El Qatargate “constituye una injerencia extranjera grave en los procesos democráticos de la Unión Europea”. De esta manera recoge la resolución aprobada este jueves la crisis que está viviendo la institución. Por 541votos a favor, dos en contra y tres abstenciones, el plano de Estrasburgo ha aprobado abrir una investigación interna y detener “todos los expedientes legislativos” relacionados con Qatar.
Eso sí, el pleno ha rechazado una enmienda presentada por los eurodiputados de IU, Sira Rego y Manu Pineda, en la que se expresaba la “profunda preocupación por las denuncias de que Marruecos también ha intentado influir en los diputados, antiguos diputados y miembros del personal del Parlamento Europeo mediante actos de corrupción; pide la aplicación de medidas en consonancia con las aplicadas a los representantes de los intereses de Qatar mientras se llevan a cabo las investigaciones”.
En las últimas horas han trascendido informaciones en medios italianos, belgas, alemanes y estadounidenses en las que citan documentos de la investigación, según los cuales Marruecos también puede estar detrás de sobornos en el Parlamento Europeo. La enmienda ha sido derrotada por 253 votos en contra –el grueso de populares, socialistas y liberales, incluidos los españoles– frente 238 a favor –Verdes, La Izquierda, parte de socialistas y liberales– y 67 abstenciones –fundamentalmente ultraconservadores–.
El texto de la resolución de consenso apela a que “la confianza en la integridad del Parlamento y el Estado de Derecho es fundamental para el funcionamiento de la democracia europea”; y a que “es fundamental garantizar que los procesos democráticos no sean capturados por intereses privados y externos y que los derechos de los ciudadanos se respeten plenamente”.
Así el texto señala que la ONG Fight Impunity, del ex eurodiputado Antonio Panzeri, en el centro de la trama, “”no se encuentra inscrita en el Registro de Transparencia, [...] una pieza central del marco ético y la transparencia de las instituciones europeas“.
En este sentido, el documento defiende que “la influencia con argumentos de los representantes de intereses [lobistas] en la toma de decisiones en el Parlamento es una parte vital de la democracia europea”, pero que “por el contrario, son inaceptables los medios inadecuados de influencia, el soborno y otros delitos penales”.
Los eurodiputados se reconocen “consternados” y expresan su “grave preocupación por los presuntos actos de corrupción, blanqueo de capitales y participación en una organización delictiva de diputados, ex diputados y personal del Parlamento a cambio de influir en las decisiones del Parlamento” y apoyan “la plena cooperación del Parlamento Europeo con la investigación penal en curso”.
Así, denuncian “en los términos más enérgicos los supuestos intentos de Qatar de influir en los diputados, antiguos diputados y miembros del personal del Parlamento Europeo mediante actos de corrupción que constituyen una grave injerencia extranjera en los procesos democráticos de la UE”; subrayan “la gravedad y la magnitud de las investigaciones en curso”, que exigen que el Parlamento Europeo y las instituciones de la UE “reaccionen con unidad inequívoca y determinación inquebrantable”.
Por medio de la resolución, los eurodiputados se comprometen a “crear una comisión de investigación, tras el resultado de las investigaciones penales y posibles procesos judiciales, para investigar casos de corrupción y actuaciones indebidas por parte de terceros países que pretendan comprar influencia en el Parlamento Europeo”.
La resolución “pide urgentemente que se suspendan las credenciales de acceso de los representantes de los intereses de Qatar”, considera que debe “reforzarse el Registro de Transparencia de la UE, tanto en presupuesto como en personal, para que pueda verificar más exhaustivamente la información proporcionada por los solicitantes de registro”, con especial atención a representantes “de terceros países”.
Además, los eurodiputados “hacen hincapié en que la regulación y el control de los grupos de amistad son un requisito previo para su existencia en el Parlamento”; recomiendan “la revisión del Estatuto de los funcionarios para adecuarlo a las normas de la Directiva sobre denunciantes de irregularidades”; piden “que se sigan reforzando las capacidades y la cooperación de la Fiscalía Europea y la OLAF y normas comunes contra la corrupción aplicables a los miembros y al personal de los órganos de la UE”.
Así, el Parlamento Europeo “suspende todo el trabajo sobre expedientes legislativos relacionados con Qatar, en particular en relación con la liberalización de visados y las visitas previstas, hasta que se confirmen o desestimen las sospechas”.