El Gobierno argentino denuncia a Enel y advierte de que podría liquidar la concesión a su eléctrica en Buenos Aires

Una ola de calor que marca récords de temperatura en Argentina, a días del comienzo del otoño, derivó en cortes masivos de electricidad en la ciudad de Buenos Aires y los 32 municipios del área metropolitana, que juntos suman 14 millones de habitantes. Hasta 160.000 hogares llegaron a estar sin luz a la vez, según el ente regulador ENRE, y algunas decenas de miles permanecieron en esa situación una semana o más. 

Argentina está terminando el verano más caluroso de su historia y, en particular, marzo registró varios récords diarios. La crisis volvió a poner la mira en Edesur, la distribuidora de electricidad de la zona sur de Buenos Aires y los suburbios, controlada por Endesa desde 1999 y, por ende, por Enel desde 2009, cuando la estatal italiana adquirió el capital mayoritario de la eléctrica española. El servicio de distribución de electricidad en el área de Buenos Aires está dividido entre Edesur, con 2,5 millones de clientes, entre hogares, comercios e industrias, y Edenor, con 3,2 millones. Pero es la primera la que concentra las mayores reclamaciones.

En sus tres décadas de actuación, Edesur carga en su mochila con varias oleadas de protestas producto de apagones prolongados. Cuenta en su haber con el que todavía es el corte de luz masivo más extendido de la historia, el de febrero de 1999, cuando unos 600.000 habitantes de Buenos Aires se quedaron sin electricidad durante 11 días, una crisis que motivó una reestructuración de la dirección y composición accionarial de la firma, que ya tenía a Endesa como accionista.

A la eléctrica de Enel le juega en contra que la cantidad de cortes y su duración son sustancialmente menores en el área de Edenor, pese a que ambas empresas operan bajo el mismo marco regulatorio y cobran similares tarifas.

La deriva de la crisis es compleja y excede la advertencia de sanciones estatales o los fuegos de artificio. Edesur también tiene cartas en la mano. Uno de sus argumentos principales es que, en las últimas dos décadas, sus ingresos permanecieron congelados o con aumentos muy por debajo de la inflación diecisiete años (todos excepto entre 2016 y 2018) y que, no obstante, hay una tendencia a la baja en los cortes de electricidad desde los picos de 2010-2012.

Acusación de fraude y quita de concesión

El Gobierno del peronista Alberto Fernández reactivó un recurso que suele ser enarbolado cada vez que hay una crisis en el suministro: la probable quita de la concesión otorgada en 1992 por 95 años. La secretaría de Energía, que depende del ministro de Economía, Sergio Massa —uno de los probables candidatos a presidente de la coalición peronista este año—, ordenó el miércoles realizar una denuncia penal contra la dirección de Edesur por fraude, abandono de persona y malversación, a la vez que inició procedimientos que podrían terminar en la expulsión de Enel de la gestión del servicio. La denuncia judicial recayó este viernes el juzgado federal de Julián Ercolini, el magistrado que instruyó la causa por la que fue condenada por corrupción Cristina Fernández de Kirchner.

Enel anunció meses atrás que quiere desprenderse de activos en diferentes países de América Latina, pero algunos medios argentinos atribuyeron al CEO de la firma italiana, Francesco Starace, haber dicho en enero pasado que Argentina tiene “la regulación más bizarra del mundo”. El gigante italiano comenzó a vender algunos de sus activos en el país del sur de América, como la antigua generadora térmica Central Costanera, pero encuentra dificultades para hallar comprador de la distribuidora Edesur.

Cuatro ciclos económicos, una misma concesión

Desde la privatización de la electricidad, en 1992, la historia de las tarifas cargadas a los hogares se divide en cuatro períodos. Hasta 2001, cuando rigió la convertibilidad entre el peso y el dólar, los usuarios pagaron tarifas altas y en moneda dura, con alta rentabilidad empresarial, que redundó en interés de inversores y valorización de los activos.

Cuando el peronista conservador Carlos Menem inauguró la era de las privatizaciones, en 1989, las empresas europeas, con las españolas a la cabeza, desembarcaron en todas las áreas sensibles de los servicios públicos. Así, pasaron a manos españolas Aerolíneas Argentinas (primero a Iberia, luego a Marsans), Entel (en un 50%, a Telefónica), Segba (Endesa), Gas del Estado (en parte, Gas Natural BAN), YPF (Repsol) y un largo listado que incluye agua, peajes, casinos, transportes y otros servicios.

