Primero los controladores de trenes, después los médicos de cabecera, más tarde los panaderos y el personal de atención primaria. Antes del anuncio reciente de la impopular reforma de las pensiones, las protestas y la preocupación se han ido extendiendo en diferentes profesiones, en un periodo de incertidumbre marcado por el crecimiento de la inflación –un 5,9% en 2022– y la disminución del poder adquisitivo.
A finales de 2022, la huelga de una parte del personal ferroviario llamó particularmente la atención, ya que no fueron los sindicatos, sino grupos organizados de trabajadores en las redes sociales los que provocaron la cancelación de trenes. Poco después, los médicos de cabecera anunciaban un paro simbólico de una semana. Ya en enero el sector de la panadería, especialmente simbólico por su relación con el día a día de los franceses, daba la voz de alarma ante la fuerte subida del precio del gas y la electricidad, que coincidía con el fin de la congelación de tarifas adoptado por el Gobierno, que amenaza el futuro de muchas pequeñas empresas.
En este contexto, el pasado 10 de enero, la primera ministra Élisabeth Borne presentó el proyecto de reforma de las pensiones, objeto de múltiples especulaciones ya desde antes de la pandemia y uno de los grandes temas de debate en la campaña electoral. El texto incluye un aplazamiento de la edad legal de jubilación; en concreto un aumento gradual que llevará la edad mínima de los 62 años actuales a 63 y tres meses en 2027, para posteriormente retrasarla hasta los 64 en 2030.
Finalmente, el Gobierno ha optado por rebajar ligeramente sus objetivos iniciales que apuntaban a un aumento de la edad mínima hasta los 65 años. El proyecto de ley también incluye la revalorización de las pensiones más bajas hasta el 85% del salario mínimo (es decir, casi 1.200 euros brutos al mes, a corto plazo) y un “índice seniors” que sirva para “objetivizar” el empleo de los trabajos de más edad y “promover buenas prácticas” de contratación y mantenimiento de sexagenarios en el empleo.
Esas modificaciones deben permitir al Ejecutivo francés lograr el apoyo de los diputados del grupo Los Republicanos –derecha gaullista– en la Asamblea Nacional. El jefe de este grupo, Olivier Marleix, había defendido ese retraso progresivo hasta los 63 años en 2027, con una posible “cláusula de revisión” para ampliarlo a los 64 años después. El Gobierno ha optado por presentar la reforma como un proyecto de ley rectificativo de financiación de la Seguridad Social, un formato legislativo que, llegado el caso, le permitiría aprobar la medida de forma unilateral, sin votación, en virtud del artículo 49.3 de la Constitución.
Sin embargo, conseguir la aprobación por la vía parlamentaria –con los votos de la derecha, además de los de la coalición presidencial– supondría un refuerzo ante la opinión pública con una iniciativa impopular que se espera provoque una fuerte movilización social. Ocho de cada diez franceses se oponen al retraso de la edad de jubilación, según una encuesta de Odoxa-Agipi para la revista Challenges publicada a principios de enero.
Respuesta sindical
Élisabeth Borne defendió el martes que el retraso de la edad legal “garantiza el equilibrio del sistema en 2030”. Asimismo, diferentes personalidades de la mayoría presidencial han declarado en los medios de comunicación que la reforma servirá además como fuente de ahorro que permitirá preservar el modelo social francés.
Los argumentos no han convencido a los sindicatos franceses, que han hecho frente común contra el anuncio del Gobierno. Las ocho principales agrupaciones de trabajadores francesas han anunciado una primera jornada de huelga y manifestaciones el próximo 19 de enero, fecha que puede ser “el inicio de una potente movilización sobre las pensiones a largo plazo”, según anunciaron en un comunicado conjunto. “El sistema de reparto de las pensiones no está en peligro. Nada justifica una reforma tan brutal”.
Desde hace meses los sindicatos habían advertido que se opondrán a cualquier aumento de la edad de jubilación, ya sea a 64 o 65 años. “Esta reforma impactará con dureza a todos los trabajadores, especialmente a los que hayan empezado a trabajar antes, a los más precarios –cuya esperanza de vida es inferior a la del resto de la población– y a aquellos cuyos trabajos no son reconocidos como especialmente duros”, han denunciado.
El sector del transporte ha llamado a organizar una “huelga potente” y los sindicatos del sector del petróleo han convocado paros los días 19 y 26 de enero, además del 6 de febrero, incluyendo, “si es necesario, la paralización de las instalaciones de las refinerías”.
Los sindicatos esperan una demostración de fuerza el jueves, mientras que la primera ministra ha pedido “responsabilidad” en su movilización contra la reforma. “Hay derecho a la huelga, hay derecho a manifestarse”, dijo Borne durante un acto oficial este jueves en Disneyland París. “Pero también es importante no penalizar a los franceses”. La jornada del 19 marcará el inicio de un pulso entre Gobierno y sindicatos del que dependerá el futuro del proyecto de ley.
Rechazo de la oposición
Todos los partidos de izquierda se oponen al proyecto de ley y han llamado a la movilización desde el próximo jueves. “La reforma Macron-Borne es una grave regresión social”, reaccionó vía Twitter el líder de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, que anunció también que se sumaría a una movilización anunciada el 21 de enero convocada por organizaciones de jóvenes.
La nueva responsable de Europa Ecología-Los Verdes, Marine Tondelier, declaró en los micrófonos de Radio Francia Internacional (RFI) que la única palanca para “hacer retroceder” al Gobierno en este proyecto es “la calle”
Los diputados de extrema derecha también se han pronunciado en contra. La presidenta de la Agrupación Nacional, Marine Le Pen, anunció su “determinación de bloquear” una reforma “injusta”.
Después de una campaña presidencial marcada por el poder adquisitivo, el presidente francés quiere hacer del “valor trabajo” y “el mérito” dos de los principales ejes del mandato. El pasado 31 de diciembre, en el tradicional mensaje presidencial de fin de año, Emmanuel Macron repitió hasta en 17 ocasiones la palabra “trabajo”, una retórica que empleó durante la campaña y que ahora retoma, con fórmulas que se hacen eco de la expresión “trabajar más para ganar más”, muy utilizada por Nicolas Sarkozy durante su mandato.
Con estos conceptos el presidente busca defender las distintas reformas previstas para este arranque de año (prestaciones de desempleo, pensiones, inmigración, reforma de la formación profesional, etc.). “16 ºC en París el día 31 diciembre. ¡La cosa va a estar caliente en enero!”, escribió Jean-Luc Mélenchon en Twitter en reacción al mensaje presidencial.