fallos extraños que benefician al expresidente. De hecho, fue nombrada por el mismo Trump, además de que es relativamente nueva en el tribunal. Es por ello que se trata del juicio que tiene menos probabilidades de avance”, expone Levitt.
El profesor Super coincide con Levitt sobre el comportamiento de Cannon: “Creo que la jueza lo va a ayudar”. Aunque también reconoce que Florida es un caso más complejo que el de Nueva York, en el cual el juez Juan M.Merchan ya ha denegado varias peticiones de retrasar el juicio, las cuales incluso se llegaron a presentar el mismo día del arranque.
En el caso de Florida, el expresidente afronta 42 cargos, como el de retención intencional de información de defensa nacional, por haberse llevado papeles clasificados de la Casa Blanca a su residencia de Mar-A-Lago (Florida). En cambio, en el de Nueva York solo tiene 34 cargos y el más grave sería el de falsificación documental, que le podría costar hasta cuatro años de prisión. “Se trata del más simple de los cuatro, por lo que es más difícil encontrar justificaciones para retrasarlo”, explica Super.
Sobre los cuatro años de prisión que le podrían caer a Trump, el exfiscal Levitt rebaja las expectativas: “Creo que por estos cargos en este contexto, es sumamente improbable que alguien sea sentenciado a prisión. Podría ser posible, pero creo que es aún más improbable debido a quién es Donald Trump”.
La presión de juzgar un expresidente
Precisamente el hecho de tener que llevar un juicio penal contra un expresidente, y futuro candidato electoral, hace que todo el proceso se enfangue más. La defensa de Trump sabe que los jueces no quieren que parezca que no se ha celebrado un juicio con todas las garantías en un proceso penal, lo que también hace que se inclinen más a aceptar la mayoría de recursos. “Los jueces han hecho todo lo posible para permitirle presentar mociones legales, incluso cuando son frívolas, para asegurarse de que no exista la idea de que se le ha negado una defensa efectiva”, explica Levitt. Cualquier recurso que permita retardar el inicio, por muy corto que sea el intervalo de tiempo, ya se suma al total y puede marcar una gran diferencia en si Trump se sentará antes o después de las elecciones en el banquillo de los acusados.
Que el magnate intente dibujarse como víctima de una “persecución política” también añade presión sobre los jueces. A pesar de que la justicia se rige por el principio de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, otra señal que muestra que Trump no es un ciudadano cualquiera es lo barato que le ha salido atacar a los jueces y familiares de estos.
En cualquier otro contexto, “la mayoría de los acusados habrían sido encarcelados por desacato al tribunal”, remarca el exfiscal del gobierno norteamericano. Pero en el juicio del caso Stormy Daniels el juez Merchan solo dictó una orden de silencio para frenar los ataques de Trump contra los testigos y su propia familia. Las semanas anteriores al inicio del proceso, Trump había puesto en la diana a la hija de Merchan y se había dedicado a atacarla.
Georgia, el caso más peligroso para Trump
Trump está intentando posponer los juicios hasta pasadas las elecciones porque cree que si es reelegido podría deshacerse más fácilmente de los casos. Al menos de los dos federales: el de Florida y el del intento de Washington. “Esto podría ser posible. Aunque sigue siendo algo que genera disputas, ya que se trata de un territorio desconocido. Existe el debate sobre si, como presidente, tendría la autoridad para deshacerse directamente de los casos federales, o si podría, por ejemplo, perdonarse a sí mismo”, explica Levitt. Otra opción sería también que le ordenara al fiscal general deshacerse de los casos, “pero eso requiere que el fiscal esté dispuesto a ello”.
El profesor Super coincide con la posibilidad de que si Trump es reelegido pueda llegar a deshacerse de los dos casos federales. “Si yo fuera Trump, el caso que más temería sería el de Georgia porque es el único donde no tiene nada a su favor”, expone. Al ser un juicio estatal, aunque Trump fuera presidente, no tendría poder para deponerlo. En el caso de Georgia se imputa a Trump, y a otras 18 personas, por intentar cambiar el resultado de este estado en las elecciones del 2020. Lo singular de la imputación, es que para realizarla se ha aplicado una ley especial contra el crimen organizado que se creó originalmente para luchar contra la mafia.
Para conseguir el retraso de este juicio, la defensa acabo convirtiendo el tribunal en un culebrón digno de telenovela. Se acusó a la fiscal a cargo del caso, Fani Willis, de haber incurrido en el tráfico de influencias por designar un abogado en su equipo con el que mantenía una relación. Para más inri, este supuesto tráfico de influencias estaba agravado por un viaje que realizaron Willis y el abogado en cuestión, en el cual fue él quien pago los gastos (con el dinero que ganaba por haber conseguido su cargo gracias a Willis).
Aparte de desviar la atención sobre las acusaciones de Trump, resolver todo el embrollo llevó mucho tiempo y un juicio. El juez a cargo, Scott McAfee, finalmente ha dictaminado que no existe un conflicto de intereses real y ha permitido a la fiscal Willis seguir con el caso de Georgia. Aunque puede que en este caso Trump, más que intentar posponer el juicio, estuviera intentando acabar con él. “Si Willis fuera retirada del caso, alguien de una oficina completamente diferente asumiría el control, y hay razones para creer que la persona que sería designada podría desestimar inmediatamente el caso. Entonces, si se deshace de Willis, probablemente se deshaga de todo el caso”, expone el profesor de la Universidad de Georgetown.
La posibilidad de acabar en el banquillo en plena campaña
A corto plazo, puede que la táctica de posponer los juicios le juegue a favor a Trump, pero a largo plazo puede que se le gire en contra. “Trump cree que esto le está beneficiando”, afirma Levitt, y añade: “Es poco probable que vaya a juicio antes de las elecciones, pero no imposible”. El exfiscal apunta al caso sobre la inmunidad presidencial de Trump que está en manos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. La alta instancia judicial debe decidir si el expresidente gozaba de inmunidad cuando trató de revertir el resultado electoral del 2020. La vista para escuchar los argumentos orales está prevista para la semana que viene, aunque muy probablemente “no se dicte sentencia hasta a finales de junio”.
“Una vez el Supremo se pronuncie sobre la inmunidad, los tribunales federales se encargaran de fijar el juicio y se ocuparan de las mociones. Lidiarán con los recursos legales mientras seguirán con el calendario planeado. Esto es lo que normalmente pasa: fijas una fecha y la defensa puede presentar mociones. Y si es necesario vuelves a retrasar el juicio”, relata el exfiscal del Departamento de Justicia. Es decir, la sentencia del Supremo, si dice que Trump no tiene inmunidad, daría un empujón al proceso del asalto al Capitolio para que fije la fecha del inicio de juicio, con la posibilidad de que caiga en otoño.
La cuestión aquí no sería el hecho de si se dicta sentencia antes de las elecciones, que son el 5 de noviembre, sino el hecho de que justo en medio de la campaña podría haber la foto de Trump sentado en el banquillo de los acusados por un caso criminal. Concretamente por el intento de cambiar el resultado de las elecciones del 2020. Una imagen que, a pesar de ya se ha visto este mes d’abril, puede que tenga un mayor impacto en los votantes con las urnas a la vuelta de la esquina. Hecho que podría repercutirle negativamente al líder republicano. “Esto es parte de la razón por la que digo que Trump cree que posponer los juicios le beneficia, pero este calendario puede ofrecer una visión muy diferente”, avisa Levitt.