El colapso de la convertibilidad y una devastadora crisis social en 2001 y 2002 puso esos contratos en jaque. Algunos concesionarios dejaron sus activos y demandaron a la Argentina ante el tribunal de arbitraje Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), bajo la órbita del Banco Mundial. Otros, como la mayoría de los españoles, optaron por quedarse por razones estratégicas o porque consiguieron rentabilidad en negocios paralelos.

Con el peronista de centroizquierda Néstor Kirchner comenzó un segundo ciclo. Algunas empresas terminarían estatalizadas y otras permanecerían en manos privadas, con sus ingresos en pesos. En el caso de la distribución eléctrica, las tarifas se mantendrían además congeladas o con aumentos bajos hasta 2015, en un país con una inflación anual superior a veinte por ciento desde 2010. Ello afectó el negocio de Edenor y Edesur. A cambio, bajaron el ritmo de inversiones y convivieron con el Gobierno de Kirchner, que administró enormes masas de subsidios para cubrir el déficit.

La otra cara del beneficio hipotético para los hogares que supuso el congelamiento de tarifas fue que el sistema eléctrico encontró su límite mientras la economía crecía varios años consecutivos a tasas superiores al cinco por ciento anual. Además de perder capacidad energética, el Estado fue acumulando un déficit abultado a raíz de los subsidios indiscriminados.  

Se llegó al punto de que hogares de clase media alta y alta de Buenos Aires pagaran las tarifas más bajas de América Latina. Así, un piso de lujo en barrios de Buenos Aires como Recoleta, Palermo, Belgrano, o una mansión en San Isidro o Adrogué, podrían abonar tarifas mensuales de luz y gas de diez o quince euros.

Al asumir la presidencia, Mauricio Macri dio paso al tercer ciclo. El mandatario conservador creyó ver en las tarifas irrisorias un amplio campo para retornar a la senda de Menem. Fue así que habilitó incrementos de 3.000 por ciento en pocos meses. La recesión disparada durante los años de Macri en la Casa Rosada fueron una mala combinación para recibir semejantes aumentos, tanto que algunos analistas atribuyen su derrota electoral de 2019 al agobio que produjo el pago de los servicios públicos en las familias de clase media baja y baja.

Según Edesur, el aumento sustancial de su facturación entre 2015 y 2019 se tradujo en una reducción de 50% en la duración de los cortes de suministro por cliente, aunque no varió mucho su frecuencia. Lo que no cambió es que, cada vez que hay una crisis de calor por el cambio climático, Edesur suele tener el cuádruple de usuarios sin luz que Edenor, que pertenece, desde 2021, a los empresarios argentinos José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti.

Con el peronista de centroizquierda Alberto Fernández y la pandemia, comenzó un cuarto escenario económico para Edesur en las tres décadas de explotación del servicio. Fernández volvió a congelar las tarifas, pero a partir de su segundo año en el cargo, 2021, intentó establecer un aumento al compás de la inflación para los hogares de mayores ingresos. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ordenó a sus funcionarios en la Secretaría de Energía que bloquearan el proceso todo lo posible. Recién a mediados de 2022 comenzó la denominada “segmentación” de tarifas según la capacidad adquisitiva de los hogares. En el medio, la situación financiera de la filial de Enel se deterioró, la calidad del servicio siguió siendo mala y el Estado acumuló más déficit.

En una presentación de octubre pasado ante la autoridad regulatoria, Edesur argumentó que, desde 2020, sus ingresos regulados por la Secretaría de Energía habían aumentado 31,5% en pesos argentinos, mientras que el resto de las variables que inciden en sus costes, como el tipo de cambio con el dólar, el índice de salarios, los precios generales y mayoristas, lo hicieron entre el 343 y el 302%. La otra cara es que la remuneración de la generación eléctrica está en parte garantizada por contratos en dólares, lo que bifurca los intereses entre generadores y distribuidores.

El camino del fin unilateral de la concesión es largo e incierto. Enel tiene la carta del Ciadi, que podría ser beneficiosa ante la realidad de que no le resultara fácil vender Edesur a buen precio. Además, si gana la oposición de derecha Juntos por el Cambio en las presidenciales de octubre, la eventual caducidad del contrato sería seguramente dejada sin efecto, y las tarifas podrían volver a aumentar.

Si va al Ciadi, Enel tiene las de ganar. De las cerca de 60 demandas que recibió Argentina en el organismo desde la crisis de 2001, casi todas terminaron a favor de las empresas. Hasta Marsans, que abandonó Aerolíneas Argentinas en 2008 en medio de denuncias de fraude tanto en España como en Argentina, consiguió un laudo a su favor por trescientos millones de euros en 2017.